Según un fallo de primera instancia, el banco sucesor de BAM “debe reembolsar € 250.000 más 10% anual por lucro cesante a un matrimonio, por una inversión en papeles argentinos hecha en septiembre de 2001. En ese momento “ya se conocía la verdadera situación financiera de ese gobierno, pero el banco no la aclaró a quienes seguían comprando bonos que luego entraron en cese de pagos”.
La sentencia es de ejecución inmediata y remite a dos precedentes, ambos en Alemania. