Las empresas tienen la obligación de hacer lo correcto. Saben que los procesos
industriales que utilizan para fabricar sus productos no deben dañar en
modo alguno a la sociedad en la que actúan. Sin embargo, no todas están
enteradas.
El concepto que desde hace años recorre el mundo con el nombre de “responsabilidad
social” nació para ocuparse de todas aquellas empresas que – consciente
o inconscientemente – no actúan en forma responsable; también, para
tratar situaciones en las cuales las organizaciones sintiéndose atrapadas
por las exigencias competitivas del sistema económico, eligen el camino
que les asegura mayores ganancias.
Este tema cobra especial relevancia en la actual situación de globalización
económica y la posición privilegiada de grandes corporaciones transnacionales,
que a veces no sienten obligación moral de responder ante nadie. Así
como los individuos en una sociedad necesitan tanto de la Ley como de la Moral
para guiar su conducta, las empresas también deben responder legal y moralmente
por su desempeño en la sociedad. Corresponde a los gobiernos y a la sociedad
civil hacer que ambas responsabilidades se cumplan.
¿Quién paga el desarrollo no sustentable?
Agenda 21 es un amplio plan de acción para que organizaciones, gobiernos
y grupos dentro de Naciones Unidas implementen a escala global, nacional y local,
en todas las áreas en las que el ser humano actúa sobre el medio
ambiente. Fue adoptada — junto con la Declaración de Río sobre
Ambiente y Desarrollo y la Declaración de principios para el manejo sustentable
de los bosques — por más de 178 gobiernos en la conferencia de las Naciones
Unidas sobre Ambiente y Desarrollo (UNCED) realizada en Río de Janeiro
del 3 al 14 de junio de 1992.
Un tema recurrente referido a la implementación de la Agenda 21 es el de
los costos del desarrollo sustentable y quién los paga. Muchos gobiernos
– especialmente los del G7 – argumentando el conocido argumento de “no hay
recursos nuevos”, han pasado la responsabilidad de los costos del desarrollo
sustentable a los inversores corporativos e instituciones financieras. En el mundo
actual, las inversiones de las empresas suelen estar subsidiadas por costos “externos”
no monetarios pagados por el medio ambiente, los pobres, los niños y los
ancianos, las mujeres, los indígenas, los trabajadores y los desempleados,
las comunidades locales y la tierra toda. A pesar de los esfuerzos por integrar
activos y costos sociales y ambientales, el interés último de las
empresas que cotizan en bolsa son las utilidades financieras para sus accionistas.
Así como los gobiernos responden ante sus ciudadanos, las empresas casi
siempre responden únicamente ante sus accionistas. Mientras gobiernos e
industrias negocian el precio del desarrollo sustentable, el mundo se ve obligado
a pagar los costos de la devastación ambiental, pobreza y enfermedad.
Los límites de la auto-regulación
Algunas firmas, conscientes de que forman parte de una comunidad global, avanzan
por la senda de mayor responsabilidad ambiental y social y sinceramente intentan
seguir códigos de conducta; sin embargo, eso es sólo una parte de
lo que se necesita. Persiste la necesidad imperiosa de que gobiernos y comunidades
vigilen, evalúen y, cuando sea necesario, responsabilicen a las empresas
que descuidan o ignoran las consecuencias sociales y ambientales de su conducta.
Esa responsabilidad es importante no sólo para la sociedad y el ambiente,
sino también ayuda a nivelar el campo de juego a aquellas empresas que
sinceramente y voluntariamente intentan ser responsables — al desalentar a los
“llaneros solitarios” de actuar según les place. Incluso entre
las empresas que abrazan voluntariamente los códigos sociales y ambientales,
los informes al públicos son mínimos y poco transparentes, porque
publican las mejores prácticas y silencian las peores.
Doble conducta
Hay empresas que se conducen con responsabilidad allí donde las obligan,
y de manera muy diferente en otras partes. Sin informes transparentes sobre
las prácticas de las empresas, al público no le resulta fácil
distinguir entre prácticas responsables y manipulación de relaciones
públicas. Las comunidades merecen información completa; merecen,
además, contar con medios para responder al impacto de las actividades
empresariales que afectan su salud, su seguridad y su medio ambiente.
