En la presentación, Bloomberg dijo se trata de entender mejor el reto. “Si puedes medir el riesgo, puedes planificar y gestionar mejor la situación”, sostuvo el exalcalde de Nueva York. Lo que vivió la ciudad de los rascacielos de primera mano con la tempestad Sandy, advirtió, “es lo puede pasar en el futuro”. Por eso dijo que más se dilate la respuesta, “mayor será el impacto”.
Paulson, que fue el máximo ejecutivo de Goldman Sachs y secretario del Tesoro con George Bush, está convencido de que el riesgo del cambio climático para la economía “es mucho más perverso” que el de la última crisis financiera.
Hay datos reveladores, como el daño a las construcciones e infraestructuras costeras, que el estudio cifra en hasta 106.000 millones de dólares para 2050, se consigna en la edición en español de El País.
Esa suma se multiplica por cinco cuando se amplía la perspectiva hasta final del siglo. En el escenario más extremo, una de cada 20 propiedades estará bajo el nivel de mar para 2010 en la costa Este y el golfo de México. Henry Cisneros, de CityView Capital y antiguo alcalde de San Antonio, insiste en que el sector inmobiliario debe prestar más atención que ningún otro al problema.
Como indicó el que además fuera secretario de la Vivienda de EE.UU., el cambio climático también tendrá efectos en la productividad de los trabajadores de la construcción en los Estados del sur, alterará los sistemas de salud, disparará el precio de los alimentos y afectará a las redes de distribución de energía por la demanda de electricidad derivada del alza en las temperaturas.
Gregory Page, ejecutivo de Cargill, puso un énfasis especial en la necesidad de que la cadena alimentaria se adapte a esta nueva realidad, como vino haciendo hasta ahora.
En este sentido, explicó que el sistema debe ser flexible para producir alimentos cuando se produzcan trastornos locales. “Debemos asegurarnos de que no somos la generación que rompe la línea”, declaró.
Riesgo desproporcionado
El financiero y activista medioambiental Tom Steyer explicó que este estudio sirve para “para cuantificar la realidad”.
Los riesgos por lo general son “significativos”, pero explicó que en algunas zonas de EE.UU. es “desproporcionado”.
El cambio climático, en sus palabras, “es algo que todas las empresas deben tener en cuenta, para poder gestionarlo cuando sepan cómo les afecta”.
Steyer es partidario de premiar a las compañías que entienden mejor el reto y que sean proactivas a la hora de prevenir los costes. O lo que es lo mismo, castigar a las que adoptan una actitud pasiva.
En esta línea, Robert Rubin, cree que las empresas deben ser transparentes. Por eso el exsecretario del Tesoro con Bill Clinton es de la opinión de que publiquen los costes futuros del cambio climático.
“Eso servirá de incentivo para actuar”, añadió Rubin, que durante la presentación del estudio ofreció un panorama “catastrófico” si se opta por dejar pasar el tiempo.
“Lo peor es el círculo vicioso en el que pueden entrar”, insistió el copresidente del Council on Foreign Relations. Cree que los empresarios deben implican de lleno en un debate que sea capaz de movilizar al público.
En opinión de Paulson, si se actúa de inmediato se podrá evitar lo peor. La actitud de esperar a que emergen más datos científicos para determinar la dimensión del problema es la conducta más arriesgada. Es más, considera que no basta con fijarse en lo más probable, sino en los extremos. “Si un empresario quiere dormir tranquilo, debe prepararse ya”, remachó Bloomberg.
Lo cierto es que las empresas y los gobiernos locales ya están adoptando medidas desde hace tiempo en EE.UU. para prevenir los efectos del calentamiento global. Pero como señalan los expertos, “no pueden hacerles frente solas” y se topan con el muro del Congreso.
Por este motivo, esperan que el estudio contribuya a crear un frente común para “demandar un cambio político a nivel federal”.
Desafío de América Latina y el Caribe
América Latina y el Caribe son zonas altamente vulnerables a los impactos del cambio climático y, aunque en la actualidad su emisión de gases de efecto invernadero se mantiene bajo, comparado con los niveles a escala global, sus demandas de energía crecen a medida que se industrializan y urbanizan.
