Los resultados oficiales de todos los cantones suizos indican que la iniciativa, bautizada como “Contra la migración en masa”, fue aprobada con 50,4% de votos, informaron medios locales, citados por la agencia EFE.
Propuesta por el partido de extrema derecha, la Unión Democrática de Centro, la iniciativa también restablece el principio de la preferencia al trabajador nacional frente al extranjero, una normativa que hasta ahora no regía para los trabajadores de los países de la UE.
Berna tendrá tres años para implementar la iniciativa, que por sí misma no establece cuáles serán las cuotas anuales. El mandato del referendo sólo indica que las cuotas deben determinarse según los “intereses de la economía suiza”.
La votación obligará al gobierno suizo a renegociar el acuerdo bilateral que el país tiene desde 2002 con la UE para garantizar la libre circulación de personas.
El acuerdo de 2002 también había sido aprobado en referendo, sin embargo, el avance de la crisis económica dentro de muchos países europeos abonó los reclamos de la extrema derecha de aislar al país de las masas de europeos sin trabajo que emigran hacia países menos golpeados.
Cerca de 1,8 de los ocho millones de habitantes de Suiza son extranjeros, lo que da un altísimo porcentaje del 23,3%, muy por encima del 9% de Alemania, el 8% de Italia o el 6% de Francia, informó la agencia DPA.
El grupo más importante de inmigrantes en el país son los italianos, seguidos de los alemanes con unos 300.000.
Pese a que Alemania es el motor de la economía europea, sólo en 2012, casi 21.000 alemanes probaron suerte en Suiza, el segundo país entre sus preferencias para emigrar, detrás de Estados Unidos.
Muchos de los alemanes que emigran a Suiza son médicos, investigadores, empresarios o directivos, que cambian de país de residencia atraídos por los altos salarios suizos. La incógnita tras el referendo es cómo reaccionará Bruselas.
Un cambio en el acuerdo migratorio podría implicar también cambios en las relaciones económicas, comerciales y políticas entre el pequeño país y la UE.
La libre circulación de personas forma parte de un paquete de acuerdos bilaterales que están vinculados jurídicamente, por lo que si uno cae, el conjunto caduca, en virtud de la denominada “cláusula guillotina”.
Sin embargo, no está claro si la UE ejecutará dicha cláusula. El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, había advertido en diciembre pasado que el bloque no aceptará una abolición del marco legal que garantiza la libertad de movimiento.
En aquella ocasión, el presidente del Ejecutivo comunitario recordó a los dirigentes suizos que la UE concede a ese país un acceso privilegiado a un mercado interno de 500 millones de consumidores.
