El 8 de enero de 2023 dejó una evidencia irrefutable: hubo un asalto concertado a las sedes de los tres poderes del Estado. La discusión judicial actual no versa sobre ese hecho, hoy documentado por múltiples fuentes, sino sobre la cadena de mando que lo posibilitó. El Supremo Tribunal Federal (STF) procesó al expresidente Jair Bolsonaro y a exfuncionarios civiles y militares para establecer, con estándar probatorio penal, la autoría intelectual, la coautoría y las participaciones necesarias.
La arquitectura del proceso
El caso se instruye en la Primera Sala del STF, con cinco magistrados. La relatoría de las principales causas recae en Alexandre de Moraes, quien condujo la fase de investigación y cautelares. El diseño responde a dos objetivos: preservar la independencia del Poder Judicial y dar celeridad a un proceso con efectos sistémicos sobre el Estado de Derecho. La transmisión pública de audiencias y decisiones busca asegurar trazabilidad y control social del expediente.
La causa se estructuró en núcleos. Uno político—la eventual instigación y coordinación desde el entorno presidencial—, uno operativo—la logística para movilizar, financiar y sostener la irrupción—, y otro digital—la desinformación orientada a deslegitimar el sistema electoral. La hipótesis fiscal sostiene que estos tres ejes convergieron en un plan único orientado a impedir la ejecución del resultado electoral.
El juzgamiento de un expresidente exige tratamiento especial por prerrogativas de foro. Esa condición no disminuye el estándar de prueba; lo eleva. El tribunal no solo debe describir hechos, sino encadenarlos con indicios, testimonios y pericias que acrediten dolo, concierto y finalidad antijurídica.
Los cargos y su alcance
La imputación central se apoya en figuras de extrema gravedad: tentativa de abolición violenta del Estado de Derecho, tentativa de golpe de Estado, integración de organización criminal, daño al patrimonio público y destrucción de bienes protegidos. El conjunto tipifica un ataque al orden constitucional y a la administración de justicia.
Cada tipo penal traza un ángulo de responsabilidad. La tentativa de golpe requiere demostrar propósito específico: impedir el ejercicio de poderes legítimamente constituidos. La organización criminal demanda probar estructura, permanencia y división funcional de tareas. Los daños a bienes públicos y protegidos documentan la materialidad del ataque y anclan la causalidad entre discursos, logística y acción.
Más allá de la suma aritmética de penas, el tribunal debe definir la jerarquía de conductas. La autoría mediata—la dirección del hecho a través de aparatos organizados de poder—es el punto neurálgico: si existió comando político capaz de activar, orientar o tolerar la comisión de delitos con miras a alterar el resultado de la elección.
La prueba: de los indicios a la convicción
El expediente combina prueba directa e indiciaria. La directa incluye testimonios, actas, documentos y registros audiovisuales. La indiciaria enlaza concordancias: reuniones, borradores de decretos, flujos de comunicación, cronologías de órdenes y omisiones relevantes. La fuerza convictiva reside en la convergencia: un indicio aislado informa; varios, coherentes entre sí, persuaden.
La delación premiada, figura prevista en la legislación brasileña, se convirtió en pieza clave. Su valor no está en la mera confesión, sino en la capacidad de abrir caminos probatorios objetivos: mensajes, agendas, trazas de geolocalización, vínculos financieros. El tribunal pondera esas declaraciones con cautela y exige corroboración externa. La utilidad procesal surge cuando lo dicho se verifica en fuentes independientes.
El hallazgo de borradores normativos orientados a intervenir el proceso electoral y la documentación de esfuerzos por obtener respaldo institucional fortalecen la tesis acusatoria. Si esos documentos nacieron del entorno presidencial y fueron presentados a mandos militares o civiles, la línea de responsabilidad asciende. El tribunal deberá delimitar si se trató de discusión abstracta o de preparación concreta y, en este último caso, si alcanzó la fase ejecutiva.
La dimensión militar
Una pregunta central es el rol de las Fuerzas Armadas. El punto no es solo si se sumaron o no al intento, sino qué interlocución existió, qué ofertas o presiones se ejercieron y cómo reaccionó la cadena de mando. El rechazo explícito de la cúpula a avalar medidas de excepción debilita la viabilidad material del plan, pero no purga eventuales responsabilidades de quienes pudieron intentar cooptarlas.
Aquí opera un criterio fino: diferencia entre opinión política y compromiso institucional. Un oficial puede expresar una postura; otra cosa es concertar, ordenar o facilitar medios para subvertir el orden. La valoración judicial distribuye responsabilidades según actos, omisiones y capacidad de impedir el resultado. La jerarquía militar, por diseño, concentra deberes de garante: lo que un comandante tolera o no evita también integra el análisis.
