La Red de Manejo del Fuego Rural presentó ante las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General del Honorable Senado de la Nación su posición técnica sobre las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego (Ley N.º 26.815), incluidas en el Proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada (Exp. PE 13/26). El planteo buscó diferenciar entre protección ambiental y reglas de uso del suelo posteriores a un incendio.
La entidad sostuvo que la reforma no implica una flexibilización ambiental. El foco, indicó, está en corregir distorsiones del régimen vigente que generaron efectos jurídicos y económicos adversos sin reducir los incendios. Entre los puntos centrales, propuso evitar que la normativa trate como culpables a quienes sufren un incendio.
En ese sentido, cuestionó el esquema establecido por la Ley N.º 27.604, que introdujo restricciones automáticas sobre el uso del suelo tras incendios sin distinguir el origen ni las circunstancias del siniestro. “Se configuro un esquema que, en la practica, presume culpabilidad y aplica consecuencias sobre propietarios que tambien son victimas del incendio”, indicaron desde la Red. También advirtieron que el enfoque actual no demostró eficacia en la reducción de la siniestralidad, genera incentivos que desalientan la denuncia de incendios y produce efectos económicos desproporcionados sobre las tierras afectadas.
En materia ambiental, la Red remarcó que la reforma mantiene intacta la protección de los bosques nativos conforme al ordenamiento territorial establecido por la Ley N.º 26.331. Las modificaciones, explicó, se concentran en eliminar restricciones generalizadas que hoy se aplican también sobre tierras productivas, sin diferenciación ni sustento técnico.
Otro eje fue la ausencia de evidencia científica que respalde los plazos de restricción de uso del suelo, que pueden llegar a 30 y 60 años. La entidad sostuvo que los tiempos de recuperación varían según el ecosistema; en muchos casos resultan significativamente menores; y pueden incluir cambios en el uso del suelo como parte del proceso de restauración.
En el plano económico y de seguridad jurídica, señaló que el régimen vigente genera pérdida de valor de los activos, incertidumbre para la inversión y restricciones que afectan el uso productivo del suelo de manera desproporcionada. A la vez, planteó que la discusión sobre incendios rurales requiere un abordaje más amplio que incluya prevención, detección temprana, ataque rápido, control, identificación de causas y responsabilidades, y restauración.
“La proteccion ambiental y el respeto al debido proceso no son objetivos en conflicto. Corregir una regulacion que genera distorsiones es un paso necesario para construir politicas publicas mas eficaces”, concluyeron.
