El verdadero costo de la “Belt and Road” de Beijing

Por Michael Bennon y Francis Fukuyama

China ha prestado más de 1 billón de dólares  (un millón de millones) a más de 100 países a través de este programa, lo que supone un gasto mucho mayor que el de Occidente en el mundo en desarrollo y a Por Michael Bennon y Francis Fukuyama

viva el temor a la expansión del poder y la influencia de Beijing.

Muchos analistas han calificado los préstamos chinos a través del BRI como “diplomacia atrapa-deuda” diseñada para dar a China influencia sobre otros países e incluso apoderarse de sus infraestructuras y recursos.

Después de que Sri Lanka se retrasara en los pagos de su problemático proyecto portuario de Hambantota en 2017, China obtuvo un contrato de arrendamiento por 99 años sobre la propiedad como parte de un acuerdo para renegociar la deuda. El acuerdo desató la preocupación en Washington y otras capitales occidentales de que el verdadero objetivo de Pekín fuera adquirir acceso a instalaciones estratégicas en todo el océano Índico, el golfo Pérsico y América.

Pero en los últimos años ha surgido una imagen diferente del BRI. Muchos proyectos de infraestructuras financiados por China no han obtenido los beneficios esperados por los analistas. Y como los gobiernos que negociaron estos proyectos a menudo acordaron respaldar los préstamos, se han encontrado con enormes deudas, incapaces de garantizar la financiación de futuros proyectos o incluso de pagar la deuda que ya han acumulado.

Esto es así no solo en Sri Lanka, sino también en Argentina, Kenia, Malasia, Montenegro, Pakistán, Tanzania y muchos otros países. El problema para Occidente no era tanto que China adquiriera puertos y otras propiedades estratégicas en los países en desarrollo como que estos países se endeudaran peligrosamente y se vieran obligados a recurrir al Fondo Monetario Internacional (FMI) y a otras instituciones financieras internacionales respaldadas por Occidente para que les ayudaran a devolver sus préstamos chinos.

En muchas partes del mundo en desarrollo, China ha llegado a ser vista como un acreedor rapaz e inflexible, no muy diferente de las empresas multinacionales y los prestamistas occidentales que trataron de cobrar las deudas incobrables en décadas pasadas. Dicho de otro modo, lejos de abrir nuevos caminos como prestamista depredador, China parece seguir una senda muy trillada por los inversores occidentales.

Sin embargo, al hacerlo, Beijing corre el riesgo de alienar a los mismos países que se propuso cortejar con el BRI y de dilapidar su influencia económica en el mundo en desarrollo. También corre el riesgo de exacerbar una crisis de la deuda ya dolorosa en los mercados emergentes que podría conducir a una “década perdida” del tipo que muchos países latinoamericanos experimentaron en la década de 1980.

Para evitar ese terrible desenlace -y para evitar gastar el dinero de los contribuyentes occidentales en el servicio de deudas chinas incobrables-, The Economist estima que Estados Unidos y otros países deberían impulsar reformas de amplio alcance que dificulten el aprovechamiento del FMI y otras instituciones financieras internacionales, imponiendo criterios más estrictos a los países que soliciten rescates y exigiendo más transparencia en los préstamos a todos sus miembros, incluida China.

Los números que no se ven

Beijing tenía múltiples objetivos para el BRI. Ante todo, pretendía ayudar a las empresas chinas -en su mayoría estatales, pero también algunas privadas- a ganar dinero en el extranjero, mantener a flote el enorme sector de la construcción de China y preservar los puestos de trabajo de millones de trabajadores chinos.

Sin duda, Beijing también tenía objetivos de política exterior y seguridad, como ganar influencia política y, en algunos casos, asegurarse el acceso a instalaciones estratégicas. El gran número de proyectos marginales emprendidos por Beijing deja entrever estas motivaciones: ¿Por qué si no financiar proyectos en países con enormes riesgos políticos, como la República Democrática del Congo o Venezuela?

