La actividad espacial ya no es dominio exclusivo de las grandes potencias. Según estimaciones del Foro Económico Mundial, la economía espacial alcanzará los 1,8 billones de dólares en 2035, frente a los US$ 630.000 millones de 2023. “La economía espacial está en una instancia donde pasará de ser un nicho puntual a ser omnipresente”, sostiene Carolina E. Catani, directora del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Internacionales del Espacio Ultraterrestre del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI). Este proceso plantea un desafío ineludible: establecer mecanismos de gobernanza global que mantengan la actividad espacial dentro de un marco de cooperación pacífica y sostenible.
Desde el lanzamiento del Sputnik I en 1957, el espacio exterior se ha constituido como un escenario de competencia geopolítica y, simultáneamente, de consenso jurídico. El Tratado del Espacio de 1967 consagró principios como el uso pacífico del espacio y la no apropiación de cuerpos celestes, convirtiéndose en la piedra angular del derecho espacial. “Ese instrumento jurídicamente vinculante aprobado por unanimidad fue el resultado de los Estados en la COPUOS”, recuerda Catani. Sin embargo, el nuevo contexto exige revisar esos consensos a la luz de actores y tecnologías emergentes.
A diferencia de la diplomacia clásica, centrada en negociaciones interestatales, la diplomacia científica incorpora a la comunidad académica y tecnológica en la resolución de desafíos globales. La Unión Europea ha formalizado este enfoque mediante la Declaración de Madrid sobre Diplomacia Científica (2019), que promueve la “fluidez bidireccional entre ciencia y diplomacia” y la creación de “espacios interactivos” para favorecer el entendimiento entre comunidades diversas. En el caso espacial, esta articulación se expresa en la conformación de grupos de expertos, workshops y subcomisiones técnicas en el marco de la COPUOS.
La diplomacia espacial, por su parte, representa una evolución específica de este modelo. Catani la define como “una herramienta fundamental para mantener al espacio como un ámbito de paz y cooperación científico-tecnológica”. La lógica detrás de este concepto es que los acuerdos en el espacio no solo deben asegurar la viabilidad de los proyectos, sino también garantizar su legitimidad y sostenibilidad frente a desafíos como la militarización, la apropiación de recursos o la congestión orbital.
Autores como Davis Cross y Saadia Pekkanen señalan que “la diplomacia en las actividades espaciales encuentra su estrecha relación en la diplomacia científica espacial, a la que le asignan una categoría diferente”, donde se articulan procesos diplomáticos, tecnológicos y políticos de forma simultánea. Este nuevo enfoque requiere un perfil profesional diferente: técnicos con formación jurídica, diplomáticos con competencias científicas, y científicos capaces de intervenir en foros multilaterales.
La Agenda Espacio 2030 de Naciones Unidas sintetiza estos desafíos en cuatro pilares estratégicos: economía espacial, sociedad espacial, accesibilidad espacial y diplomacia espacial. Juan Manuel de Faramiñán Gilbert, miembro del mismo grupo del CARI, considera que esta agenda exige “formular modelos de comportamiento que faciliten la conexión entre la ciencia y la política, con renovados modelos de cooperación”.
El avance de empresas como SpaceX o Blue Origin ha acelerado la necesidad de revisar los marcos regulatorios. La presencia de actores privados plantea cuestiones como la apropiación de recursos naturales, la reutilización de cohetes, o la construcción de estaciones en la Luna y Marte. Frente a este escenario, Catani advierte: “La gobernanza global y la diplomacia espacial son un nuevo campo de acción”.
En este sentido, el trabajo de think tanks, universidades y agencias como CONAE adquiere un rol complementario al de las cancillerías y organismos multilaterales. La gobernanza del espacio no se define únicamente en las cumbres diplomáticas, sino también en los laboratorios, en los foros técnicos y en las alianzas público-privadas que dan forma al New Space.
“La diplomacia científica y espacial excede la labor que ocurre en las embajadas”, concluye Catani. Y en un mundo donde la conectividad global, el monitoreo climático y la defensa nacional dependen cada vez más de satélites y estaciones orbitales, comprender la arquitectura diplomática que regula ese entorno es clave para anticipar los conflictos del futuro.
