El presidente Luiz Inácio Lula da Silva firmó el denominado proyecto de ley antifacção, que busca fortalecer la capacidad del Estado brasileño para enfrentar a las organizaciones criminales que operan dentro y fuera del sistema penitenciario. La propuesta fue elaborada por el Ministerio de Justicia y enviada al Congreso Nacional para su tratamiento.
Endurecimiento de penas y nuevas figuras delictivas
El texto establece un aumento de las penas para quienes integren, financien o colaboren con facciones criminales. Las condenas pasarían de los actuales tres a ocho años de prisión a un rango de cinco a diez años.
También crea la figura de “organización criminal cualificada”, con penas de hasta quince años en los casos en que se compruebe dominio territorial o control de actividades económicas mediante amenazas o violencia. Cuando un homicidio sea cometido por orden de una facción, la sanción podrá llegar a treinta años y será considerado delito hediondo, sin posibilidad de indulto o anistía.
El proyecto incorpora, además, la creación del Banco Nacional de Organizações Criminosas, una base de datos que concentrará información biométrica y antecedentes sobre líderes y estructuras delictivas.
Nuevas herramientas de investigación
La propuesta amplía las facultades de investigación y control estatal. Autoriza la infiltración de agentes, la creación de empresas ficticias para operaciones encubiertas y el acceso a registros de conexión, geolocalización y movimientos financieros de los sospechosos.
También prevé el bloqueo de bienes y activos vinculados a las facciones, y refuerza el monitoreo de internos en el sistema penitenciario.
Contexto y motivación
El proyecto surge tras una serie de episodios de violencia en Río de Janeiro y São Paulo, que reavivaron el debate sobre la capacidad del Estado para contener el avance de las facções. Según datos del Ministerio de Justicia, las disputas entre grupos criminales y fuerzas de seguridad han dejado más de un centenar de muertos en los últimos meses, en operativos de alta complejidad.
Durante la ceremonia de firma, Lula afirmó que “las diferencias políticas no pueden impedir que avancemos” y pidió respaldo parlamentario para la aprobación rápida del texto.
Debate institucional
El proyecto generó distintas reacciones entre los gobiernos estaduales. Algunos mandatarios, como los de São Paulo y Río de Janeiro, expresaron preocupación por una eventual superposición de competencias entre la Unión y los estados en materia de seguridad.
El texto será discutido inicialmente en la Cámara de Diputados y luego en el Senado. En ambos casos se prevé un intenso debate sobre la aplicación de las medidas y su compatibilidad con las normas de derechos humanos.
Impacto potencial
Aunque su eje central es la seguridad pública, el proyecto podría tener efectos económicos y operativos. La implementación del Banco Nacional de Organizações Criminosas y de nuevas herramientas tecnológicas demandará inversión en sistemas de vigilancia, gestión de datos y capacitación de personal.
Las entidades financieras y las empresas tecnológicas podrían verse afectadas por la obligación de cooperar en la entrega de información sobre operaciones sospechosas.
Próximos pasos
La propuesta ya fue remitida al Congreso. Si se le otorga trámite de urgencia constitucional, deberá ser votada en un plazo de 45 días por cada cámara. El oficialismo confía en alcanzar acuerdos con los bloques opositores para evitar dilaciones.
De aprobarse sin modificaciones, el nuevo marco legal reemplazará parte de la Ley 12.850 de 2013, vigente hasta hoy, que definió por primera vez el delito de organización criminal.
El Ministerio de Justicia anticipó que, una vez sancionada, la norma será acompañada por un plan de implementación federal que incluirá cooperación con los estados, capacitación de agentes e integración de datos con la Policía Federal.
