Brasil: el gobierno tiene problemas con el Congreso
El presidente Luiz Inácio da Silva (Lula) debió resignarse a que el Congreso le modificara un proyecto clave. Por tanto, se diluyen los alcances financieros de la reforma jubilatoria que será finalmente tratada en el piso.
João Paulo Cunho, presidente de la cámara baja, admitió el
primer revés legislativo importante del oficialismo. En otra fase de la
compleja reforma al sistema jubilatorio brasileño -más enmarañada
que en Italia, donde también la pelea es dura-, el Poder Ejecutivo debió
aceptar un texto bastante menos audaz que el propio. “La reforma será
mínima, poco útil, y no sé si debiera hacerse”, opinaba
Roberto Brani, diputado opositor y jefe de la comisión “ad hoc”.
En síntesis, se mantienen la jubilación plena y la paridad salarial
de futuros pasivos en el sector público. “Como en Francia, Alemania
o Italia, los jóvenes pagarán alto por los viejos y, cuando les
toque, cobrarán menos”, llegó a oírse durante las difíciles
negociaciones de la semana pasada. La primera norma -general- le permite al jubilado
seguir percibiendo el mismo salario que tenía como activo y la segunda,
un privilegio de los estatales, traslada todo aumento salarial ulterior a jubilaciones
y pensiones.
Una peculiar coalición pudo más que Lula: jueces, fiscales, empleados
públicos y sindicatos, en combinación con partidos opositores. Lo
curioso es que el laborismo, mayoría oficialista en Diputados, haya llegado
dividido, porque el sector gremial está contra las reformas originales.
La licuación del proyecto impedirá profundizar recortes en el gasto
público y prolongará “sine die” el drenaje financiero
del sistema jubilatorio federal, pues los aportes no alcanzar a cubrir los pagos.
Este factor hace sospechar que -en corto plazo- el Fondo Monetario Internacional
presione para un aumento de los descuentos jubilatorios. La entidad tiene un móvil
propio: evitar que siga elevándose la deuda pública brasileña.
João Paulo Cunho, presidente de la cámara baja, admitió el
primer revés legislativo importante del oficialismo. En otra fase de la
compleja reforma al sistema jubilatorio brasileño -más enmarañada
que en Italia, donde también la pelea es dura-, el Poder Ejecutivo debió
aceptar un texto bastante menos audaz que el propio. “La reforma será
mínima, poco útil, y no sé si debiera hacerse”, opinaba
Roberto Brani, diputado opositor y jefe de la comisión “ad hoc”.
En síntesis, se mantienen la jubilación plena y la paridad salarial
de futuros pasivos en el sector público. “Como en Francia, Alemania
o Italia, los jóvenes pagarán alto por los viejos y, cuando les
toque, cobrarán menos”, llegó a oírse durante las difíciles
negociaciones de la semana pasada. La primera norma -general- le permite al jubilado
seguir percibiendo el mismo salario que tenía como activo y la segunda,
un privilegio de los estatales, traslada todo aumento salarial ulterior a jubilaciones
y pensiones.
Una peculiar coalición pudo más que Lula: jueces, fiscales, empleados
públicos y sindicatos, en combinación con partidos opositores. Lo
curioso es que el laborismo, mayoría oficialista en Diputados, haya llegado
dividido, porque el sector gremial está contra las reformas originales.
La licuación del proyecto impedirá profundizar recortes en el gasto
público y prolongará “sine die” el drenaje financiero
del sistema jubilatorio federal, pues los aportes no alcanzar a cubrir los pagos.
Este factor hace sospechar que -en corto plazo- el Fondo Monetario Internacional
presione para un aumento de los descuentos jubilatorios. La entidad tiene un móvil
propio: evitar que siga elevándose la deuda pública brasileña.
