Ante la preocupación de que los entes reguladores intervinieran si la industria de juegos no comenzara a regularse, la American Gaming Association redactó normas sobre marketing y publicidad. En enero último, Harrah’s Entertainment, un participante importante de la industria estadounidense, empezó a regirse según esas nuevas normas y desechó la publicidad dirigida a menores y jugadores compulsivos.
Pero fue más allá. Decidió que el logotipo de la empresa no apareciera en juguetes ni ropa para niños y eliminó el marketing que sugería que el juego es un rito pasajero o que el juego irresponsable es divertido.
Otras empresas siguieron su ejemplo: algunas, presionadas de los entes gubernamentales u organismos de defensa del consumidor; otras, como táctica de relaciones públicas. De cualquier forma, se expande el movimiento hacia un marketing responsable.
Las empresas cinematográficas acceden, pero pierden dinero
El pasado septiembre, la FTC (Federal Trade Comisión) difundió un informe en el que acusaba a la industria del entretenimiento de incluir a menores de 17 años en las estrategias de marketing para vender productos claramente calificados como inapropiados para ellos.
Por tal motivo, el Congreso solicitó a ocho ejecutivos de estudios cinematográficos que suspendieran ese material o, de lo contrario, tendrían que afrontar las consecuencias. En respuesta, los estudios prepararon un plan con información detallada sobre la distribución de películas prohibidas para menores de 17 años: restricciones, especificaciones, etc.
Cuando se estrenó “Drácula 2000”, la empresa cinematográfica Miramax cumplió su promesa de no promocionar la película entre los menores. También decidió no distribuir banda sonora o video musical ni aparecer en la programación diurna de MTV ni permitir que las estrellas aceptaran entrevistas para revistas de chicos. La película no tuvo éxito. Lo mismo sucedió con “Blair Witch 2”, ya que todos los cines de Estados Unidos restringieron la entrada a menores de 17 años que no fueran acompañados de un adulto.
De manera que – y aunque esto deriva en otro tema – la violencia en las pantallas les está significando a los estudios considerable pérdida financiera. Puede que esto provoque un replanteo sobre los temas violentos.
Coca-Cola abandona el colegio
Hace poco, Coca-Cola comunicó que no firmaría más contratos exclusivos con escuelas y que proporcionaría más agua, leche y jugos en las máquinas expendedoras de las instituciones escolares. La empresa adoptó esta resolución ante las críticas de las organizaciones protectoras del consumidor que aseguran que Coke y Pepsi, así como los fabricantes de snacks, contribuyen al alarmante aumento de la obesidad en los adolescentes.
Más de 200 escuelas y distritos escolares en todo Estados Unidos firmaron jugosos contratos con Coke o Pepsi. Las escuelas obtienen importantes ganancias por el uso exclusivo de una marca u otra. Los contratos exigen a las escuelas que aumenten la cantidad de máquinas en sus instalaciones. Así, muchos chicos malgastan el dinero del almuerzo en gaseosas y golosinas.
A los colegios con problemas económicos les resulta difícil resignar este dinero. Por lo general, lo destinan para comprar uniformes, tableros, instrumentos musicales u otros materiales complementarios y para pagar los gastos de mantenimiento.
Rigurosidad con el comercialismo
Debido a las crecientes críticas al comercialismo de la educación y a la publicación de dos informes sobre la relación entre el consumo de gaseosas y la obesidad y los problemas de salud, Coca-Cola tomó estas drásticas medidas. Se adelantó a las iniciativas legislativas.
Maryland integra la creciente lista de estados que debaten leyes para reducir la actividad comercial en los colegios, incluyendo el uso de máquinas expendedoras. De aprobarse la ley en el estado de Maryland, las entidades educativas deberán responsabilizarse por el dinero que obtienen de los contratos. Se prohibirá, además, la colocación de publicidad en los colectivos escolares y se exigirá la rescisión de los contratos que violen estas directivas.
Y también el tabaco
Los gobiernos estaduales comienzan a tomar medidas enérgicas contra la publicidad dirigida a menores de 17 años sobre otros productos considerados perjudiciales para la salud o con probabilidad de serlo. En marzo último, cinco estados demandaron a la tabacalera R. J. Reynolds Tobacco Co. por violar los términos del acuerdo de 1998 que intentaba reducir el marketing de cigarrillos dirigido a menores.
En distintas demandas presentadas en California, Washington, Arizona, Nueva York y Ohio, los abogados de cada estado aseguran que la empresa dirige a los chicos avisos publicitarios ilegales en las revistas Rolling Stone y Sports Illustrated, logotipos en las cajas de fósforos y carteles publicitarios en las carreras de autos.
De acuerdo con la campaña denominada “Tobacco-Free Kids”, que fomenta la participación de los estados, la industria del tabaco ha “violado sistemáticamente tanto el espíritu como el propósito” del acuerdo.
R. J. Reynolds insiste en que la publicidad no infringe la ley y acusa a los cinco estados de tratar de imponer “restricciones que no fueron acordadas en 1998”.
