Enron: 230 años de cárcel para Jeffrey Skilling y Kenneth Lay
La única sorpresa fue el peso de las condenas: 185 años para Skilling, 45 para Lay. Por lo demás, la pobre defensa de ambos aseguraba duras sentencias para los máximos managers del primer escándalo en una serie que parece inagotable.
Al cabo de cuatro años y medios de investigaciones, cuatro meses de proceso en Houston y seis días de deliberación, el jurado les bajó el pulgar a dos ejecutivos que, entretanto, seguían viviendo a cuerpo de rey. Por unanimidad, se los declaró reos de mentir todo el tiempo sobre las maniobras y fraudes contables que llevaron a la quiebra, el 2 de diciembre de 2001. Nadie les creyó que no supieran nada de tantos enjuagues.
Una serie de prácticas delictivas y management corrupto también dejó en la calle a miles y les licuó sus aportes a fondos jubilatorios. Mientras tanto, ahorristas e inversores sufrían quebrantos sin precedentes desde los años 30. En síntesis, una larga serie de pérdidas fue maquillada vía “contabilidad creativa”. Curiosamente, la década anterior, el gobierno argentino y el Fondo Monetario practicaban o promovían similares maniobras, que en 2001 llevaron el país al colapso financiero.
Con optimismo nada desinteresado, el entorno de George W.Bush y algunos influyentes medios (empezando por el “Wall Street journal” y el “Financial times”) suponen que esta sentencia señala el fin de una larga ofensiva contra irregularidades de directivos, ejecutivos y empresas. Otros observadores, por el contrario, temen que el caso –y la inminente campaña electoral- acicateen al gobierno a continuar “hostigando” al delito de guante blanco.
A decir verdad, desde la primera condena (julio de 2002), cayeron 82 presidentes ejecutivos, 85 directores generales, 102 subdirectores, 36 directores financieros y catorce operativos. Estas cifras provienen de la secretaría de Justicia. Se agregan US$ 2.200 millones en indemnizaciones, 34.600.000 en restituciones, 79.100.000 en multas y 27.900.000 en confiscaciones. Obviamente, montos muy pequeños en relación con los activos eliminados, robados o destruidos. Por ejemplo, quienes se quedaron sin sus planes de pensión virtualmente no han recibido compensaciones significativas.
Quizás la consecuencia de mayores alcances sean las reformas jurídicas impuestas por el congreso. En particular la ley Sarbanes-Oxley, que sigue molestando a estudios contables, auditores externos y otros profesionales al servicio de grandes firmas. El escándalo de 2004/5 en torno de American International Group –la mayor aseguradora mundial- y su ex amo, Maurice Greenberg, lo subraya claramente.
En términos políticos y sociales, el veredicto Skilling-Lay convierte la leyenda de los “áureos años 90” en una caricatura, una época de codicia y estafas sin freno. “La legislación existente se aplicará por igual contra jerárquicos empresarios, banqueros y delincuentes comunes”, sostuvo Paul McNulty, subsecretario de Justicia. “Esas cosas aún no se consiguen en Brasil, Rusia, Méjico, Argentina, Polonia, Rumania ni Bulgaria”, recordaban diarios italianos, brasileños, alemanes y escandinavos.
Al cabo de cuatro años y medios de investigaciones, cuatro meses de proceso en Houston y seis días de deliberación, el jurado les bajó el pulgar a dos ejecutivos que, entretanto, seguían viviendo a cuerpo de rey. Por unanimidad, se los declaró reos de mentir todo el tiempo sobre las maniobras y fraudes contables que llevaron a la quiebra, el 2 de diciembre de 2001. Nadie les creyó que no supieran nada de tantos enjuagues.
Una serie de prácticas delictivas y management corrupto también dejó en la calle a miles y les licuó sus aportes a fondos jubilatorios. Mientras tanto, ahorristas e inversores sufrían quebrantos sin precedentes desde los años 30. En síntesis, una larga serie de pérdidas fue maquillada vía “contabilidad creativa”. Curiosamente, la década anterior, el gobierno argentino y el Fondo Monetario practicaban o promovían similares maniobras, que en 2001 llevaron el país al colapso financiero.
Con optimismo nada desinteresado, el entorno de George W.Bush y algunos influyentes medios (empezando por el “Wall Street journal” y el “Financial times”) suponen que esta sentencia señala el fin de una larga ofensiva contra irregularidades de directivos, ejecutivos y empresas. Otros observadores, por el contrario, temen que el caso –y la inminente campaña electoral- acicateen al gobierno a continuar “hostigando” al delito de guante blanco.
A decir verdad, desde la primera condena (julio de 2002), cayeron 82 presidentes ejecutivos, 85 directores generales, 102 subdirectores, 36 directores financieros y catorce operativos. Estas cifras provienen de la secretaría de Justicia. Se agregan US$ 2.200 millones en indemnizaciones, 34.600.000 en restituciones, 79.100.000 en multas y 27.900.000 en confiscaciones. Obviamente, montos muy pequeños en relación con los activos eliminados, robados o destruidos. Por ejemplo, quienes se quedaron sin sus planes de pensión virtualmente no han recibido compensaciones significativas.
Quizás la consecuencia de mayores alcances sean las reformas jurídicas impuestas por el congreso. En particular la ley Sarbanes-Oxley, que sigue molestando a estudios contables, auditores externos y otros profesionales al servicio de grandes firmas. El escándalo de 2004/5 en torno de American International Group –la mayor aseguradora mundial- y su ex amo, Maurice Greenberg, lo subraya claramente.
En términos políticos y sociales, el veredicto Skilling-Lay convierte la leyenda de los “áureos años 90” en una caricatura, una época de codicia y estafas sin freno. “La legislación existente se aplicará por igual contra jerárquicos empresarios, banqueros y delincuentes comunes”, sostuvo Paul McNulty, subsecretario de Justicia. “Esas cosas aún no se consiguen en Brasil, Rusia, Méjico, Argentina, Polonia, Rumania ni Bulgaria”, recordaban diarios italianos, brasileños, alemanes y escandinavos.