Extractado de
Minding our Own Business: The ToBI Agenda
Informe presentado por un grupo de ONG a la Comisión de Naciones Unidas
para Desarrollo Sustentable, 1992
Las empresas tienen la obligación de hacer lo correcto. Saben que los procesos
industriales que utilizan para fabricar sus productos no deben dañar en
modo alguno a la sociedad en la que actúan. Sin embargo, no todas están
enteradas.
El concepto que desde hace años recorre el mundo con el nombre de “responsabilidad
social” nació para ocuparse de todas aquellas empresas que – consciente
o inconscientemente – no actúan en forma responsable; también, para
tratar situaciones en las cuales las organizaciones sintiéndose atrapadas
por las exigencias competitivas del sistema económico, eligen el camino
que les asegura mayores ganancias.
Este tema cobra especial relevancia en la actual situación de globalización
económica y la posición privilegiada de grandes corporaciones transnacionales,
que a veces no sienten obligación moral de responder ante nadie. Así
como los individuos en una sociedad necesitan tanto de la Ley como de la Moral
para guiar su conducta, las empresas también deben responder legal y moralmente
por su desempeño en la sociedad. Corresponde a los gobiernos y a la sociedad
civil hacer que ambas responsabilidades se cumplan.
¿Quién paga el desarrollo no sustentable?
Agenda 21 es un amplio plan de acción para que organizaciones, gobiernos
y grupos dentro de Naciones Unidas implementen a escala global, nacional y local,
en todas las áreas en las que el ser humano actúa sobre el medio
ambiente. Fue adoptada — junto con la Declaración de Río sobre
Ambiente y Desarrollo y la Declaración de principios para el manejo sustentable
de los bosques — por más de 178 gobiernos en la conferencia de las Naciones
Unidas sobre Ambiente y Desarrollo (UNCED) realizada en Río de Janeiro
del 3 al 14 de junio de 1992.
Un tema recurrente referido a la implementación de la Agenda 21 es el de
los costos del desarrollo sustentable y quién los paga. Muchos gobiernos
– especialmente los del G7 – argumentando el conocido argumento de “no hay
recursos nuevos”, han pasado la responsabilidad de los costos del desarrollo
sustentable a los inversores corporativos e instituciones financieras. En el mundo
actual, las inversiones de las empresas suelen estar subsidiadas por costos “externos”
no monetarios pagados por el medio ambiente, los pobres, los niños y los
ancianos, las mujeres, los indígenas, los trabajadores y los desempleados,
las comunidades locales y la tierra toda. A pesar de los esfuerzos por integrar
activos y costos sociales y ambientales, el interés último de las
empresas que cotizan en bolsa son las utilidades financieras para sus accionistas.
Así como los gobiernos responden ante sus ciudadanos, las empresas casi
siempre responden únicamente ante sus accionistas. Mientras gobiernos e
industrias negocian el precio del desarrollo sustentable, el mundo se ve obligado
a pagar los costos de la devastación ambiental, pobreza y enfermedad.
Los límites de la auto-regulación
Algunas firmas, conscientes de que forman parte de una comunidad global, avanzan
por la senda de mayor responsabilidad ambiental y social y sinceramente intentan
seguir códigos de conducta; sin embargo, eso es sólo una parte de
lo que se necesita. Persiste la necesidad imperiosa de que gobiernos y comunidades
vigilen, evalúen y, cuando sea necesario, responsabilicen a las empresas
que descuidan o ignoran las consecuencias sociales y ambientales de su conducta.
Esa responsabilidad es importante no sólo para la sociedad y el ambiente,
sino también ayuda a nivelar el campo de juego a aquellas empresas que
sinceramente y voluntariamente intentan ser responsables — al desalentar a los
“llaneros solitarios” de actuar según les place. Incluso entre
las empresas que abrazan voluntariamente los códigos sociales y ambientales,
los informes al públicos son mínimos y poco transparentes, porque
publican las mejores prácticas y silencian las peores.
Doble conducta
Hay empresas que se conducen con responsabilidad allí donde las obligan,
y de manera muy diferente en otras partes. Sin informes transparentes sobre
las prácticas de las empresas, al público no le resulta fácil
distinguir entre prácticas responsables y manipulación de relaciones
públicas. Las comunidades merecen información completa; merecen,
además, contar con medios para responder al impacto de las actividades
empresariales que afectan su salud, su seguridad y su medio ambiente.
Extractado de
Minding our Own Business: The ToBI Agenda
Informe presentado por un grupo de ONG a la Comisión de Naciones Unidas
para Desarrollo Sustentable, 1992
