Deuda externa: US$ 147.320 millones a fines de marzo, según se informó al FMI
La misión revisora del Fondo Monetario fue la primera en saber, el lunes, que la deuda externa total subió US$ 364 millones en el primer trimestre. La secretaría de Política económica confirmó luego que sumaba US$ 147.319 millones.
El comunicado oficial explica que, en realidad, el pasivo público no financiero aumentó $ 1.568 millones (unos US$ 523 millones), Pero el del sector privado descendió $ 1.312 millones (unos US$ 437 millones). La cuenta corriente de la balanza de pagos cerró el primer trimestre con US$ 374 millones, monto muy por debajo de un año antes (US$ 2.070 millones). La diferencia refleja crecimiento económico, pues se debe a importaciones.
Este juego de cifras denota que, cuando se dan originalmente en pesos, se convierten a tres por dólar, algo que no parece del todo serio (en enero-marzo, la cotización media rozó 2,90). En realidad, todas las estadísticas de endeudamiento externo debieran formularse en dólares. Las reservas del Banco Central ascendía a fin de marzo a US$ 15.000 millones pero, a mediados de junio, alcanzaban ya casi 17.460 millones.
Mientras tanto, concluían la tareas de tercera revisión trimestral las metas convenidas con el FMI en septiembre. Los técnicos de la entidad conversaron el martes con Roberto Lavagna y planean partir el jueves. Informalmente, dieron a entender que –a su criterio- habrá acuerdos finales con la mayoría de acreedores privados en plazo relativamente breve.
Esto quizá dificulte las tareas de la banca de inversión Bear Stearns, contratada por un grupo de bonistas para manejar las presiones hasta ahora en manos de Nicola Stock y Hans Humes. Tras tantear a tres firmas de Wall Street, el “global committee of Argentine bondholders” (GCAB) reclutó a BS. Esta banca, reducto del ofertismo, defendía a capa y espada la convertibilidad y la gestión de Domingo F.Cavallo. Vale decir, dos de los principales factores que llevaron al cese unilateral de pagos el empezar 2002.
Fuentes neoyorquinas indican que el propio Cavallo fue consultado antes de entrar en contacto con BS. En cuanto a Stock y Humes, su credibilidad como cabilderos fue perjudicada por la curiosa misiva, dirigida la semana pasada al ministerio de Economía. En ella y a nombre del GCAB, exigía la restitución de gastos por su propio “fracaso en la negociación” (sic).
“Es otra maniobra dilatoria de la propuesta”, opinó Roberto Lavagna, aludiendo a la presentada ante la Comisión Federal de Valores (SEC, Securities & Exchange Commission). “Esto tendrían que haberlo hecho hace año y medio, no ahora”.
Sin duda, contratar a BS es una reacción directa a la presentación ante la SEC, entidad mucho menos sensible a “lobbies” y, luego de la serie de escándalos contables iniciada con Enron –un mes antes del “default” argentino-, bastante escéptica sobre las bondades de firmas bursátiles y bancas de inversión. No puede descartarse que la SEC indague, ahora, si hay nexos entre las carteras de BS y el GCAB.
Días antes del anuncio formal –hecho el lunes-, el GCAB había acusado de “mala fe” a Buenos Aires. En ese momento, fueron vanos los esfuerzos de Anne Krueger –que no tocar el tema públicamente, por orden superior- y su virtual vocero personal, Thomas Dawson, para embarrar la pista. Al mismo tiempo, perdía convicción la campaña de medios local.
Por supuesto, funcionarios de BS inmediatamente adoptaron la “línea dura”. El problema es que ese tipo de firmas no suele moverse cómoda en contextos muy politizados, pese a la actitud “ganadora” de algunos ejecutivos.
El comunicado oficial explica que, en realidad, el pasivo público no financiero aumentó $ 1.568 millones (unos US$ 523 millones), Pero el del sector privado descendió $ 1.312 millones (unos US$ 437 millones). La cuenta corriente de la balanza de pagos cerró el primer trimestre con US$ 374 millones, monto muy por debajo de un año antes (US$ 2.070 millones). La diferencia refleja crecimiento económico, pues se debe a importaciones.
Este juego de cifras denota que, cuando se dan originalmente en pesos, se convierten a tres por dólar, algo que no parece del todo serio (en enero-marzo, la cotización media rozó 2,90). En realidad, todas las estadísticas de endeudamiento externo debieran formularse en dólares. Las reservas del Banco Central ascendía a fin de marzo a US$ 15.000 millones pero, a mediados de junio, alcanzaban ya casi 17.460 millones.
Mientras tanto, concluían la tareas de tercera revisión trimestral las metas convenidas con el FMI en septiembre. Los técnicos de la entidad conversaron el martes con Roberto Lavagna y planean partir el jueves. Informalmente, dieron a entender que –a su criterio- habrá acuerdos finales con la mayoría de acreedores privados en plazo relativamente breve.
Esto quizá dificulte las tareas de la banca de inversión Bear Stearns, contratada por un grupo de bonistas para manejar las presiones hasta ahora en manos de Nicola Stock y Hans Humes. Tras tantear a tres firmas de Wall Street, el “global committee of Argentine bondholders” (GCAB) reclutó a BS. Esta banca, reducto del ofertismo, defendía a capa y espada la convertibilidad y la gestión de Domingo F.Cavallo. Vale decir, dos de los principales factores que llevaron al cese unilateral de pagos el empezar 2002.
Fuentes neoyorquinas indican que el propio Cavallo fue consultado antes de entrar en contacto con BS. En cuanto a Stock y Humes, su credibilidad como cabilderos fue perjudicada por la curiosa misiva, dirigida la semana pasada al ministerio de Economía. En ella y a nombre del GCAB, exigía la restitución de gastos por su propio “fracaso en la negociación” (sic).
“Es otra maniobra dilatoria de la propuesta”, opinó Roberto Lavagna, aludiendo a la presentada ante la Comisión Federal de Valores (SEC, Securities & Exchange Commission). “Esto tendrían que haberlo hecho hace año y medio, no ahora”.
Sin duda, contratar a BS es una reacción directa a la presentación ante la SEC, entidad mucho menos sensible a “lobbies” y, luego de la serie de escándalos contables iniciada con Enron –un mes antes del “default” argentino-, bastante escéptica sobre las bondades de firmas bursátiles y bancas de inversión. No puede descartarse que la SEC indague, ahora, si hay nexos entre las carteras de BS y el GCAB.
Días antes del anuncio formal –hecho el lunes-, el GCAB había acusado de “mala fe” a Buenos Aires. En ese momento, fueron vanos los esfuerzos de Anne Krueger –que no tocar el tema públicamente, por orden superior- y su virtual vocero personal, Thomas Dawson, para embarrar la pista. Al mismo tiempo, perdía convicción la campaña de medios local.
Por supuesto, funcionarios de BS inmediatamente adoptaron la “línea dura”. El problema es que ese tipo de firmas no suele moverse cómoda en contextos muy politizados, pese a la actitud “ganadora” de algunos ejecutivos.
