Por Carlos Javier Durá Alemañ y Fernando Valladares (*)
Parte del fracaso se debe a los rifirrafes políticos que bloquean la salida y puesta en práctica de leyes ambientales ante el temor de que amenacen la economía, como ocurrió con la Ley de renaturalización, que a punto estuvo de rechazarse en el verano de 2023 y que finalmente se aprobó por un estrecho margen y con profundos recortes en materia de conservación y restauración.
El caso del Mar Menor, Doñana y las Tablas de Daimiel
Abundan los casos de conflictos entre el uso del agua para turismo y agricultura, y la preservación de los humedales.
Lo hemos visto con especial crudeza en el campo de Cartagena y el Mar Menor, en Doñana y en el Parque nacional de las Tablas de Daimiel.
En la misma línea, destacan los conflictos entre ganadería y conservación del lobo, o las electrocuciones de aves y las compañías eléctricas.
Incluso, con frecuencia, contemplamos atónitos el incumplimiento de las resoluciones judiciales cuando afectan a grandes intereses particulares, casi siempre de naturaleza económica.
Valdecañas y el Agarrobico
Es paradigmático el caso de la urbanización de lujo construida sobre una isla artificial en plena zona red natura en Valdecañas, Cáceres, o el del archiconocido hotel del Algarrobico (Almería), construido en primera línea de mar, en plena zona protegida, y que lleva 20 años escapando a una inminente demolición que nunca cristaliza.
Una situación de creciente tensión y de incumplimiento repetido y grave de la normativa ambiental y de sus principios más generales es la de los grandes proyectos de energías renovables, que se abordan en los últimos años de forma masiva, poco planificada y con carácter de urgencia.
En los casos más flagrantes, la UE acaba imponiendo sanciones al Estado, con lo cual el empobrecimiento es doble: en primera instancia por la degradación ambiental, y en segunda por la sanción.
Lo hemos visto en el caso del desdoblamiento de la carretera M-501 en Madrid, considerado ilegal por el Tribunal Supremo, que siguió adelante pese a todo tipo de informes desfavorables y denuncias.
Muy posiblemente será también el caso del Parque Nacional de Doñana, que está incumpliendo los compromisos para mantenerse como Patrimonio de la Humanidad y ya ha sido apercibido por la UNESCO al respecto del regadío insostenible.
España acumula 270 infracciones ambientales
España lleva años encabezando los países europeos con un mayor número de infracciones medioambientales. De hecho, en la actualidad, España es líder en esta bochornosa categoría.
Hasta el momento ha acumulado más de 270 infracciones ambientales, destacando entre otras las condenas por contaminación atmosférica, vertidos ilegales, vertidos de aguas residuales, irregularidades en la conservación de la biodiversidad, y falta en la trasposición de normativas europeas al ordenamiento jurídico interno, como sucede con el caso del ruido.
Muy preocupante fue la denuncia formulada por la Comisión Europea a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en 2021, por la mala aplicación de la Directiva sobre nitratos.
Particularmente alarmante ha sido también el emplazamiento reiterado por la Comisión Europea a España para cumplir las obligaciones sobre la protección de la naturaleza en áreas integradas en la Red Natura 2000.
Incumplimiento de los principios ambientales generales
Para reforzar la normativa ambiental internacional, se establecieron principios ambientales que recogen las orientaciones fundamentales que debe tener toda sociedad democrática y constitucional.
Algunos ejemplos son el principio de “quien contamina paga”, el de “precaución”, el de “no pérdida neta de biodiversidad”, y el de “no regresión de la normativa ambiental”, entre otros.
Sin embargo, en esos momentos, paradójicamente, las amenazas a la legislación ambiental vienen de la propia UE. Las recientes políticas climáticas y energéticas de la UE están vulnerando de manera injustificada algunos de estos principios generales, concretamente el de no regresión de la normativa ambiental.
En otras ocasiones, estos principios son insuficientemente aplicados, como el principio de precaución, a pesar de su enorme potencial. Y algo similar sucede con la Directiva de Responsabilidad Medioambiental.
Son solo algunos ejemplos de fracasos a la hora de alcanzar los objetivos más esenciales de las agendas ambientales.
Desigualdad rampante: una consecuencia dramática
Saltarnos la ley, en especial en materia ambiental, nos lleva a una sociedad cada vez más desigual, pobre y enferma.
