El 18 de junio de 2025, durante un ensayo estático en la base de Boca Chica, Texas, el prototipo de la etapa superior del cohete Starship —desarrollado por la empresa SpaceX— sufrió una explosión que volvió a poner en entredicho la política ambiental de la compañía de Elon Musk. Aunque el incidente no causó víctimas, sus consecuencias podrían trascender las fronteras de Estados Unidos. El gobierno mexicano, a través de su Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), anticipó que evalúa acciones legales por el posible impacto ecológico en su territorio.
La explosión tuvo lugar a escasos kilómetros de la frontera. La cercanía geográfica con ecosistemas compartidos, como las reservas costeras del Golfo de México, abre un nuevo capítulo en el debate sobre los límites jurídicos del desarrollo espacial y el principio de precaución en materia ambiental. Para las autoridades mexicanas, no puede descartarse una violación del derecho internacional ambiental, particularmente en lo que refiere a la obligación de no causar daño transfronterizo.
Riesgos acumulativos y un ecosistema frágil
La región de Boca Chica no es un desierto industrial, sino un ecosistema costero que alberga especies en peligro de extinción, como la tortuga lora y aves migratorias que utilizan esas playas como santuario. Organizaciones ambientalistas estadounidenses —algunas de ellas litigantes contra la propia Administración Federal de Aviación (FAA)— ya habían alertado sobre los efectos acumulativos de los lanzamientos de SpaceX. Entre los antecedentes se registran proyecciones de escombros, incendios provocados por motores de prueba y vibraciones comparables a movimientos sísmicos.
A estos elementos se suman ahora los testimonios de residentes del sur de Texas que, tras la explosión del Starship, describieron temblores, estallidos y un persistente olor químico en el aire. “Las ventanas vibraron como si fuera un terremoto”, declaró uno de los pobladores de Brownsville. Las denuncias apuntan no solo a la magnitud del estallido, sino a la falta de protocolos transparentes de mitigación ambiental.
La dimensión espacial de la contaminación
El concepto de “polución espacial” no se limita a la órbita terrestre. Incluye también los efectos que los lanzamientos provocan en el entorno inmediato. Los motores de los cohetes liberan gases y partículas —como los óxidos metálicos y los compuestos de cloro— que pueden persistir en la atmósfera y precipitarse en forma de residuos tóxicos. Las emisiones de ruido, a su vez, alteran los patrones de conducta de la fauna, mientras que las ondas de choque dañan nidos y vegetación sensible.
A diferencia de otras industrias, las actividades aeroespaciales no se encuentran sujetas a marcos normativos ambientales homogéneos a nivel internacional. Aunque existen acuerdos multilaterales —como el Principio 21 de la Declaración de Estocolmo de 1972—, su cumplimiento depende de la voluntad de los Estados y de mecanismos de cooperación bilateral. En este contexto, la posición del gobierno mexicano podría constituir un precedente si avanza hacia una demanda formal por daño transfronterizo.
La respuesta de la empresa
Desde SpaceX se sostiene que los motores Raptor, alimentados con metano líquido y oxígeno, generan una menor cantidad de residuos contaminantes que los sistemas propulsores tradicionales. También se destaca la reutilización de componentes como parte de una estrategia que, según la empresa, reduce la huella ecológica del programa Starship.
Sin embargo, la reciente explosión plantea interrogantes sobre la eficacia de esas medidas. Hasta el momento, no se han presentado estudios independientes que evalúen el impacto ambiental post-incidente, ni se ha informado oficialmente sobre los procedimientos para remediar la situación implementados. Este vacío de información alimenta la percepción de una gobernanza débil en materia de seguridad ecológica.
Geopolítica y responsabilidad ambiental
El incidente ocurre en un contexto donde el espacio se ha transformado en un nuevo territorio de competencia tecnológica, económica y estratégica. La frontera entre innovación y negligencia se vuelve difusa cuando los proyectos de exploración avanzan más rápido que la regulación. En esta carrera, la sustentabilidad ambiental parece quedar relegada a un segundo plano.
Si el reclamo mexicano prospera, no solo se abriría una vía inédita en la diplomacia ambiental aplicada al sector espacial, sino que se pondría en discusión el rol de los Estados frente al accionar de las empresas privadas en actividades de alto impacto. Como en otros episodios críticos del desarrollo tecnológico —la energía nuclear, los organismos genéticamente modificados, la inteligencia artificial—, la tensión entre soberanía, responsabilidad y beneficio económico vuelve a plantearse con crudeza.
En palabras del jurista colombiano Rafael Tamayo, especialista en derecho ambiental internacional, “los Estados no pueden escudarse en las fronteras para eludir la obligación de proteger bienes comunes como el aire, el agua y la biodiversidad”. Bajo esta premisa, la industria aeroespacial deberá adaptarse no solo a las exigencias del mercado, sino también a las normas de convivencia ambiental que impone un planeta compartido.
