Junto con distribución eléctrica y transporte urbano, el de agua y saneamiento es otro servicio público del AMBA que la Nación debe dejar de administrar. Hay que transferir AySA a CABA y la provincia de Buenos Aires para que sean ellas las que administren el servicio y definan las tarifas.
Los gobiernos locales son responsables de la provisión de los servicios públicos de distribución de energía eléctrica, transporte urbano y la provisión de agua y saneamiento. Esto implica hacerse cargo de regular tarifas y financiar los servicios cuando las tarifas no llegan a cubrir los costos de producción, explica el informe de la consultora IDESA.
La excepción es el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) donde la Nación asume estos roles a diferencia de lo que ocurre en las provincias del interior.
En el caso del agua y saneamiento, el servicio en el AMBA es regulado por un ente tripartito integrado por el Estado nacional, CABA y provincia de Buenos Aires denominado Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS).
La provisión de los servicios está a cargo de la empresa AySA que produce los servicios de agua y saneamiento exclusivamente para los habitantes del AMBA. Desde su estatización en el 2006, AYSA es propiedad del Estado nacional en un 90% y el otro 10% es de los trabajadores.
Lamentablemente se cuenta con información pública parcial sobre los montos a los que ascienden los subsidios nacionales a AySA. Sin embargo, el Informe Anual de la empresa referido al 2020 permite observar lo siguiente:
- Los ingresos por ventas de servicios, es decir, lo que la empresa les cobra a los habitantes del AMBA, fueron unos $29 mil millones.
- Las transferencias del Estado Nacional, es decir, lo que la empresa recibió del conjunto de los argentinos, fueron $55 mil millones.
- Es decir que la Nación aportó aproximadamente el 65% de los ingresos de AySA.
Estos datos muestran la enorme inequidad de que la Nación se haga cargo de los servicios públicos del AMBA. Los habitantes del AMBA pagan menos de 1 de cada 3 pesos de los recursos que administra la empresa AySA. Los otros 2 pesos los paga el Estado nacional con los impuestos que pagan todos los argentinos.
La transferencia de los servicios públicos que el Estado nacional gestiona en el AMBA es un tema que merece un tratamiento urgente, integral y profesional. Urgente porque es una fuente de desorganización del sector público y de generación de déficit fiscal que provoca flagrantes inequidades en favor de los habitantes del AMBA, en desmedro de los habitantes del interior.
Tiene que ser integral porque implica varios servicios públicos como distribución de energía, transporte urbano, agua y saneamiento y también la justicia en la parte que en el interior administran las provincias. Tiene que ser asumida con profesionalidad para evitar las costosas y desgastantes desprolijidades que se vienen cometiendo desde hace tiempo.
En el caso de la distribución de electricidad, el gobierno anterior estableció que a partir del 1° de enero del 2019 las distribuidoras eléctricas Edenor y Edesur pasen a estar sujetas a la jurisdicción de la CABA y de la provincia de Buenos Aires. El actual gobierno, sin fundamentos, apenas asumido suspendió el proceso.
Ante la crítica situación financiera recientemente anunció un inconsistente esquema donde pretende cobrarle tarifa plena solo a algunos vecinos de CABA. Con el transporte urbano sucede la misma improvisación. Se impulsa la transferencia de las líneas de colectivo que sólo transitan por la CABA, quedando bajo responsabilidad nacional las líneas que cruzan CABA y el conurbano. Esta manera torpe, improvisada y parcial de transferencia agrava el deterioro en la calidad de los servicios y preserva los regresivos subsidios económicos en favor del AMBA.
En el caso de agua y saneamiento del AMBA los pasos a seguir son simples. Por un lado, el Estado nacional debe retirarse del ente tripartito (ERAS) que pasaría a ser un ente regulador a cargo de CABA y provincia de Buenos Aires. Por el otro, el Estado nacional debe transferir la propiedad del 90% del paquete accionario de AySA a CABA y provincia de Buenos Aires. Ambas jurisdicciones deben hacerse cargo de la dirección de la empresa y definir el régimen tarifario. Si optan por fijar tarifas por debajo de los costos, los subsidios para cubrir la diferencia deben financiarlos con sus propios recursos.
