El Círculo de Políticas Ambientales y Sin Azul No Hay Verde difundieron en Buenos Aires el informe “El caso Univpesca: por qué necesitamos un registro público de embarcaciones y permisos pesqueros”, que analiza la entrega y transferencia de permisos de pesca a empresas con antecedentes comprobados de pesca ilegal en la Zona Económica Exclusiva argentina.
El documento señala que Univpesca, subsidiaria de la corporación estatal china China National Fisheries Corporation (CNFC), cuyos buques han sido detenidos y sancionados por pesca ilegal en varias oportunidades, recibió permisos de pesca y fue autorizada posteriormente a transferirlos dentro del mismo grupo empresarial. En 2016, el Consejo Federal Pesquero permitió la transferencia de permisos a COFC, cuyas embarcaciones Zhou Yu 9 y Zhou Yu 10 presentan historial de pesca no regulada y vínculos societarios con Univpesca. Los permisos continúan vigentes, aunque la normativa exige su caducidad automática ante violaciones al artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca.
Milko Schvartzman, coordinador de Océanos del Círculo de Políticas Ambientales, afirmó: “Estas decisiones violan lo establecido por el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca, que prohíbe otorgar permisos a armadores involucrados en pesca ilegal o con vínculos jurídicos, económicos o de beneficio con quienes la practiquen. Además, el caso revela fallas en la verificación de antecedentes y en la identificación de relaciones societarias”.
El análisis advierte que la información oficial sobre embarcaciones, armadores y permisos se encuentra dispersa entre distintos organismos, lo que dificulta el control y el monitoreo social. Las organizaciones proponen crear un Registro Público de Embarcaciones y Permisos Pesqueros, accesible y actualizado, para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.
Consuelo Bilbao, directora política del Círculo de Políticas Ambientales, sostuvo: “Sin transparencia, los mismos errores (voluntarios o involuntarios) pueden repetirse. El caso Univpesca evidencia una contradicción directa con el artículo 27 bis y muestra que la falta de acceso a información pública permite que decisiones administrativas incumplan la ley. Sin transparencia sobre las flotas y las pesquerías, estos casos pueden repetirse”.
Juan Coustet, coordinador de investigación de Sin Azul No Hay Verde, agregó: “En Argentina, la información oficial sobre buques, permisos y pesquerías se encuentra dispersa entre distintos organismos y no todos los datos son abiertos y de fácil acceso. A diferencia de otros países de la región no tenemos un registro o lista pública que centralice, actualice y facilite el acceso a los datos de la flota pesquera”.
