Por iniciativa del gobierno chileno, el Palacio de La Moneda fue escenario de un encuentro de alto nivel que reunió a los presidentes de Brasil, Chile, Colombia, España y Uruguay. La cita, celebrada el 21 de julio bajo el lema “Democracia Siempre”, consolidó una plataforma de cooperación internacional orientada a la defensa del orden democrático frente a los riesgos que lo amenazan en el siglo XXI.
A diferencia de otras cumbres, donde el protocolo suele encubrir la vaguedad de los compromisos, esta reunión tuvo un carácter sustantivo. Fue, en palabras de los organizadores, una continuación del diálogo iniciado en septiembre de 2024 en la sede de Naciones Unidas, donde se lanzó la iniciativa “En defensa de la Democracia: luchando contra el extremismo”. Esta vez, sin embargo, el objetivo no fue sólo diagnosticar, sino avanzar hacia un plan de acción articulado y concreto.
Contra la desinformación y la desigualdad
El documento final consensuado por los mandatarios ofrece un diagnóstico común: el mundo atraviesa una etapa de incertidumbre estructural, en la que los valores democráticos son cuestionados tanto desde adentro como desde afuera de las instituciones. La desigualdad persistente, el descrédito de los canales tradicionales de representación, la proliferación de discursos de odio y el uso intensivo de tecnologías digitales para la manipulación informativa forman parte de un mismo entramado regresivo.
“Podemos tener diferentes visiones del mundo pero no se pueden falsear los hechos”, señala la declaración, que llama a un diálogo político de buena fe, donde los adversarios sean considerados interlocutores y no enemigos.
La desinformación aparece como un eje transversal. Frente a ella, los gobiernos firmantes se comprometen a fomentar la transparencia algorítmica, reforzar la gobernanza digital y apoyar los programas de la Unesco sobre integridad de la información. En el mismo plano, se promoverá la creación de una red global de centros de pensamiento para ofrecer diagnósticos basados en datos y no en consignas.
Multilateralismo reformado y fiscalidad progresiva
Uno de los puntos más significativos del acuerdo es el llamado a reformar el sistema de gobernanza global, especialmente el funcionamiento de Naciones Unidas. Los firmantes reclaman una representación más equitativa, la revisión del derecho de veto y el diseño de mecanismos eficaces de cumplimiento. En ese marco, se expresó el apoyo a iniciativas como el Compromiso de Sevilla, orientado a fortalecer la financiación del desarrollo.
Otro aspecto destacable es la decisión de respaldar la conformación de una coalición internacional que promueva sistemas tributarios progresivos, con cooperación fiscal basada en principios de equidad, soberanía y transparencia. Lejos de representar una agenda técnica, esta dimensión apunta al núcleo del problema democrático contemporáneo: el divorcio entre poder económico y representación política.
Jóvenes, clima y paz
La declaración también incorpora temas usualmente tratados en foros especializados. Entre ellos, destaca la propuesta de crear un Observatorio Multilateral de Juventudes frente al Extremismo, con el liderazgo de la Organización Iberoamericana de Juventud. El objetivo: generar políticas públicas inclusivas y preventivas, basadas en evidencia empírica y participación directa.
Asimismo, se mencionó el apoyo a la Iniciativa de Naciones Unidas sobre la integridad de la información en torno al cambio climático, lo que revela una intención de abordar los desafíos ambientales desde una lógica de gobernanza democrática.
En materia de política internacional, los mandatarios reclamaron un cese del fuego inmediato en Gaza y el acceso sin restricciones a ayuda humanitaria, de acuerdo con el derecho internacional humanitario. No se trata, en este punto, de una toma de partido coyuntural, sino de reafirmar un principio rector: sin respeto al derecho, no hay democracia posible, ni interna ni internacional.
Próximos pasos
El texto firmado por los presidentes de Brasil, Chile, Colombia, España y Uruguay establece una hoja de ruta hacia una segunda reunión en Nueva York, prevista para septiembre de 2025, en paralelo al 80° período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La intención es ampliar la convocatoria a otros países y actores, consolidando un espacio permanente de articulación global en defensa de la democracia.
Sin desconocer que la responsabilidad principal recae en los Estados, el documento hace un llamado explícito a involucrar a otros sectores: la academia, los parlamentos, la sociedad civil, los medios de comunicación y el sector privado.
En su párrafo final, los jefes de Estado agradecen al gobierno chileno por su rol de anfitrión. Pero más allá de la diplomacia, la reunión de Santiago representa una toma de posición frente a un escenario global en disputa. Si, como escribió Albert Camus, “la democracia no es el estado natural del hombre, sino una conquista”, la defensa de ese sistema requiere algo más que declaraciones. Requiere estrategia, cooperación y voluntad política sostenida. El encuentro en La Moneda apunta en esa dirección.
