La promesa de que medir y poner precio al impacto ambiental y social de las empresas puede conducir a un capitalismo más responsable es uno de los supuestos dominantes en la agenda de sostenibilidad. Sin embargo, un trabajo reciente publicado en Journal of Management Inquiry plantea que ese enfoque, lejos de ser neutral, conlleva riesgos conceptuales, éticos y operativos que merecen una discusión más profunda.
La centralidad del impacto en la agenda corporativa
El artículo, titulado “A critical examination of corporate environmental and social impact measurement and valuation”, parte de un diagnóstico compartido: las empresas ocupan un lugar central tanto en la generación como en la mitigación de problemas estructurales como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad o las violaciones a los derechos humanos en las cadenas de suministro. Frente a ese escenario, reguladores, inversores y managers impulsan mecanismos de mayor transparencia y rendición de cuentas.
En ese marco se inscribe la expansión de la medición y valuación del impacto ambiental y social —conocida como impact measurement and valuation (IMV)—, que propone cuantificar las externalidades empresarias y traducirlas en unidades monetarias. El objetivo declarado es facilitar la comparación, mejorar la toma de decisiones y acelerar la transición hacia modelos de negocio más sostenibles.
Tres preguntas incómodas
Lejos de rechazar de plano esta tendencia, los autores organizan su análisis en torno a tres interrogantes centrales. Primero, qué se entiende por “impacto” y quién define su alcance. Segundo, cómo se lo mide y reporta sin caer en simplificaciones que distorsionen la realidad. Y tercero, en qué medida resulta apropiado asignar valores monetarios a efectos sociales y ambientales que, en muchos casos, son intrínsecamente cualitativos.
El trabajo reúne contribuciones de especialistas en management, contabilidad y ética empresarial, entre ellos Andreas Rasche, Colin Mayer, Andrew King y Ken Pucker. El formato es deliberadamente plural: no busca una conclusión única, sino exponer tensiones y desacuerdos que atraviesan el debate.
El problema de definir impacto
Uno de los primeros obstáculos señalados es la propia definición de impacto corporativo. Aunque suele describirse como “la diferencia que genera una organización sobre la sociedad y el ambiente”, esa noción abre interrogantes sobre adicionalidad, intencionalidad y responsabilidad. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de una empresa por los usos que terceros hacen de sus productos? ¿Cómo distinguir entre impactos directos, indirectos y sistémicos?
Algunos autores sostienen que focalizar en la empresa individual puede resultar engañoso, dado que los grandes desafíos ambientales y sociales son de naturaleza sistémica. Desde esa perspectiva, proponen evaluar la contribución de las compañías a estrategias colectivas —como políticas públicas o acuerdos sectoriales— más que intentar aislar su “impacto neto”.
Medir no siempre es gestionar mejor
El segundo eje del trabajo pone el foco en la traducción del impacto a métricas, reportes y sistemas contables. La consigna “lo que se mide se gestiona” es cuestionada por su reverso: lo que no se puede medir con facilidad tiende a quedar fuera de la agenda.
Los autores advierten que la cuantificación excesiva puede inducir comportamientos defensivos, incentivos perversos o una ilusión de precisión. En el plano social, donde los efectos suelen ser contextuales y acumulativos, la medición enfrenta mayores niveles de incertidumbre. La comparación entre empresas o regiones, en esos casos, puede ocultar más de lo que revela.
También se destaca el cambio temporal que introducen los nuevos estándares de sostenibilidad. A diferencia de la contabilidad financiera tradicional, orientada al pasado, los reportes de impacto obligan a pensar en escenarios futuros, riesgos de largo plazo y transiciones aún inciertas.
El riesgo de ponerle precio a todo
El tramo más crítico del paper se concentra en la monetización del impacto. Asignar un valor económico a emisiones, daños ambientales o vulneraciones de derechos puede facilitar la integración de estos factores en decisiones financieras. Pero también plantea dilemas éticos relevantes.
El trabajo señala que ciertos impactos —como el trabajo infantil o la pérdida de vidas humanas— difícilmente puedan reducirse a un cálculo costo-beneficio sin erosionar su dimensión moral. Además, la práctica de “netear” impactos positivos y negativos en una sola cifra corre el riesgo de legitimar daños bajo el argumento de beneficios compensatorios.
En este punto, algunas contribuciones proponen invertir la lógica: en lugar de financiarizar los valores, incorporar valores explícitos en la definición de ganancias y costos empresariales, obligando a las compañías a internalizar efectivamente los daños que generan.
Un debate abierto
El artículo concluye que la medición y valuación del impacto no es un ejercicio técnico neutro, sino una construcción social cargada de supuestos normativos. Si bien puede aportar transparencia y comparabilidad, no reemplaza el debate político y ético sobre qué tipo de desarrollo se busca y quién debe asumir sus costos.
Más que descartar la medición del impacto, el trabajo invita a usarla con cautela, reconociendo sus límites y evitando que se convierta en un sustituto de decisiones regulatorias o transformaciones estructurales más profundas. En un contexto de creciente estandarización global, la advertencia resulta particularmente pertinente.