Es algo triste y muy general que, en los estudios de ciencias empresariales de todo el mundo, se profesionaliza el incumplimiento de la normativa ambiental que pueda reducir los beneficios del sector privado. Esto lo explica muy bien Joseph Eugene Stiglitz, economista y profesor estadounidense laureado con el Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel (el llamado “Nobel de Economía”).
Stiglitz escribe en su libro El precio de la desigualdad que “algunas de las innovaciones más importantes en el mundo de los negocios durante las tres últimas décadas se han centrado no en hacer que la economía sea eficiente, sino en cómo asegurarse mejor un poder monopolista o en cómo sortear la normativa del Gobierno destinada a alinear la rentabilidad social y las recompensas privadas”.
Todo vale con tal de hacer caja y no se duda en formar auténticos especialistas en evitar la normativa para lograrlo. Incluyendo, muy especialmente, la normativa ambiental.
¿Cómo incrementar el cumplimiento de la normativa ambiental?
Demasiado a menudo es la propia Administración la que incumple la normativa ambiental, olvidando el artículo 103.1 de la Constitución que reza:
“La Administración pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho”.
Para hacer realidad el cumplimiento de la normativa ambiental y evitar la rápida degradación ambiental lo que falta es formación, coordinación, recursos económicos, y vocación, ética y moral.
Estas carencias afectan tanto a la ciudadanía y al sector privado como a la Administración pública.
La necesaria coordinación
En un reciente informe realizado por varios centros de investigación en España sobre la eficacia en la persecución de determinados delitos ambientales se ha constatado que es necesario dotar de una mayor coordinación a los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. En concreto, coordinación entre agentes medioambientales y del servicio de protección de la naturaleza de la Guardia Civil con la Fiscalía de Medio Ambiente.
La incertidumbre laboral de muchos de estos agentes, unida a la presión ejercida por sus superiores, así como por las empresas afectadas, tampoco ayuda a una correcta aplicación de la normativa ambiental.
También es necesario mejorar la formación y especialización de sus integrantes, y de los propios jueces y fiscales encargados de aplicar la normativa ambiental.
Otra conclusión de este informe apuntó a la importancia de las entidades del tercer sector, las ONGs, gracias a las cuales se han conseguido las más importantes sentencias ambientales en España.
Por el contrario, las administraciones públicas apenas se han personado en procedimientos judiciales contra delitos ambientales.
La difusión de una nueva cultura
Algunos autores pioneros en el Derecho Ambiental en España establecieron cuestiones clave para propiciar un verdadero cambio en la implementación del derecho ambiental.
Por un lado, como indica Martín Mateo en La Revolución ambiental pendiente, “es necesario una nueva cultura, similar a la que alumbró el gran movimiento de los Derechos Humanos, creada por los líderes intelectuales de la Humanidad, que se difunda por los medios de comunicación ordinarios, de donde saldrán adecuadamente formados los futuros votantes de las normas ambientales precisas, que tendrán presente las generaciones venideras”.
Motivos para la esperanza
Multitud de iniciativas nos sirven para mostrar el trabajo que realizan las entidades del tercer sector, contando con la colaboración, en muchas ocasiones, de representantes de la comunidad científica.
Es evidente la necesidad de promover su desarrollo, como recogen Perez Díaz V. y J.P. López Novo en El Tercer Sector Social en España), especialmente en aquellas cuestiones de tipo ambiental.
Un pacto global por el medio ambiente
Las dificultades existentes a la hora de aplicar la normativa ambiental, sumadas a prácticas cronificadas y hasta normalizadas de incumplimiento, nos hacen cada día más vulnerables a un cambio climático acelerado y peligroso.
La aplicación efectiva del Derecho ambiental es un gran reto tanto a nivel internacional como nacional, por lo que se propone crear un pacto global por el medio ambiente que aborde los desafíos en la implementación de acuerdos ambientales multilaterales y que reúna a los diferentes actores del sector público y privado.
Esto nos llevaría a una visión común para la acción ambiental global y nos pondría en mucho mejor situación para mitigar el cambio climático y para adaptarnos a los impactos que ya está teniendo lugar.
(*) Carlos Javier Durá Alemañ es Investigador en Derecho Ambiental, Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA – CIEMAT); y Fernando Valladares es Profesor de Investigación en el Departamento de Biogeografía y Cambio Global, Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC).
