La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un fallo que obliga al Estado Nacional, a la provincia de Jujuy y a dos compañías petroleras a implementar un plan de cese y recomposición ambiental en el Parque Nacional Calilegua y un pozo lindero. La resolución llega tras años de demandas de vecinos y organizaciones como Greenpeace.
El fallo establece que las petroleras involucradas y el gobierno provincial deberán ejecutar el proceso de cierre y remediación antes del 31 de diciembre de 2030. La Administración de Parques Nacionales supervisará la implementación, mientras que el Estado Nacional será responsable solidario en su cumplimiento. El tribunal especificó que el plan debe respetar los requisitos técnicos y legales definidos por la Secretaría de Energía de la Nación y la Administración de Parques Nacionales.
Antecedentes legislativos y reclamos sociales
En diciembre de 2015, la legislatura de Jujuy anuló las concesiones hidrocarburíferas otorgadas dentro del área protegida. Esta decisión fue resultado del reclamo de guardaparques, comunidades indígenas, organizaciones sociales, la Auditoría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la campaña de Greenpeace, que reunió el apoyo de más de 270.000 personas.
En 2018, la Administración de Parques Nacionales y el gobierno provincial suspendieron la afección de la zona del Yacimiento Caimancito hasta que se realice la remediación ambiental, favoreciendo la continuidad de la actividad petrolera. Ante ello, en 2019, Greenpeace y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas presentaron un amparo ante la Corte Suprema.
El valor ambiental del Parque Calilegua
El Parque Nacional Calilegua, creado en 1979, comprende 76.306 hectáreas y alberga especies de flora y fauna en peligro de extinción. Su territorio protege ambientes de alta biodiversidad, como la Selva de Yungas, y concentra la mitad de las aves del país.
Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace, expresó: “Se trata de un fallo histórico que por fin resolverá algo que venimos exigiendo desde hace mucho tiempo junto a guardaparques, vecinos, comunidades indígenas y organizaciones sociales: es absurdo, ilegal y peligroso que haya petroleras operando dentro de un Parque Nacional”.
El dictamen judicial marca el plazo definitivo para el cierre de la actividad petrolera y la recomposición ambiental en el área protegida, según informó la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
