En menos de un lustro, Nayib Bukele transformó a El Salvador de uno de los países más violentos del mundo en uno de los más seguros. La drástica reducción de homicidios —de 2.398 en 2019 a 114 en 2024, según cifras oficiales— consolidó su popularidad y le valió reconocimiento internacional. Sin embargo, el costo institucional y social de esa “pacificación” revela un modelo de poder basado en la excepción permanente y la erosión del Estado de derecho.
El llamado régimen de excepción, instaurado en marzo de 2022 y renovado más de cuarenta veces, suspendió garantías constitucionales básicas. Bajo su amparo, el gobierno encarceló a más de 85.000 personas —casi el 2% de la población—, muchas de ellas sin pruebas ni juicio. Organismos de derechos humanos estiman que al menos 20.000 de los detenidos no tienen vínculos con pandillas ni antecedentes penales.
Del control político al control social
La estrategia de Bukele, inicialmente presentada como un recurso extraordinario para combatir la violencia, derivó en un sistema de control político. Con el dominio total del Ejecutivo y del Legislativo, y tras haber reemplazado a los magistrados de la Corte Suprema en 2021, el presidente eliminó en agosto de 2025 la prohibición constitucional de la reelección inmediata. El Salvador dejó así de ser una democracia funcional para convertirse en un régimen que concentra el poder en una sola figura.
Según el análisis de Beatriz Magaloni y Alberto Díaz-Cayeros en Does the Bukele Model Have a Future? (Foreign Affairs, septiembre 2025), el país vive bajo “una maquinaria de gobierno despótica” en la que las medidas de emergencia se transformaron en norma. Los autores advierten que la continuidad del régimen de excepción ha convertido la suspensión de derechos en un mecanismo habitual de represión y control.
En paralelo, el oficialismo impulsó una Ley de Agentes Extranjeros que restringe la financiación internacional de organizaciones civiles y medios independientes. Las redacciones de El Faro y la ONG Cristosal se vieron forzadas a trasladar sus operaciones fuera del país. El resultado es un ecosistema público bajo vigilancia, donde la crítica se asocia al riesgo de persecución.
Un éxito con pies de barro
La legitimidad del modelo se sostiene sobre un equilibrio precario. El país goza de una inédita sensación de seguridad, pero la economía permanece estancada: cerca del 30% de los salvadoreños continúa en situación de pobreza y el empleo formal no se ha expandido. Si bien el miedo al retorno de la violencia alimenta el respaldo popular, el descontento crece entre las familias de los detenidos y sectores que padecen los abusos del sistema penitenciario.
Magaloni y Díaz-Cayeros sostienen que “el aparente éxito del modelo es una ilusión” y que su permanencia dependerá de la capacidad del gobierno para ofrecer resultados económicos y sociales. En su informe, documentan testimonios de tortura y muertes en prisión, donde “el terror estatal se ha vuelto parte de la rutina”. A mediano plazo, advierten, el régimen deberá recurrir a una represión aún mayor para conservar el control si no logra reactivar la economía.
Ecos regionales
La estrategia salvadoreña encuentra eco en gobiernos de la región que enfrentan crisis de seguridad. Honduras y Ecuador han declarado estados de emergencia prolongados, y en Perú o Chile proliferan llamados a replicar la “mano dura” de Bukele. Incluso en Argentina, algunas figuras políticas han citado su modelo como ejemplo de eficiencia.
Esa expansión discursiva plantea un desafío mayor: el riesgo de normalizar la suspensión de derechos como instrumento de gobierno. En sociedades erosionadas por la inseguridad y la desconfianza institucional, el atractivo de soluciones inmediatas puede allanar el camino a nuevos autoritarismos.
El futuro del “milagro salvadoreño”
El presidente salvadoreño podría seguir dos sendas. Una es la del “dictador eficaz”, capaz de sostener su popularidad mediante crecimiento económico y servicios públicos, como Lee Kuan Yew en Singapur. La otra, más probable, es la del endurecimiento represivo a medida que se desvanece el consenso social, similar a la trayectoria de Venezuela tras la era Chávez.
La continuidad del modelo dependerá no solo de la situación interna sino también de la respuesta internacional. Hasta ahora, las principales potencias han mostrado cautela: Estados Unidos suavizó en 2025 su crítica a las condiciones carcelarias y a las detenciones arbitrarias. Pero una mayor presión diplomática o sanciones selectivas podrían alterar ese equilibrio.