Ante la preocupación de que los entes reguladores intervinieran si la industria de juegos no comenzara a regularse, la American Gaming Association redactó normas sobre marketing y publicidad. En enero último, Harrah’s Entertainment, un participante importante de la industria estadounidense, empezó a regirse según esas nuevas normas y desechó la publicidad dirigida a menores y jugadores compulsivos.
Pero fue más allá. Decidió que el logotipo de la empresa no apareciera en juguetes ni ropa para niños y eliminó el marketing que sugería que el juego es un rito pasajero o que el juego irresponsable es divertido.
Otras empresas siguieron su ejemplo: algunas, presionadas de los entes gubernamentales u organismos de defensa del consumidor; otras, como táctica de relaciones públicas. De cualquier forma, se expande el movimiento hacia un marketing responsable.
Las empresas cinematográficas acceden, pero pierden dinero
El pasado septiembre, la FTC (Federal Trade Comisión) difundió un informe en el que acusaba a la industria del entretenimiento de incluir a menores de 17 años en las estrategias de marketing para vender productos claramente calificados como inapropiados para ellos.
Por tal motivo, el Congreso solicitó a ocho ejecutivos de estudios cinematográficos que suspendieran ese material o, de lo contrario, tendrían que afrontar las consecuencias. En respuesta, los estudios prepararon un plan con información detallada sobre la distribución de películas prohibidas para menores de 17 años: restricciones, especificaciones, etc.
Cuando se estrenó “Drácula 2000”, la empresa cinematográfica Miramax cumplió su promesa de no promocionar la película entre los menores. También decidió no distribuir banda sonora o video musical ni aparecer en la programación diurna de MTV ni permitir que las estrellas aceptaran entrevistas para revistas de chicos. La película no tuvo éxito. Lo mismo sucedió con “Blair Witch 2”, ya que todos los cines de Estados Unidos restringieron la entrada a menores de 17 años que no fueran acompañados de un adulto.
De manera que – y aunque esto deriva en otro tema – la violencia en las pantallas les está significando a los estudios considerable pérdida financiera. Puede que esto provoque un replanteo sobre los temas violentos.
Coca-Cola abandona el colegio
Hace poco, Coca-Cola comunicó que no firmaría más contratos exclusivos con escuelas y que proporcionaría más agua, leche y jugos en las máquinas expendedoras de las instituciones escolares. La empresa adoptó esta resolución ante las críticas de las organizaciones protectoras del consumidor que aseguran que Coke y Pepsi, así como los fabricantes de snacks, contribuyen al alarmante aumento de la obesidad en los adolescentes.
Más de 200 escuelas y distritos escolares en todo Estados Unidos firmaron jugosos contratos con Coke o Pepsi. Las escuelas obtienen importantes ganancias por el uso exclusivo de una marca u otra. Los contratos exigen a las escuelas que aumenten la cantidad de máquinas en sus instalaciones. Así, muchos chicos malgastan el dinero del almuerzo en gaseosas y golosinas.
A los colegios con problemas económicos les resulta difícil resignar este dinero. Por lo general, lo destinan para comprar uniformes, tableros, instrumentos musicales u otros materiales complementarios y para pagar los gastos de mantenimiento.
Rigurosidad con el comercialismo
Debido a las crecientes críticas al comercialismo de la educación y a la publicación de dos informes sobre la relación entre el consumo de gaseosas y la obesidad y los problemas de salud, Coca-Cola tomó estas drásticas medidas. Se adelantó a las iniciativas legislativas.
Maryland integra la creciente lista de estados que debaten leyes para reducir la actividad comercial en los colegios, incluyendo el uso de máquinas expendedoras. De aprobarse la ley en el estado de Maryland, las entidades educativas deberán responsabilizarse por el dinero que obtienen de los contratos. Se prohibirá, además, la colocación de publicidad en los colectivos escolares y se exigirá la rescisión de los contratos que violen estas directivas.
Y también el tabaco
Los gobiernos estaduales comienzan a tomar medidas enérgicas contra la publicidad dirigida a menores de 17 años sobre otros productos considerados perjudiciales para la salud o con probabilidad de serlo. En marzo último, cinco estados demandaron a la tabacalera R. J. Reynolds Tobacco Co. por violar los términos del acuerdo de 1998 que intentaba reducir el marketing de cigarrillos dirigido a menores.
En distintas demandas presentadas en California, Washington, Arizona, Nueva York y Ohio, los abogados de cada estado aseguran que la empresa dirige a los chicos avisos publicitarios ilegales en las revistas Rolling Stone y Sports Illustrated, logotipos en las cajas de fósforos y carteles publicitarios en las carreras de autos.
De acuerdo con la campaña denominada “Tobacco-Free Kids”, que fomenta la participación de los estados, la industria del tabaco ha “violado sistemáticamente tanto el espíritu como el propósito” del acuerdo.
R. J. Reynolds insiste en que la publicidad no infringe la ley y acusa a los cinco estados de tratar de imponer “restricciones que no fueron acordadas en 1998”.
