Muchos alemanes creen que Facebook aleja a la gente en lugar de acercarla, como afirma el fundador de la red social. Las aleja, dicen, porque facilita la difusión del lenguaje del odio, la desinformación y las noticias falsas.
A pesar de que Angela Merkel ganó las últimas elecciones generales, a pesar de las evaluaciones de expertos según las cuales las noticias falsas no tuvieron un impacto significativo en sus resultados y a pesar de que Mark Zuckerberg dijo que su compañía trabajó con las autoridades federales para salvaguardar la integridad de la votación, parece que Facebook sí tuvo responsabilidad en que el partido nacionalista de la extrema derecha tuviera su mejor resultado desde el Tercer Reich.
El 1 de octubre Alemania sacó una nueva ley que ya se conoce comúnmente como “la ley Facebook”. Obliga a Facebook y a otras compañías de redes sociales a cumplir con la ley federal que gobierna la libertad de expresión. La nueva ley permite al gobierno aplicar a las plataformas de redes sociales que tengan más de 2 millones de usuarios en Alemania, multas de hasta 50 millones de euros por dejar durante más de 24 horas noticias “manifiestamente ilegales”. Define contenido ilegal como todo aquello que viole el código criminal alemán, que prohibe incitar al odio, al crimen y la difusión de símbolos pertenecientes a grupos no constitucionales. Pero la decisión sobre qué constituye material “manifiestamente” ilegal queda librada al criterio humano o algorítmico. La ley prevé un período de transición que dura hasta el 1 de enero de 2018 para que las compañías vean cómo hacen para ajustarse a la ley.
Obviamente Facebook ya ha dicho que la ley viola otra de la Unión Europea y que limita la libertad de expresión. Pero a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, la “libertad de expresión” no es el derecho civil más importante en Alemania. La constitución alemana de postguerra dice que “la dignidad humana será inviolable”. Eso quiere decir que no está permitido decir falsedades sobre una persona porque dañan su dignidad. Quien diga en público mentiras sobre alguien se expone a que se lo demande legalmente.
