“Hoy el tema de la corrupción está en la agenda de todas las empresas. Muchas comenzaron por armar un área de cumplimiento y de responsabilidad ética y cumplimiento de las normas que tiene la compañía. Por otro lado, están utilizando el servicio de Línea Ética que es de prevención como de detección. Se puede observar que ante actos de corrupción las empresas prefieren investigar lo ocurrido antes de tomar acciones. No obstante ello, la situación es muy sensible debido a la falta de castigo judicial ante hechos de corrupción en el sector empresario. Asimismo, el hecho de que sociedad vea este flagelo como algo normal hace que se bajen los estándares de transparencia y de ética. La única forma de bajar este nivel de corrupción sería que la justicia demuestre con ejemplos claros castigos acorde al nivel del hecho que se produjo“, afirmó Bleger, de KPMG Argentina.
Y luego explica que “existen tres tipos de fraudes internos dentro de una compañía. El más frecuente es el de malversación de activos que es el robo o indebida utilización de los activos de una empresa. El segundo se lo conoce como Informes Financieros Fraudulentos, que es una alteración de los estados financieros de la compañía que golpea muy fuerte a una organización. Y por último, es la corrupción generada en la relación entre un empleado y un tercero que puede ser un proveedor por ejemplo. Por eso lo más importante es preservar las pruebas de manera inmediata. Si la persona sospechada posee computadoras o celulares, es importante contar con un protocolo de copia de la información para no perder la cadena de custodia del mismo y pueda ser utilizado como prueba ante la justicia.“
Por último, el experto sostiene que “la corrupción interna es un mal que afecta no solamente las finanzas de una compañía sino que implica el debilitamiento en la marca, la desconfianza en los clientes y proveedores, y del público en general. Los estudios indican que un 5% de los ingresos de una compañía se pierden a causa de este flagelo; y que en las empresas con altos índices éticos los empleados rinden hasta siete veces más que en una compañía donde se respira la corrupción, allí se pierde todo incentivo a permanecer en dicha firma”, concluyó.
Encuesta de KPMG Internacional
Más de 650 directivos de 64 países respondieron acerca de qué se hace contra las prácticas de soborno y corrupción dentro de las organizaciones.
El informe sostiene que todavía persisten dificultades para hacer frente a este desafío de gestión.
En la Argentina crece la preocupación empresaria para combatir estas prácticas y existe cierto desánimo por la falta de condenas judiciales.
KPMG Internacional realizó una encuesta a líderes de todo el mundo sobre los riesgos corporativos por las prácticas de soborno y corrupción y, al mismo tiempo, determinar fortalezas y debilidades de los programas que se llevan adelante en las empresas.
Según el estudio titulado “Anti-Bribery and Corruption”, surgen dos factores que están generando nuevos problemas. En primer lugar, un número creciente de gobiernos del mundo está aumentando la presión de las normativas de combate de estas prácticas; y en segundo lugar, la globalización de las operaciones empresarias aumentó la dependencia con terceros donde suele haber alto riesgo de corrupción.
“A pesar de mayores esfuerzos para construir marcos para combatir el soborno y la corrupción, está claro que hay agujeros en ellos”, dice Petrus Marais, Líder Global de Servicios Forenses de KPMG. “El problema es particularmente grave en la gestión de terceros que cada vez actúan como conductos para sobornos, por lo que es difícil de rastrearlos. Los encuestados admiten que este es el mayor reto, pero no están haciendo lo suficiente para desarrollar una cultura de cumplimiento tanto entre sus empleados y sus proveedores, como con otros socios de negocios”.
