Renovables: una política en pausa y sin horizonte claro

En 2015, la sanción de la Ley 27.191 marcó un hito en la política energética argentina al fijar objetivos ambiciosos para la incorporación de energías renovables no convencionales a la matriz eléctrica. La norma establecía una meta del 20% de participación renovable hacia 2025, alineada con los compromisos del país en el marco del Acuerdo de París. Sin embargo, a pocos meses del cierre de ese plazo, diversos ejercicios de simulación realizados por FIEL indican que el objetivo no será alcanzado, incluso bajo supuestos optimistas de continuidad de los contratos firmados.

La autora del estudio, Marcela Panadeiros, contextualiza el análisis en el marco de los cambios políticos y económicos experimentados desde 2019. El nuevo escenario difiere notablemente del que permitió la expansión inicial de fuentes como la solar y la eólica. La inestabilidad macroeconómica, la fragilidad fiscal, las dificultades para obtener financiamiento y la falta de continuidad en la gestión de políticas públicas configuraron un contexto adverso para nuevas inversiones.

Una política que se estancó

Entre 2016 y 2019, el gobierno nacional promovió programas como RenovAr, que lograron adjudicar más de 4 GW en proyectos con contratos a 20 años bajo condiciones competitivas. No obstante, muchos de esos contratos enfrentaron demoras o cancelaciones debido a la devaluación, el cepo cambiario y el aumento del riesgo país. A ello se sumaron problemas regulatorios, como la falta de actualización tarifaria, demoras en habilitaciones y conflictos en la asignación de prioridad de despacho.

Desde 2020 en adelante, el impulso inicial se desdibujó. Las licitaciones dejaron de realizarse y no se diseñaron instrumentos alternativos que permitieran asegurar la continuidad de los objetivos establecidos por ley. El incumplimiento de las metas no generó sanciones ni revisiones institucionales, lo que refuerza la percepción de un esquema normativo sin fuerza ejecutiva.

Escenarios y limitaciones

FIEL realizó simulaciones que contemplan tanto la producción actual como los proyectos en desarrollo. Incluso si se terminan todas las obras en curso y no se rescinde ningún contrato, la participación de las renovables en la matriz eléctrica apenas superaría el 17% en 2025. En un escenario más realista, que contemple cancelaciones y menor demanda eléctrica por la desaceleración económica, ese porcentaje podría ser inferior al 15%.

La situación se agrava si se considera que la ley contempla penalidades económicas para los grandes usuarios que no cumplan con el cupo mínimo de consumo renovable. En la práctica, estas sanciones no se han aplicado de manera sistemática, lo que debilitó la señal de precios para promover nuevas inversiones.

Diagnóstico institucional

El estudio identifica varias fallas institucionales que explican la pérdida de dinamismo del sector. Por un lado, la discontinuidad política, con cambios frecuentes en los responsables del área energética, impidió una visión de largo plazo. Por otro, la crisis fiscal llevó a concentrar el gasto en subsidios generalizados en lugar de canalizarlos a sectores estratégicos como la infraestructura de transmisión o los sistemas de almacenamiento.

Asimismo, se destaca la ausencia de una estrategia de transición energética coherente. Si bien existen compromisos climáticos asumidos por la Argentina, no se ha elaborado un plan integral que articule metas de reducción de emisiones con políticas de inversión y mecanismos financieros adecuados. La ley vigente carece de mecanismos automáticos de actualización tecnológica o revisión periódica de metas.

Propuestas para reactivar la política renovable

El informe de Panadeiros sugiere una serie de acciones para evitar una reversión del camino recorrido:

1. Revisión y actualización de la Ley 27.191, con metas intermedias realistas y mecanismos correctivos ante desvíos.
2. Reorganización institucional de los organismos responsables, con mayor autonomía técnica y presupuestaria.
3. Reapertura de licitaciones bajo esquemas adaptados a la nueva realidad financiera del país.
4. Estímulos fiscales selectivos para tecnologías con mayor potencial de expansión.
5. Priorización de inversiones en transmisión y almacenamiento, necesarias para evitar cuellos de botella.

El documento concluye que, más allá de los problemas coyunturales, la Argentina aún posee ventajas comparativas significativas en generación renovable. Sin embargo, convertir ese potencial en capacidad instalada efectiva requerirá voluntad política, previsibilidad jurídica y marcos regulatorios creíbles. Sin esas condiciones, la transición energética quedará relegada frente a urgencias fiscales y políticas de corto plazo