El 15 de septiembre entró en vigencia un acuerdo global impulsado por la Organización Mundial del Comercio (OMC) que elimina los subsidios destinados a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) y a las prácticas de sobrepesca en el Atlántico Sudoccidental. El tratado apunta a frenar actividades que han afectado de manera significativa a los ecosistemas marinos y a las comunidades costeras dependientes de la pesca.
Durante décadas, barcos subsidiados operaron frente a la Patagonia sin controles efectivos, lo que generó impactos negativos en la biodiversidad y comprometió tanto el empleo como la seguridad alimentaria de la región. La ratificación por parte de Argentina, formalizada el 22 de julio, se suma a la adhesión de otros 85 países y la Unión Europea, alcanzando así los dos tercios requeridos entre los miembros de la OMC para su entrada en vigor.
El acuerdo se gestó tras veinte años de negociaciones multilaterales. Según Milko Schvartzman, especialista del Círculo de Políticas Ambientales, “Este Acuerdo es fundamental para luchar contra la pesca ilegal y toda la flota de pesca no regulada que depreda el Atlántico Sur, a su vez que sirve para proteger el ecosistema marino, las comunidades costeras y la pesca sostenible”.
A partir de ahora, la aplicación de nuevas regulaciones busca reforzar la protección frente a la pesca destructiva. Cada captura ilegal representa una disminución en la disponibilidad de alimentos y oportunidades laborales para los países ribereños, además de limitar la recuperación de especies clave en el Atlántico Sur.
El anuncio marca un hito en la gobernanza global de los recursos oceánicos, estableciendo mayores exigencias para la conservación y el desarrollo sostenible en la región.