Es por ello que ambas regiones han decidido tomar cartas en el asunto y apostar por proyectos sostenibles que garanticen un desarrollo respetuoso con el medio ambiente y una transformación económica basada en energías limpias y programas de baja emisión de gases de efecto invernadero.
A través de fondos provenientes del CIF, Climate Investment Funds (fondos que aportan números países europeos y EE.UU. para financiar proyectos ecosostenibles), se están desarrollando 39 proyectos en trece países de América Latina y el Caribe. Juntos suman una inversión de 686 millones de dólares, lo que representa el 27% de los 8.000 millones que el CIF destina a los países en vías de desarrollo.
El dinero se distribuye a través de cinco bancos de desarrollo en todo el mundo. En el caso de América Latina y el Caribe lo hace el Banco Interamericano de Desarrollo que facilita créditos a los gobiernos (a un interés por debajo del 1%) y a las empresas privadas.
El objetivo es impulsar programas que promuevan energías limpias, reforestación, prácticas agrícolas respetuosas con el medio ambiente, restauración y preservación de ecosistemas degradados (como la barrera de coral en Jamaica y Haití) y el acceso al agua, entre otros.
Chile participa en el programa, incidiendo en las energías limpias, especialmente en la solar, ya que el reto del gobierno es que para el 2020 se haya contemplado la transformación a las energías renovables.
También el reto de México es parecido: Para el 2024 el 35% de lo que se produce tiene que depender de energías renovables. El país está implicado además en el programa de reforestación del suelo.
En el caso de Colombia, el segundo país del mundo con más conflictos socio-ambientales, el reto es manejar los recursos y apostar por energías más eficientes, un proyecto en el que está embarcado.
La idea es conocer cada año y medio si los proyectos están llegando a las comunidades de destino y como están funcionando.
En Perú, los efectos del cambio climático han obligado a muchas personas a emigrar a otras zonas, motivo por el que está tratando de implantar programas de reforestación, “pese a los muchos intereses económicos en contra”, según el periodista Carlos Muñoz.
Bolivia, Brasil, Honduras, Nicaragua y la región del Caribe abrazan también iniciativas comprometidas con la baja emisión de gases de efecto invernadero.
Durante esta semana más de 200 miembros participantes en las iniciativas del CIF se reúnen en Jamaica dentro del Forum 2014 para compartir experiencias, intercambiar puntos de vista y hacer lo que en inglés es conocido como networking (contactos).
La idea es conocer cada año y medio, desde que en el 2008 comenzase la andadura, si los proyectos están llegando a las comunidades de destino y como están funcionando.
Las principales críticas vienen de parte de las comunidades y la iniciativa privada, quienes acusan la lentitud de los proyectos y la falta de coordinación.
Así lo ve Bessy Liliana, directora de planificación de Flex Energy Group, que está implicado en el desarrollo de un proyecto piloto de energías renovables y sostenibles en Honduras: “Hay una falta de comunicación entre las comunidades rurales y el CIF.
Sobre el papel parece muy bonito, pero a la gente de las comunidades rurales no le llega lo que se está haciendo.
La planificación es buena, pero no hay contacto con las comunidades, y además los proyectos avanzan muy lentamente. Tenemos que decir muy claro que el sector privado no puede esperar, está acostumbrado a otros ritmos. Ahora mismo la credibilidad de los fondos está en entredicho”.
Muy diferente es el punto de vista de Shaanti Kapila, encargada de la administración de los fondos del CIF: “La transformación social y el cambio de mentalidad en el modelo de desarrollo que implican estos proyectos no sucede del día a la noche, tarda tiempo y hay que poner muchas partes de acuerdo y vencer resistencias”.
“Los fondos continúan con una estrategia de flexibilidad y de adaptación a los retos”, opina Andrea Kutter, coordinadora del programa de reforestación, uno de los asuntos más controvertidos en muchos de los países, del que Brasil, México y Perú participan.
Sin embargo, los 8.000 millones de dólares con los que a nivel global cuenta el fondo no son suficientes, “se necesitan miles de millones más”, pone de relieve Kapila.
Y ello se va a traducir en que en el mes de noviembre estos fondos van a dar el paso a los Climate Green Fund (fondos verdes), vinculados a la ONU y con una dotación económica más cuantiosa.
