El proyecto de presupuesto impulsado por la primera ministra Giorgia Meloni avanza en el Parlamento italiano bajo un clima de creciente controversia. Cuatro instituciones independientes —el Banco de Italia, el Instituto Nacional de Estadística (Istat), el Tribunal de Cuentas y la Oficina Parlamentaria de Presupuestos— advirtieron que la reforma fiscal prevista favorece a los sectores de mayores ingresos, en un contexto de desaceleración económica y presión inflacionaria.
Un presupuesto con sesgo regresivo
El plan de Meloni propone una rebaja gradual del impuesto sobre la renta (IRPF) y la consolidación de beneficios para los autónomos y las empresas, con el objetivo declarado de “estimular el empleo y la inversión”. Sin embargo, los organismos de control coinciden en que el impacto inmediato recaerá en la reducción de ingresos fiscales, comprometiendo la capacidad del Estado para sostener el gasto social.
Los ajustes proyectados implican una pérdida de recaudación estimada en 15.000 millones de euros para 2026, según cálculos de la Oficina Parlamentaria de Presupuestos. “El diseño de la reforma tiene un sesgo estructural hacia los tramos superiores de ingreso”, señaló el organismo en su informe.
La medida se enmarca en la estrategia política de Meloni de consolidar su base electoral entre los sectores medios y altos del norte industrial, tradicionalmente afines a la derecha italiana. Al mismo tiempo, busca mantener cohesionado el bloque de Fratelli d’Italia frente al avance de sus socios de coalición, la Liga de Matteo Salvini y Forza Italia.
Austeridad y redistribución inversa
Desde Bruselas, la Comisión Europea expresó reservas sobre el impacto del presupuesto en el cumplimiento de las metas fiscales del Pacto de Estabilidad, que volverá a regir en 2025. Italia mantiene una deuda pública superior al 137% del PBI y enfrenta la necesidad de reducir su déficit primario al 3% en los próximos dos años.
La paradoja del nuevo rumbo fiscal es que, mientras el gobierno italiano justifica su política en la necesidad de “responsabilidad presupuestaria”, aplica un esquema que recorta impuestos sin ampliar la base tributaria. En la práctica, los recursos liberados por la rebaja impositiva se concentran en los sectores de mayor poder adquisitivo, lo que analistas locales describen como “una versión moderna del Robin Hood al revés”.
Afinidad con la derecha europea
El giro económico de Meloni se alinea con las tendencias de otros gobiernos conservadores europeos. En España, Isabel Díaz Ayuso impulsa una política similar en la Comunidad de Madrid, basada en la reducción de impuestos patrimoniales y empresariales. En Hungría y Polonia, los gobiernos nacionalistas mantienen modelos que combinan control estatal con beneficios fiscales selectivos.
En el plano político, Meloni fortaleció su vínculo con líderes como Viktor Orbán y Marine Le Pen, con quienes comparte la agenda de soberanismo económico y rechazo a la redistribución comunitaria. Su discurso reciente ante el Parlamento Europeo insistió en “proteger el trabajo italiano frente a la burocracia de Bruselas”, en una línea retórica que refuerza su perfil nacionalista.
Entre la disciplina fiscal y la erosión del consenso
La política económica del Ejecutivo enfrenta un desafío interno: la pérdida de poder adquisitivo de los hogares italianos. Según el Istat, la inflación acumulada entre 2021 y 2024 redujo en 7,8% el ingreso real medio, con un impacto más fuerte en las regiones del sur. El crecimiento del PIB, proyectado en apenas 0,7% para 2025, limita el margen para una recuperación sostenida.
La popularidad de Meloni —que aún ronda el 34%, según el instituto Ipsos— comienza a mostrar signos de desgaste. Los sindicatos convocaron a movilizaciones en Roma y Milán contra lo que denominan “un presupuesto de exclusión”, mientras asociaciones empresarias advierten por la falta de incentivos a la inversión productiva.
“El gobierno busca equilibrio, pero corre el riesgo de consolidar desigualdades estructurales”, evaluó Lorenzo Codogno, ex economista jefe del Tesoro italiano. “Sin crecimiento ni redistribución, Italia puede caer en una trampa de estancamiento prolongado.”
Perspectiva regional y política
El proyecto presupuestario será clave para definir el posicionamiento de Italia dentro de la Unión Europea en 2026, cuando se revisen los mecanismos de estabilidad fiscal. La posición de Meloni —que exige mayor flexibilidad para los países con deuda alta— puede tensionar su relación con Alemania y Francia, principales defensores de la disciplina presupuestaria.
Mientras tanto, la primera ministra intenta proyectarse como una figura de liderazgo continental dentro de la ultraderecha. Su objetivo inmediato es preservar la cohesión del bloque de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) en el Parlamento Europeo, en vísperas de la renovación de autoridades de la Comisión.
Si el presupuesto logra aprobarse sin modificaciones sustanciales, consolidará el modelo económico que Meloni ha defendido desde su llegada al poder: un Estado más liviano, impuestos más bajos y una red de protección social restringida. Pero también podría acentuar el descontento social que amenaza con erosionar el consenso político que la llevó al gobierno en 2022.