La defensa y la teoría del “sin líder no hay golpe”
La línea defensiva sostiene que no hubo golpe por ausencia de líder, fuerzas y financiamiento centralizado. El argumento busca negar estructura y finalidad. El problema es que la autoría mediata no exige presencia física ni orden escrita: basta la capacidad de dominio del hecho a través de un aparato organizado. Si la acusación demuestra un ecosistema coordinado —narrativa de fraude, logística, ventanas de oportunidad— la tesis defensiva pierde tracción.
Otro eje defensivo es la alegada discusión “dentro de la Constitución”. Deliberar escenarios no es delito; preparar mecanismos para desconocer un resultado con apariencia legal sí puede serlo. El tribunal deberá separar libertad de expresión y crítica institucional —derechos protegidos— de la instrumentalización de esos derechos para encubrir un propósito antijurídico.
Finalmente, la defensa cuestiona la imparcialidad y la legalidad de medidas cautelares. El STF ha venido convalidando la competencia y los medios de investigación. Aun así, el control de convencionalidad y constitucionalidad acompañará la sentencia: proporcionalidad de cautelares, debido proceso y derecho de defensa. Una condena que no supere esos tests sería vulnerable en instancias internacionales.
Cadena de mando y “trazo fino” de la responsabilidad
Determinar responsabilidades en hechos complejos requiere trazo fino. El tribunal no califica ideologías, califica conductas. La narrativa de “fraude” puede ser políticamente reprobable; penalmente solo interesa si se empleó como instrumento para un fin ilícito. La foto del día del asalto es el epílogo; la película comienza antes: reuniones, documentos, llamadas, dinero, silencios.
Los financiadores —si los hay— enfrentan análisis específico. La línea de dinero, cuando existe, suele ser más elocuente que la de los discursos. Fletar ómnibus, costear alojamientos, aprovisionar logística: cada gasto deja huella. La diferencia entre donación política lícita y aporte a una finalidad delictiva se decide por contexto y destino. Si la Fiscalía prueba la intención final, el aporte puede integrar la coautoría o, al menos, la participación.
En paralelo, la responsabilidad por omisión cobra relevancia en autoridades con deber jurídico de actuar. Mandos policiales o administrativos que, pudiendo evitar la consumación, no lo hicieron sin justificación suficiente, podrían responder por prevaricación u otros tipos. El tribunal analizará si existió “zona liberada”, negligencia grave o simple saturación operativa.
Estándar probatorio y efectos sistémicos
El estándar es “más allá de duda razonable”, no convicción moral. De ahí la centralidad de pericias, cadenas de custodia y contradicción de pruebas. La sentencia deberá justificar por qué cada elemento probatorio supera tachas de ilicitud, sesgo o insuficiencia. En casos históricos, la obligación de motivar es doble: por el precedente que se fija y por la pedagogía institucional que se ejerce.
El efecto sistémico excede a los individuos. Una condena fundada envía una señal de disuasión: el Estado de Derecho no es negociable. Una absolución bien motivada envía otra: el proceso penal no es arma de lucha política. En ambos casos, la legitimidad se juega en la calidad jurídica de la decisión, no en el aplauso coyuntural.
Qué habilita una condena y qué cierra
Una eventual condena por tentativa de abolición del Estado de Derecho y golpe de Estado traza una frontera. Inhabilita proyectos que pretendan reescribir el resultado electoral por la vía de hecho, aun cuando busquen cobertura pseudo-legal. También ordena responsabilidades hacia abajo: operadores, financiadores, instigadores. Y depura la relación civil-militar, reafirmando que la lealtad institucional es a la Constitución, no a personas.
Por el contrario, un fallo que no logre demostrar mando y finalidad podría limitarse a responsabilizar autores materiales y operadores intermedios. Ese escenario no exonera la necesidad de reforma: protocolos de seguridad, estándares de interoperabilidad policial-militar, y políticas de integridad digital ante campañas de desinformación masiva.
El juicio en curso no es un plebiscito sobre ideas. Es un examen de hechos, voluntades y medios a la luz de la ley. Su norte no debe ser satisfacer a bandos, sino producir una decisión rigurosa, comprensible y resistente. Solo así el veredicto —cualquiera sea— contribuirá a estabilizar una regla simple y fundacional: las elecciones se ganan o se pierden; el poder no se toma por asalto ni se retiene por decreto.
