Argentina ratifica acuerdo internacional para limitar subsidios a la pesca en el Atlántico Sur
La Organización Mundial del Comercio aprobó un acuerdo que prohíbe subsidios a la pesca destructiva e ilegal. Argentina formalizó su adhesión en julio, afectando especialmente flotas extranjeras y promoviendo condiciones de competencia más equilibradas. El impacto alcanza tanto al ecosistema marino como al sector pesquero nacional.

La Organización Mundial del Comercio (OMC) dio luz verde a un acuerdo internacional que prohíbe los subsidios a la pesca destructiva, ilegal y no regulada. La medida apunta a contener la depredación de especies clave en el Atlántico Sur y regular la actividad de flotas que operan bajo prácticas desleales, en su mayoría provenientes de China, Corea del Sur, Taiwán y España.
El acuerdo, ratificado por Argentina en julio, consolida una política de Estado que el país impulsa desde hace años. En 2017, durante una reunión de la OMC en Buenos Aires, la delegación argentina promovió la aprobación del acuerdo, buscando limitar el impacto negativo de la actividad pesquera intensiva en la región.
La pesca masiva del calamar Illyx argentinus, segunda especie más capturada globalmente, afecta el equilibrio del ecosistema y repercute en mamíferos marinos, aves y otras especies. Gran parte de las embarcaciones extranjeras operan bajo subsidios estatales, lo que les permite mantener la rentabilidad incluso sin cumplir normas laborales ni ambientales. Milko Schvartzman, especialista en pesca ilegal, señala: “Es como si un negocio cruzando la calle no pagara impuestos y el Estado lo premiara con electricidad y servicios gratuitos. Ningún sistema en el mundo funcionaría así”.
La nueva normativa busca reducir la presión sobre el ecosistema, equilibrar la competencia para los pescadores legales y fortalecer la trazabilidad de los productos pesqueros. Schvartzman sostiene: “Sin esos subsidios, muchas embarcaciones van a tener que operar a pérdida, y eso probablemente va a reducir la presión sobre el ecosistema”. Además, remarca la importancia de la fiscalización, aunque advierte sobre la ausencia de un organismo regulador específico para el Atlántico Sur.
El acuerdo también incentiva la conciencia del consumidor respecto al origen y la legalidad de los productos pesqueros. En Argentina, casi el cuarenta por ciento del pescado comercializado no corresponde a la especie indicada, lo que suma desafíos en materia de transparencia y sostenibilidad.
“Esto no es solo una señal, va a tener repercusión en el mundo real. Es un paso enorme para que el Atlántico Sur empiece a sanar”, concluye Milko Schvartzman.
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