El juicio contra Jair Bolsonaro por el intento de golpe del 8 de enero de 2023 se había consolidado como un proceso judicial brasileño de alcance histórico. El Supremo Tribunal Federal (STF) instruía la causa con abundantes pruebas: borradores de decretos de excepción, testimonios de militares, confesiones de colaboradores y evidencia documental. El objetivo era determinar si el expresidente y su círculo cercano diseñaron un plan para desconocer la elección que llevó a Lula al poder.
En condiciones normales, un proceso de esta magnitud debería quedar enmarcado en la jurisdicción y soberanía de Brasil. Sin embargo, el retorno de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos en enero de 2025 cambió el escenario. Apenas unas semanas después de asumir, Trump comenzó a referirse públicamente al caso Bolsonaro como una “cacería de brujas”. En sus discursos, vinculó el juicio brasileño con lo que él mismo había enfrentado tras el asalto al Capitolio en 2021. Desde esa analogía, decidió actuar.
Aranceles como arma política
En julio de 2025, la administración Trump anunció un arancel del 50% a todas las importaciones provenientes de Brasil. La medida sorprendió a diplomáticos y empresarios de ambos países: no existía un conflicto comercial que la justificara. Estados Unidos mantenía superávit en su balanza con Brasil y no había litigios abiertos en la OMC.
El propio Trump aclaró la motivación en una carta pública: el arancel buscaba presionar al gobierno de Lula para que detuviera lo que calificaba de “persecución” contra Bolsonaro. El lenguaje fue explícito: “Este juicio no debería estar en marcha. Es una caza de brujas que debe terminar”. De ese modo, la política comercial estadounidense se convirtió en un instrumento directo de injerencia en un proceso judicial extranjero.
Para Brasil, el impacto económico era considerable. Estados Unidos es uno de sus principales destinos de exportación de acero, aluminio, carne y productos agrícolas. El arancel amenazaba con recortar miles de millones de dólares en ventas y afectar el empleo en sectores clave. La reacción inicial del gobierno de Lula fue diplomática: denunció la medida ante la OMC y convocó a consultas bilaterales. Sin embargo, Washington mantuvo firme la sanción.
Sanciones a un juez del Supremo
La escalada no se limitó a lo comercial. En agosto de 2025, el Departamento del Tesoro estadounidense, bajo la Ley Global Magnitsky, anunció sanciones económicas contra Alexandre de Moraes, juez del STF e instructor del caso Bolsonaro. La acusación lo señalaba de “censura opresiva, detenciones arbitrarias y procesamientos politizados”.
Las sanciones incluyeron la congelación de activos que Moraes pudiera tener en jurisdicción estadounidense y la prohibición de ingreso al país. También se aplicaron restricciones de visado a otros magistrados y fiscales brasileños vinculados a la investigación del 8 de enero. El mensaje era inequívoco: Estados Unidos no reconocía la legitimidad de las actuaciones judiciales en Brasil cuando afectaban a un aliado político de Trump.
La reacción en Brasilia fue inmediata. El gobierno calificó la decisión de “injerencia inaceptable” y el STF emitió una resolución reafirmando que ninguna orden extranjera puede tener efecto en territorio nacional sin homologación judicial. Lula, en un discurso transmitido en cadena nacional, declaró: “Brasil no se deja gobernar por decretos de otro país. Defenderemos nuestra soberanía y la independencia de nuestros jueces”.
El papel de Eduardo Bolsonaro
La ofensiva de Trump coincidió con el activismo de Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño, quien se trasladó a Estados Unidos en marzo de 2025. Desde allí, intensificó contactos con legisladores republicanos y funcionarios de la Casa Blanca. Reportes de prensa sugirieron que Eduardo habría impulsado directamente la inclusión de Moraes en la lista de sancionados, argumentando que el magistrado había vulnerado derechos políticos fundamentales.
