El Ministerio de Salud anunció la distribución gratuita de un anticonceptivo hormonal de nueva generación. Promover la prevención del embarazo adolescente resulta pertinente ya que es un decisivo factor de abandono escolar de las mujeres jóvenes y, con ello, de retraso social y reproducción intergeneracional de la pobreza.
El Gobierno presentó una iniciativa tendiente a promover la utilización de una nueva tecnología anticonceptiva para adolescentes. Se trata de un implante subdérmico en el brazo de la mujer que cuenta con un 99 % de efectividad durante 3 años.
En una primera etapa se aplicará a adolescentes menores de 20 años de edad que ya hayan experimentado un embarazo o tenido un hijo.
Para el futuro se proyecta ampliar la cobertura al resto de las mujeres en edad fértil.
La mayor parte del programa se ejecutará en algunos partidos del Gran Buenos Aires, Misiones, Formosa, Santiago del Estero, Tucumán y Jujuy, señala el Instituto de Desarrollo Económico y Social Argentino (Idesa) en el informe número 557.
La intervención resulta pertinente, ya que el embarazo adolescente es un factor que condiciona las posibilidades de progreso de la madre y también la de los propios hijos.
Considerando su alta trascendencia social, amerita analizar la decisión de las autoridades sanitarias de beneficiar con esta intervención sólo a ciertas regiones.
En relación a este punto, información oficial de una encuesta realizada por el Ministerio de Desarrollo Social, con apoyo de UNICEF, señala que la incidencia del embarazo adolescente entre mujeres entre 15 y 19 años de edad se distribuye de la siguiente manera:
- En el NOA, NEA y GBA (que se aproxima a las áreas priorizadas por el programa), el 13,6% de las adolescentes está embarazada o ya tiene uno o más hijos.
- En el interior de Buenos Aires y sur de la Patagonia (Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego), el 13,7% de las adolescentes está en esta condición.
- En las regiones Pampeana, Cuyo y norte de la Patagonia (La Pampa, Neuquén y Río Negro), el 10,7% de las adolescentes está embarazada o tiene uno o más hijos.
Estos datos señalan que el embarazo adolescente tiene una alta incidencia en todo el país.
En el interior de la provincia de Buenos Aires y en las provincias del sur de la Patagonia, las tasas de embarazo adolescente son similares a las de las jurisdicciones privilegiadas por el Ministerio de Salud.
En el centro del país, la incidencia es algo menor, pero con tasas de dos dígitos. Sólo en la Ciudad de Buenos Aires se detectó una tasa de un dígito (8,3%), que de todas formas es alta y no tan diferente al promedio.
Otra fuente oficial, la encuesta de hogares del INDEC, muestra quela maternidad juvenil es un fenómeno fuertemente concentrado en los hogares de bajo nivel socioeconómico.
Entre las mujeres que se declaran jefas de hogar o cónyuges entre 15 y 24 años de edad que ya tienen uno o más hijos, el 80% pertenece hogares ubicados en los dos quintiles más bajos de la distribución del ingreso. Por lo tanto, en la ejecución del programa habría que priorizar el nivel socioeconómico y no las diferencias geográficas.
El embarazo adolescente, especialmente cuando se da en un entorno familiar de privaciones, es un serio obstáculo al progreso educativo de la mujer.
Según la encuesta citada del Ministerio de Desarrollo Social, de las jóvenes entre 15 y 17 años que abandonaron la escuela, la mitad está embarazada o ya tiene uno o más hijos.
La deserción escolar condiciona de manera decisiva el futuro laboral de la madre con incidencias muy negativas en las oportunidades de formación de los hijos.
La idea de innovar con una tecnología anticonceptiva es bien intencionada. Sin embargo, debería instrumentarse de manera descentralizada permitiendo aplicar una estrategia más integral y consistente.
A modo de ejemplo, es crucial la articulación con acciones de prevención de enfermedades de transmisión sexual, en particular el uso de preservativos, ya que el dispositivo no previene estos riesgos y en la adolescencia son más frecuentes las prácticas sexuales no estables. Más importante aún es la articulación con el sistema educativo y de salud pública provinciales para fomentar conductas sexuales responsables.
Con esquemas de ejecución centralizadas fatalmente se cae en la arbitrariedad de beneficiar a “provincias amigas” y en la ejecución desarticulada con otras acciones de política pública.
Por el contrario, respetando el régimen federal aumentarían las posibilidades de mejorar el diseño y la calidad de la gestión de las políticas sociales.
