El arbitraje obligatorio puede estar en la letra chica

Cuando un matrimonio de Connecticut intentó cobrar lo que consideraba justo por los daños que le ocasionara una empresa de desratización al pinchar una cañería que derramó 1.800 galones de fuel oil en su propiedad y la de sus vecinos, descubrió que el contrato firmado incluía la cláusula de arbitraje obligatorio que les prohibía demandar a la compañía. Cuando un cliente de banco – víctima de robo de identidad – comenzó a recibir facturas por una cuenta que nunca había abierto, el banco decidió que el caso iba a arbitraje obligatorio. Aunque el árbitro dictaminó a favor del cliente, a éste el incidente le pareció alarmante.

Muchas empresas están incluyendo cláusulas de arbitraje obligatorio en sus contratos de compra. Cuando un cliente firma tal contrato, a sabiendas o no, está aceptando que un tercero desinteresado – y no un tribunal legal – resuelva cualquier agravio que pudiera tener contra la compañía. American Express acaba de incluir una cláusula de arbitraje mediante la cual cede al árbitro las decisiones sobre cualquier disputa con los clientes. Este método, que es más rápido que un proceso en las cortes, se está convirtiendo en una tendencia que merece atención.

Pero lamentablemente para los consumidores, esta cláusula aparece en letra chica, y por lo general los vendedores no la mencionan y cuando el cliente se entera ya es tarde para echarse atrás.

El motivo central por el cual se está difundiendo la práctica del arbitraje es la amenaza de las demandas legales.
Los representantes de los consumidores se preocupan de que las árbitros no se sujetan a las leyes como los abogados y otros funcionarios de la corte. Temen además que las cláusulas de arbitraje anulen las actuales leyes de protección al consumidor y que “la pelea esté arreglada” de antemano a favor de las empresas.

Como la acción de arbitraje no es como una demanda legal, sigue reglas diferentes de averiguación durante el proceso en el cual demandante y demandado comparten los documentos relevantes. Las empresas no tienen obligación de mostrar documentos que podrían ayudar al consumidor a probar su caso. Como no se publican ni las audiencias y los resultados de los arbitrajes, los consumidores involucrados en disputas semejantes no pueden averiguar detalles comunes.

Y como casi todas las cláusulas de arbitraje son obligantes, el cliente no tiene ninguna otra instancia a su alcance si no le gusta el resultado del arbitraje. Este procedimiento ata al consumidor de pies y manos de otra maneras también. Hay muchas estipulaciones que imposibilitan a los consumidores resarcirse o recuperar honorarios de abogados. Muchas empresas que hacen que sus clientes acepten el arbitraje obligatorio también se reservan el derecho a decidir si llevan el caso a juicio o no.

Y luego está el costo. El proceso puede llegar a costar al damnificado hasta US$ 10.000 cuando normalmente las costas por un juicio normal no superan los US$ 150.

Aunque organizaciones como la American Arbitration Association en Nueva York ayuda a la gente de recursos limitados a buscar resarcimiento a través del arbitraje, por ahora el sistema favorece sin ninguna duda a las empresas.

Las cláusulas de arbitraje obligatorio se seguirán usando y aplicando porque ahorran dinero y reducen la carga del ya saturado sistema judicial. Pero habrá que sacar alguna ley que asegure la protección al consumidor y haga del arbitraje una alternativa más viable para los consumidores, bajando las cuotas y permitiendo a los consumidores recuperar los gastos cuando los casos se saldan a su favor. Cada vez serán más los abogados que decidan especializarse en disputas de resolución mediante arbitraje.

Cuando un matrimonio de Connecticut intentó cobrar lo que consideraba justo por los daños que le ocasionara una empresa de desratización al pinchar una cañería que derramó 1.800 galones de fuel oil en su propiedad y la de sus vecinos, descubrió que el contrato firmado incluía la cláusula de arbitraje obligatorio que les prohibía demandar a la compañía. Cuando un cliente de banco – víctima de robo de identidad – comenzó a recibir facturas por una cuenta que nunca había abierto, el banco decidió que el caso iba a arbitraje obligatorio. Aunque el árbitro dictaminó a favor del cliente, a éste el incidente le pareció alarmante.

Muchas empresas están incluyendo cláusulas de arbitraje obligatorio en sus contratos de compra. Cuando un cliente firma tal contrato, a sabiendas o no, está aceptando que un tercero desinteresado – y no un tribunal legal – resuelva cualquier agravio que pudiera tener contra la compañía. American Express acaba de incluir una cláusula de arbitraje mediante la cual cede al árbitro las decisiones sobre cualquier disputa con los clientes. Este método, que es más rápido que un proceso en las cortes, se está convirtiendo en una tendencia que merece atención.

Pero lamentablemente para los consumidores, esta cláusula aparece en letra chica, y por lo general los vendedores no la mencionan y cuando el cliente se entera ya es tarde para echarse atrás.

El motivo central por el cual se está difundiendo la práctica del arbitraje es la amenaza de las demandas legales.
Los representantes de los consumidores se preocupan de que las árbitros no se sujetan a las leyes como los abogados y otros funcionarios de la corte. Temen además que las cláusulas de arbitraje anulen las actuales leyes de protección al consumidor y que “la pelea esté arreglada” de antemano a favor de las empresas.

Como la acción de arbitraje no es como una demanda legal, sigue reglas diferentes de averiguación durante el proceso en el cual demandante y demandado comparten los documentos relevantes. Las empresas no tienen obligación de mostrar documentos que podrían ayudar al consumidor a probar su caso. Como no se publican ni las audiencias y los resultados de los arbitrajes, los consumidores involucrados en disputas semejantes no pueden averiguar detalles comunes.

Y como casi todas las cláusulas de arbitraje son obligantes, el cliente no tiene ninguna otra instancia a su alcance si no le gusta el resultado del arbitraje. Este procedimiento ata al consumidor de pies y manos de otra maneras también. Hay muchas estipulaciones que imposibilitan a los consumidores resarcirse o recuperar honorarios de abogados. Muchas empresas que hacen que sus clientes acepten el arbitraje obligatorio también se reservan el derecho a decidir si llevan el caso a juicio o no.

Y luego está el costo. El proceso puede llegar a costar al damnificado hasta US$ 10.000 cuando normalmente las costas por un juicio normal no superan los US$ 150.

Aunque organizaciones como la American Arbitration Association en Nueva York ayuda a la gente de recursos limitados a buscar resarcimiento a través del arbitraje, por ahora el sistema favorece sin ninguna duda a las empresas.

Las cláusulas de arbitraje obligatorio se seguirán usando y aplicando porque ahorran dinero y reducen la carga del ya saturado sistema judicial. Pero habrá que sacar alguna ley que asegure la protección al consumidor y haga del arbitraje una alternativa más viable para los consumidores, bajando las cuotas y permitiendo a los consumidores recuperar los gastos cuando los casos se saldan a su favor. Cada vez serán más los abogados que decidan especializarse en disputas de resolución mediante arbitraje.