El episodio abrió un debate en Brasil sobre la existencia de un “lobby transnacional” que buscaba blindar a Jair Bolsonaro a través de la presión externa. La Procuraduría General de la República inició investigaciones preliminares sobre posibles coordinaciones entre el clan Bolsonaro y funcionarios estadounidenses. Aunque no se han presentado cargos, la sospecha alimenta la percepción de que la injerencia no fue unilateral: fue solicitada y celebrada por actores brasileños.
Reacciones internas e internacionales
En el plano interno, la intervención de Trump tuvo un efecto paradójico. Mientras movilizó a los simpatizantes de Bolsonaro —que en manifestaciones portaban carteles de “SOS Trump” y agradecían su apoyo—, también fortaleció la posición de Lula entre quienes veían en la presión externa un atentado a la soberanía nacional. El oficialismo aprovechó el episodio para subrayar que el juicio contra Bolsonaro no era un capricho político, sino un proceso judicial que contaba con legitimidad interna frente a presiones externas.
En el ámbito internacional, la respuesta fue más tibia. La Unión Europea expresó “preocupación” por las sanciones contra jueces brasileños, pero evitó confrontar directamente con Washington. Gobiernos latinoamericanos aliados de Lula, como México y Chile, manifestaron solidaridad. Organizaciones de derechos humanos criticaron que Estados Unidos sancionara a un magistrado por sus decisiones judiciales, algo que consideraron incompatible con la defensa del Estado de Derecho.
Impacto económico y político
Los aranceles estadounidenses golpearon particularmente a la industria siderúrgica brasileña, que destina buena parte de sus exportaciones al mercado norteamericano. También afectaron a la agroindustria, en especial al sector cárnico. Los empresarios brasileños presionaron a Lula para buscar una solución negociada, pero el presidente mantuvo la postura de no condicionar la justicia a intereses comerciales.
Políticamente, la injerencia de Trump se convirtió en un factor adicional en el debate sobre la amnistía. Los defensores de Bolsonaro argumentaron que si un presidente estadounidense cuestionaba el proceso, era prueba de su ilegitimidad. Los detractores replicaron que ningún país puede decidir sobre la validez de las instituciones brasileñas. El conflicto reforzó la polarización y añadió una dimensión internacional a un juicio ya de por sí divisivo.
Un precedente inquietante
La intervención de Trump abre un precedente inquietante para la relación entre justicia interna y política internacional. Hasta ahora, las sanciones bajo la Ley Magnitsky se habían aplicado contra violaciones de derechos humanos en regímenes autoritarios. Utilizarlas contra un juez de una democracia consolidada como Brasil implica un salto cualitativo. Sienta la idea de que Estados Unidos puede castigar a magistrados extranjeros por decisiones que incomodan a la Casa Blanca.
Desde la perspectiva brasileña, el episodio plantea un dilema. Resistir las presiones refuerza la autonomía institucional, pero acarrea costos económicos y diplomáticos. Ceder, en cambio, implicaría admitir que la justicia puede ser condicionada por intereses externos. Lula eligió la primera opción, aun a riesgo de agravar tensiones comerciales.
La dimensión simbólica
Más allá de los efectos prácticos, la injerencia de Trump tuvo una dimensión simbólica profunda. Reforzó la narrativa de un bloque de ultraderecha transnacional que se protege a sí mismo frente a derrotas electorales. Para los bolsonaristas, fue la confirmación de que no estaban solos. Para los defensores de la democracia brasileña, fue la evidencia de que el juicio contra Bolsonaro trasciende fronteras y se inscribe en una disputa global.
La actuación de Donald Trump en el proceso judicial brasileño muestra hasta qué punto las democracias contemporáneas están interconectadas. La defensa de un aliado político en otro país llevó al presidente de Estados Unidos a sacrificar relaciones comerciales, aplicar sanciones financieras y desafiar la independencia de un poder judicial extranjero.
Brasil enfrenta así un doble reto: resolver con rigor jurídico el juicio contra Bolsonaro y demostrar que su sistema institucional es inmune a presiones externas. La manera en que logre equilibrar justicia interna y soberanía nacional marcará no solo el desenlace del caso, sino también el lugar de Brasil en un mundo donde las fronteras entre política doméstica e injerencia internacional son cada vez más difusas.
