Se desencadena un fuerte ataque contra la ley Sarbanes-Oxley
Arrecian esfuerzos para restar efectividad a la ley Sarbanes-Oxley. Los nuevos ataques contra la regulación contable son más intensos de lo imaginado hace cuatro años, cuando el proyecto pasó por amplia mayorías en ambas cámaras.
Por supuesto, el cabildeo que buscar eliminar parte de las normas sostiene que significan costos adicionales y deterioran cotizaciones accionarias (por ende, dividendos). Además, el régimen fomenta el abandono del mercado norteamericano por parte de las empresas. Pero este argumento ya no se usa, porque no existen evidencias al respecto.
A criterio de sus oponente, los únicos beneficiarios de la S-O son los estudios contables y los auditores externos. “Su acción es totalmente redundante y cuesta dinero”, sostiene el diputado conservador Thomas Feeney, que encabeza un movimientos contra las regulaciones.
La mera amenaza de una auditoría –cree- basta y sobra para disciplinar a las empresas. Por eso, propone que cada año se seleccione por sorteo un grupo de compañías sujetas a escrutinio contable. El resto se ahorraría gastos. Feeney, republicano por Florida, de hecho auspicia una norma para dispensaría a la inmensa mayoría de empresas de someter sus libros a auditores federales.
Mallory Factor, allegado a Feeney, quisiera ir mucho más lejos. Su propio “lobby”, el Free Enterprise Fund, ha presentado una demanda para declarar inconstitucional la junta pública de supervisión contable al sector privado (PCAOB). Se trata del organismo establecido por la Sarbanes-Oxley, nada menos.
“La ley ya ha causado pérdidas próximas al billón de dólares en la economía norteamericana”, sostiene en un estudio Ivy Zhang, profesora de contabilidad en Minnesota y hasta hace un tiempo asesora de Factor. Pero esta experta ha cambiado de opinión y ha retocado su propio trabajo. Ahora admite que el efecto es mucho más acotado, aunque no arriesga cifras.
En general, los analistas tachan sus argumentos de falaces. Si, al momento de tratarse la ley, los mercados bajaron, era por su culpa. Si, como sucedió realmente, subieron, fue por “motivos aleatorios”, afirmaba Zhang muy suelta de cuerpo.
¿Cómo explican Factor o Zhang que el mercado bursátil viniese cediendo en 2002 y, justo tras la aprobación de la ley S-O, iniciara una larga recuperación? Por supuesto, predecir o analizar movimientos bursátiles no es tan fácil. El estudio original de la profesora jamás habría sido tomado en cuenta si no lo hubiese adoptad el cabildeo antirregulatorio (que sigue empleándolo).
No obstante, el artículo 404 de la ley –exige auditorías externas de controles internos- ha costado más de los previsto. Pero eso podría implicar que esos contralores eran ya defectuosos o que los auditores encontraban más dificultades que las supuestas. Ambas presunciones son correctas, señalan muchos profesionales. Mark Olson, nuevo jefe de la PCAOB, debe determinar rápidamente si hace falta hacer más para evitar auditorías excesivas, sin dejar de proteger a accionistas e inversores. Por el contrario, Feeney y sus allegados ven una oportunidad de eliminar esas salvaguardias. Su lema: “tiren al chico junto con el agua sucia de la bañera”.
Por supuesto, el cabildeo que buscar eliminar parte de las normas sostiene que significan costos adicionales y deterioran cotizaciones accionarias (por ende, dividendos). Además, el régimen fomenta el abandono del mercado norteamericano por parte de las empresas. Pero este argumento ya no se usa, porque no existen evidencias al respecto.
A criterio de sus oponente, los únicos beneficiarios de la S-O son los estudios contables y los auditores externos. “Su acción es totalmente redundante y cuesta dinero”, sostiene el diputado conservador Thomas Feeney, que encabeza un movimientos contra las regulaciones.
La mera amenaza de una auditoría –cree- basta y sobra para disciplinar a las empresas. Por eso, propone que cada año se seleccione por sorteo un grupo de compañías sujetas a escrutinio contable. El resto se ahorraría gastos. Feeney, republicano por Florida, de hecho auspicia una norma para dispensaría a la inmensa mayoría de empresas de someter sus libros a auditores federales.
Mallory Factor, allegado a Feeney, quisiera ir mucho más lejos. Su propio “lobby”, el Free Enterprise Fund, ha presentado una demanda para declarar inconstitucional la junta pública de supervisión contable al sector privado (PCAOB). Se trata del organismo establecido por la Sarbanes-Oxley, nada menos.
“La ley ya ha causado pérdidas próximas al billón de dólares en la economía norteamericana”, sostiene en un estudio Ivy Zhang, profesora de contabilidad en Minnesota y hasta hace un tiempo asesora de Factor. Pero esta experta ha cambiado de opinión y ha retocado su propio trabajo. Ahora admite que el efecto es mucho más acotado, aunque no arriesga cifras.
En general, los analistas tachan sus argumentos de falaces. Si, al momento de tratarse la ley, los mercados bajaron, era por su culpa. Si, como sucedió realmente, subieron, fue por “motivos aleatorios”, afirmaba Zhang muy suelta de cuerpo.
¿Cómo explican Factor o Zhang que el mercado bursátil viniese cediendo en 2002 y, justo tras la aprobación de la ley S-O, iniciara una larga recuperación? Por supuesto, predecir o analizar movimientos bursátiles no es tan fácil. El estudio original de la profesora jamás habría sido tomado en cuenta si no lo hubiese adoptad el cabildeo antirregulatorio (que sigue empleándolo).
No obstante, el artículo 404 de la ley –exige auditorías externas de controles internos- ha costado más de los previsto. Pero eso podría implicar que esos contralores eran ya defectuosos o que los auditores encontraban más dificultades que las supuestas. Ambas presunciones son correctas, señalan muchos profesionales. Mark Olson, nuevo jefe de la PCAOB, debe determinar rápidamente si hace falta hacer más para evitar auditorías excesivas, sin dejar de proteger a accionistas e inversores. Por el contrario, Feeney y sus allegados ven una oportunidad de eliminar esas salvaguardias. Su lema: “tiren al chico junto con el agua sucia de la bañera”.