De acuerdo al informe de KPMG, la corrupción sigue corroyendo la economía mundial tras 18 años desde que los gobiernos miembros de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE) firmaron la convención que establece normas jurídicamente vinculantes para penalizar el soborno de funcionarios públicos. Desde entonces, un número creciente de gobiernos han aprobado leyes anti-soborno y corrupción. Por ejemplo, los EE.UU., Reino Unido y otros países europeos han implementado regulaciones en esta dirección al igual que otras economías como las de China y Brasil. Pero a pesar de la aplicación de regulaciones más duras los ilícitos siguen pesando en la economía internacional. En 2013 el Banco Mundial estimó en1.000 millones de dólares el monto que se mueve por año en concepto de sobornos.
En tal sentido, para KPMG la globalización ha entrado en una nueva fase, situación que plantea mayores desafíos en la materia. La encuesta muestra que las empresas están haciendo un importante esfuerzo pero que aún queda mucho por hacer en crear estructuras que puedan combatir estas prácticas ilegales.
Las principales conclusiones del informe señalan lo siguiente:
Hay un fuerte aumento del porcentaje de encuestados que dice que hay un aumento del cuestionamiento empresario hacia estas prácticas en comparación con la última encuesta realizada en 2011.
• A medida que las empresas se globalizan, la gestión con terceros plantean el mayor desafío para los programas de lucha contra el soborno y la corrupción, ocupando el primer lugar en términos de auditoría de terceros.
• A pesar de la dificultad de controlar las relaciones comerciales con terceros, el 34% de los encuestados no identificó formalmente a un tercero de alto riesgo y el 56% no ha ejercido el derecho de auditoría sobre ese sector.
• El 60% de las empresas indicaron management y adquisiciones son parte de su estrategia de crecimiento, pero el 31% manifestó no ser consciente de las consecuencias de no identificar estos riesgos durante la fase de adquisición.
• Los encuestados se quejan de que carecen de los recursos para gestionar el riesgo de sobornos y corrupción, ocupando el cuarto lugar entre los principales desafíos que enfrentan.
• Se admite que una evaluación de estos riesgos es uno de los principales retos de sus empresas.
Otro elemento importante para el estudio de KPMG es llevar adelante un constante análisis de los datos de la organización como herramienta para evaluar los controles internos.
Sin embargo, sólo el 25% de los encuestados dijo utilizarla a pesar de que permite identificar prácticas ilegales. Y de ese porcentaje, menos de la mitad afirmó monitorearlos para detectar irregularidades.
“A pesar de que existen políticas contra el soborno y la corrupción, que son mejores y más estrictas, las organizaciones continúan incumpliendo la normativa más inflexible y por ello son fuertemente sancionadas», sostiene, por su parte, Jimmy Helm, líder Global de Servicios contra el soborno y la corrupción de KPMG.
«Se habla mucho acerca de la prédica con el ejemplo de la alta gerencia, pero continuamente observamos fallas de parte de la gerencia media y baja, lo cual hace que uno llegue a la conclusión de que no se presta suficiente atención a las “acciones de la gerencia media. Las organizaciones pueden contar con un programa perfecto contra el soborno y la corrupción, y aun así presentar deficiencias si no mejoran el modo de hacer negocios», agregó.
Además, el informe sostiene que las empresas están teniendo dificultades para hacer frente al desafío de gestión de su riesgo sobre las prácticas de soborno y corrupción. Las firmas con operaciones internacionales están ajustando sus controles y procedimientos en sus cadenas de suministro en línea, intentan hacer frente a los riesgos de terceros y enfrentan un aumento de las regulaciones nacionales.
Tanto la comunidad empresarial como los líderes mundiales han reconocido que se puede progresar sólo a través de una acción conjunta entre gobierno y sector privado. Un foro donde se discuten estos temas es el Grupo B20 integrado por organizaciones del sector privado de las economías del G-20 que proporcionan recomendaciones oficiales a los líderes del políticos sobre la manera de promover la integridad y la transparencia en los negocios.
También asesora a más de 6,5 millones de pequeñas, medianas y grandes empresas. KPMG ha sido miembro del grupo de trabajo contra la corrupción desde 2013 y fue copresidente del grupo en 2014.
