Así lo consigna el más reciente Informe Económico de la consultora Ecolatina. De esta forma, la presión tributaria bajó por primera vez desde 2002, a contramano del crecimiento constante registrado en los últimos años producto de la incorporación de nuevos tributos, la falta de actualización de las escalas impositivas en un contexto de elevada inflación, y el crecimiento en las alícuotas.
Así, en 2015 se registró una presión tributaria récord: alcanzó 32% del PBI, trepando casi 14 puntos porcentuales (p.p.) respecto a 2002, cuando tocó 18,4% del PBI.
Otro de los hechos de la última década en materia de la recaudación, fue la creciente tendencia a la centralización, es decir, a la mayor participación de la Nación sobre el total de los recursos tributarios obtenidos. Las provincias, que en la década de los años 90 recibían alrededor del 44% de la presión tributaria consolidada, vieron disminuir su participación hasta tocar un mínimo en 2010 (35%).
La baja verificada el año pasado respondió exclusivamente a la menor presión por el lado de los impuestos nacionales ya que la recaudación por tributos provinciales habría permanecido estable en relación al producto (5,4% del PBI).
La reducción de la presión tributaria descontado los aportes del blanqueo (-1,9 p.p. del PBI) se explica, en primer lugar, por la baja en Ganancias (-1,1 p.p. del PBI), debido a la suba del mínimo no imponible y a que la AFIP dejó de percibir automáticamente anticipos por gastos en moneda extranjera.
En segundo lugar, se encuentran los derechos de exportaciones que explicó otro 0,6 p.p. del PBI de la reducción en la presión tributaria. Las retenciones representaron alrededor de 2,2% del PBI durante la última década, pero ya venían perdiendo participación (en 2015 equivalían a 1,3% del PBI).
En favor de las provincias
En 2016 no sólo se registró una baja en la presión consolidada, sino que también hubo varios factores que alteraron su reparto en favor de las provincias. Entre estos factores se destacan principalmente el principio de devolución del 15% de la masa coparticipable bruta con destino a la seguridad social, el fallo de la Corte Suprema por el cual no se le realiza esta detracción ni el financiamiento a AFIP a las provincias de Córdoba, Santa Fe y San Luis, y el incremento de la alícuota que recibe la Ciudad de Buenos Aires (de 1,4% a 3,75%). De hecho, por estos factores, las provincias percibieron en 2016 el 55% de la masa coparticipable bruta, frente al 50% en 2015.
Sin embargo, incluyendo los fondos del blanqueo (que sólo engrosaron las arcas de la ANSES), las provincias recibieron el 38% de la recaudación consolidada, el mismo porcentaje percibido en 2015. El monto que el sector público nacional resignó en favor de las provincias (por la devolución parcial del 15% de la masa coparticipable que percibía ANSES) fue compensando por los ingresos extraordinarios del sinceramiento fiscal.
Más allá de la disminución en la presión tributaria, cabe destacar dos aspectos. Por un lado, ésta continúa en niveles muy elevados: descontando el blanqueo, fue igual a la observada en 2012 (12 p.p. por encima de 10 años antes). Por otro, pese a su elevada magnitud, aún es insuficiente para financiar el gasto (la recaudación sin blanqueo sólo cubrió 72% del gasto primario en 2016). Además, la estructura impositiva continúa teniendo las mismas características negativas previas: es distorsiva, regresiva, elevada en impuestos indirectos, al comercio y al trabajo, y reducida en la grabación a las propiedades y rentas. Para el año en curso, no prevemos mayores cambios en la presión tributaria puesto que la necesidad de disminuir el déficit reduce al mínimo la posibilidad de resignar recursos. Asimismo, esperamos que las provincias reciban en 2017 una mayor porción de los ingresos recaudados.
