Derechos civiles para las calificadoras de riesgo
Floyd Abrams era el mayor experto en la primera enmienda constitucional, o sea el derecho de expresión. Ahora sale a defender a una firma ligada a la crisis de malas hipotecas y su secuela, los activos tóxicos: la calificadora Standard & Poors.
<p>Así, este letrado de 73 años trabajará para la mayor firma mundial de su tipo. La misma que, junto con <em>Moody’s Investors Service </em>y <em>Fitch Ratings</em>, otorgaba altos puntajes a miles de millones en endeudamiento inmobiliario que acabó en el colapso de malas hipotecas.</p>
<p>El trío lleva un año explicando esas calificaciones y otros misterios que terminaron con firmas como Bear Stearns o Lehman Brothers y obligaron a rescates como el de American International Group (US$ 170.000 millones).</p>
<p>Docenas de particulares han radicado demandas contra las tres agencias, reclamando por su responsabilidad en arruinar inversores. En otras palabras, la crisis financiera norteamericana sed judicializa. El viejo Abrams y sus socios (el estudio Cahill, Gordon & Reindel) asumen la defensa en más de treinta demandas contra Standard & Poor’s.</p>
<p>El imaginativo abogado se basará en un argumento tirado de los pelos: las calificaciones de S&P gozan de los derechos civiles incluidos en la primera enmienda constitucional. ¿Por qué? Porque sus opiniones sobre bonos y su grado son de buena fe y equivalen a las de medios o periodistas en sus respectivos temas. No es culpa de las agencias no haber previsto el descalabro hipotecario y financiero… aunque varios observadores sí lo hubieran hecho.</p>
<p>En cuanto a los expertos legales, su actitud ante las originalidades de Abrams es ambivalente. Algunos admiten que pueden ser plausibles, pero la mayoría lo toma a risa. Especialmente, porque las acciones de S&P desbordas los derechos civiles y rozan lo pena, o sea al fraude liso y llano.</p>
<p>Abrams no innova, aunque lo suponga. Si le va bien, su iniciativa podría poner las calificadoras justo donde estaban las tabacaleras a mediados de los años 90: impopulares pero virtualmente intocables para los jueces. Pero, ya en esta década, su suerte cambió substancialmente, pues la gente concluyó que esas empresas engañaban sobre sus productos. S&P y sus colegas corren un albur parecido.</p>
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