Durante una audiencia parlamentaria celebrada el 7 de noviembre, la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, afirmó que una emergencia en Taiwán que involucre el uso de buques militares y fuerzas armadas provenientes de China continental podría constituir una “situación que amenace la supervivencia” de Japón. Según la legislación vigente, esta calificación habilitaría a las Fuerzas de Autodefensa de Japón a ejercer el derecho de autodefensa colectiva, medida considerada equivalente a movilizaciones en tiempo de guerra.
El 10 de noviembre, Takaichi reafirmó sus declaraciones, sosteniendo que estaban alineadas con la política tradicional del gobierno y que no tenía intención de retractarse. La reacción desde China fue inmediata: Lin Jian, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, calificó las palabras de Takaichi como “provocadoras”, insinuando “la posibilidad de una intervención armada en el Estrecho de Taiwán”. A pesar de las protestas formales, la primera ministra japonesa mantuvo su postura.
En Japón, el ex primer ministro Shigeru Ishiba señaló en la radio TBS que las declaraciones “estaban muy cerca de afirmar que una contingencia en Taiwán es una contingencia en Japón”, remarcando que los gobiernos anteriores evitaban comprometerse con situaciones hipotéticas similares. Hiroshi Ogushi, del Partido Democrático Constitucional, advirtió que declarar una “situación que amenaza la supervivencia” podría llevar directamente a movilizar tropas de defensa; “una decisión equivalente a entrar en guerra”. Ichiro Ozawa, por su parte, alertó en redes sociales sobre los riesgos innecesarios que esa retórica supone para los ciudadanos japoneses y destacó la necesidad de diplomacia sosegada.
Kazuo Shii, del Partido Comunista Japonés, instó a Takaichi a retractarse, argumentando que sus comentarios agravaban las tensiones y debilitaban las relaciones entre Japón y China. Yukio Hatoyama, ex primer ministro, también manifestó que Japón no debería intervenir en los asuntos internos de China.
Desde Taiwán, Ma Ying-jeou remarcó que la cuestión debe resolverse pacíficamente por los habitantes de ambos lados del Estrecho. Hung Hsiu-chu, expresidenta del Kuomintang, cuestionó el derecho de Japón a intervenir, indicando que Taiwán “ya no es una colonia japonesa y no debe ser utilizada como peón en maniobras geopolíticas”. Lai Yueh-chien, comentarista político, fue tajante: “No es asunto suyo”.
La controversia expone el impacto que pueden tener las declaraciones de líderes en funciones, al modificar los supuestos estratégicos y acelerar escenarios de escalada militar en la región. En un contexto que requiere moderación y diplomacia, el lenguaje imprudente puede endurecer posiciones y socavar el diálogo, con consecuencias reales para la población.
