La madrugada del miércoles 13 de agosto encontró a la Cámara de Representantes de Uruguay votando la media sanción del proyecto de “muerte digna”. La sesión se inició el martes 12 y se extendió durante catorce horas. La iniciativa recibió 64 votos afirmativos y 29 negativos. El trámite continuará en el Senado, primero en comisión y luego en el pleno.
Qué habilita el proyecto
El texto define la eutanasia como el procedimiento realizado por un médico —o bajo su responsabilidad— para provocar la muerte de una persona mayor de edad, psíquicamente apta, que cursa una enfermedad incurable e irreversible o padece sufrimientos que considera insoportables, con grave deterioro de su calidad de vida. El pedido debe ser personal, reiterado y fehaciente. Intervienen al menos dos profesionales, con entrevistas sucesivas para garantizar el consentimiento informado. En caso de discrepancias entre los médicos, se prevé la revisión por una junta o comité.
La norma contempla la objeción de conciencia individual de los profesionales de la salud. Si el médico tratante declina intervenir, la institución debe asegurar la continuidad del proceso mediante sustitución. También limita el acceso a residentes y ciudadanos con acreditación válida en el país.
Cómo sigue el trámite legislativo
Tras la media sanción, el proyecto será analizado por la Comisión de Salud del Senado. Allí se incorporarán eventuales ajustes técnicos antes del tratamiento en el recinto. El Frente Amplio cuenta con mayoría en la Cámara alta, lo que, según el panorama político, facilita la aprobación en el semestre en curso.
Contexto regional y antecedentes
Si el Senado confirma la sanción, Uruguay se convertiría en el primer país de América Latina en regular la eutanasia por vía legislativa. En Colombia y Ecuador, prácticas de muerte asistida y eutanasia fueron habilitadas por fallos judiciales, no por leyes del Congreso. Esta diferencia institucional coloca a Uruguay en una senda singular dentro de la región.
El debate uruguayo se remonta al menos a 2019, cuando cobró visibilidad la militancia pública por legalizar la eutanasia. Sobre esa base, distintos proyectos confluyeron en un texto que fue perfeccionado en los últimos años. El documento repartido más reciente, base de la discusión, fijó definiciones, condiciones de acceso y garantías procedimentales.
Sistema de salud: protocolos y costos
La implementación exigirá protocolos claros en prestadores públicos y privados. El modelo propuesto ordena circuitos de admisibilidad (evaluación de capacidad, diagnóstico y alternativas terapéuticas), verificación de la voluntad autónoma del paciente y registro documental de cada instancia. La objeción de conciencia requiere que las instituciones planifiquen sustituciones, sin demoras indebidas, para garantizar la continuidad del trámite.
En términos operativos, la carga recae en equipos clínicos, comités de ética y servicios de apoyo. Más allá del debate bioético, el sistema deberá compatibilizar estas prácticas con la política de cuidados paliativos, reforzada por una ley aprobada en 2023 que buscó universalizar su acceso. La coexistencia normativa supone articular derivaciones, información al paciente y registros homogéneos.
Los argumentos en el recinto
Durante el debate, legisladores promotores subrayaron el principio de autonomía y el derecho a evitar sufrimientos que la medicina no consigue aliviar. Entre los respaldos, se destacó que el procedimiento incluye múltiples salvaguardas clínicas y administrativas para reducir riesgos de presión o error.
Los opositores advirtieron sobre el valor de la vida como bien jurídico y reclamaron fortalecer aún más los cuidados paliativos y el soporte psicosocial. Organizaciones religiosas manifestaron su rechazo en la previa de la votación.
Señal política y repercusión
La votación reflejó un apoyo transversal: acompañaron el Frente Amplio y legisladores de partidos opositores. Para el oficialismo, la media sanción consolida una agenda de derechos con antecedentes en matrimonio igualitario, interrupción voluntaria del embarazo y regulación del cannabis. Analistas internacionales remarcaron que el diseño uruguayo replica estándares de países como España y Canadá, con juntas revisoras y trazabilidad documental.
Qué mirar hacia adelante
La etapa en el Senado será clave para afinar redacciones sobre consentimiento, salvaguardas y objeción de conciencia, y para definir mecanismos de supervisión estadística. En el plano operativo, prestadores integrales y aseguradoras deberán adaptar manuales, circuitos de auditoría y capacitación específica. La coordinación con cuidados paliativos será central para que la elección del paciente se produzca tras información completa y accesible.
La media sanción uruguaya instala un precedente regional con impacto jurídico, sanitario y cultural. El resultado final dependerá de la letra que fije el Senado y de la capacidad del sistema de salud para traducir la norma en prácticas verificables y transparentes.
