GEMERA apoya precisiones en la Ley de Glaciares y destaca el rol de las provincias mineras

El Grupo de Empresas Exploradoras de la República Argentina (GEMERA) expresó su respaldo al proyecto de ley presentado por el Gobierno nacional que busca introducir aclaraciones a la Ley Nº 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. La entidad considera que la iniciativa representa un avance relevante para fortalecer la certeza jurídica y la claridad normativa, preservando el objetivo central de la ley: la protección de los glaciares y de las geoformas periglaciales que cumplen funciones ambientales esenciales, especialmente como reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedoras de agua para la recarga de cuencas hidrográficas. Según GEMERA, la protección debe focalizarse en aquellos glaciares y ambientes periglaciales que efectivamente cumplen funciones estratégicas, sobre la base de criterios técnicos y científicos, evaluaciones específicas y análisis caso por caso, evitando interpretaciones genéricas. Una regulación clara y precisa, que permita identificar con rigor técnico cuándo se cumplen dichas funciones, refuerza la protección ambiental, mejora los procesos de evaluación de impacto ambiental y contribuye a una gestión hídrica más eficaz, transparente y sustentable. El proyecto de ley incorpora aportes de las provincias mineras en ámbitos como la Mesa del Cobre, presidida por el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, y la del Litio, presidida por el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil. Esto promueve una interpretación armónica de la Ley de Glaciares que respeta el federalismo ambiental. GEMERA destaca que el reconocimiento del rol de las provincias, conforme al dominio originario de los recursos naturales, es fundamental para compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo productivo y el fortalecimiento de las economías regionales. La organización reafirma su compromiso con una actividad exploratoria responsable y considera que el diálogo federal, técnico e institucional constituye el camino para construir consensos duraderos que integren ambiente, agua, producción y desarrollo.