Pero las acusaciones de diplomacia atrapa-deuda son exageradas. En lugar de endeudar deliberadamente a los prestatarios para obtener concesiones geopolíticas, lo más probable es que los prestamistas chinos no hayan actuado con la diligencia debida. Los préstamos del BRI son concedidos por bancos estatales chinos a través de empresas estatales chinas a empresas estatales de los países prestatarios. Los contratos se negocian directamente, en lugar de abrirse a la licitación pública, por lo que carecen de una de las ventajas de la financiación privada y la contratación abierta: un mecanismo de mercado transparente para garantizar que los proyectos sean financieramente viables.

Los resultados hablan por sí solos. En 2009, el gobierno de Montenegro licitó un contrato para construir una autopista que conectara su puerto adriático de Bar con Serbia. Dos contratistas privados participaron en dos procesos de contratación, pero ninguno fue capaz de reunir la financiación necesaria. Como resultado, Montenegro recurrió al Banco de Exportación e Importación de China, que no compartía las preocupaciones del mercado, y ahora la autopista es una de las principales causas de las dificultades financieras de Montenegro. Según una estimación del FMI de 2019, la relación deuda/PIB del país habría sido de solo el 59% si no hubiera llevado a cabo el proyecto. En cambio, se pronosticó que la relación aumentaría al 89% ese año.

No todos los proyectos del BRI han sido deficientes. El proyecto del puerto griego del Pireo, que amplió el mayor puerto del país, ha dado los resultados positivos prometidos por Pekín, al igual que otras iniciativas del BRI. Pero muchas otras han dejado a los países sumidos en una deuda aplastante y recelosos de profundizar sus relaciones con China. En algunos casos, los dirigentes y las élites que negociaron los acuerdos se han beneficiado, pero no la población en general.

En otras palabras, el BRI de China plantea problemas a los países occidentales, pero la principal amenaza no es estratégica. Más bien, el BRI genera presiones que pueden desestabilizar a los países en desarrollo, lo que a su vez crea problemas para instituciones internacionales como el FMI y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, a las que esos países acuden en busca de ayuda. A lo largo de las últimas seis décadas, los acreedores occidentales han desarrollado instituciones como el Club de París para tratar cuestiones relacionadas con el impago soberano, garantizar cierto grado de cooperación entre acreedores y gestionar las crisis de pagos de forma equitativa. Pero China aún no ha aceptado unirse a este grupo, y sus opacos procesos de préstamo dificultan que las instituciones internacionales evalúen con precisión en qué grado de dificultad se encuentra un país determinado.

Según un estudio de 2021 publicado en el Journal of International Economics, aproximadamente la mitad de los préstamos de China al mundo en desarrollo son “ocultos”, lo que significa que no se incluyen en las estadísticas oficiales de deuda. Otro estudio publicado en 2022 por la American Economic Association concluyó que esas deudas han dado lugar a una serie de “impagos ocultos.

La inclinación de China por no revelar las condiciones de los préstamos y renegociar bilateralmente puede ayudar a proteger sus intereses económicos a corto plazo, pero también puede desbaratar los esfuerzos de reestructuración al socavar los dos elementos fundamentales de cualquier proceso de este tipo: la transparencia y la comparabilidad del trato, es decir, la idea de que todos los acreedores compartirán la carga equitativamente y recibirán el mismo trato.

Las políticas del FMI para conceder préstamos en situaciones turbias de deuda en dificultades han evolucionado a lo largo de las décadas, haciéndose más flexibles para que el Fondo pueda prestar y “arbitrar” reestructuraciones de deuda. Pero aunque el FMI estaba bien preparado para este papel cuando los acreedores eran miembros del Club de París e incluso fondos de cobertura de bonos soberanos, no está bien posicionado para tratar con China. Además, los mecanismos que el FMI y los acreedores occidentales han desarrollado para paliar el agravamiento de la crisis de la deuda soberana entre los países del BRI son insuficientes. En 2020, el G-20 estableció un Marco Común destinado a integrar a China y a otros prestamistas bilaterales en el proceso de reestructuración del Club de París con la supervisión y el apoyo del FMI. Pero el Marco Común no funcionó. Etiopía, Ghana y Zambia han solicitado ayuda a través del mecanismo, pero las negociaciones fueron extremadamente lentas y solo Zambia ha llegado a un acuerdo con los acreedores. Los términos de ese acuerdo, además, fueron decepcionantes para Zambia, los acreedores oficiales no chinos de Zambia y, lo que es más importante, para las perspectivas de futuras reestructuraciones.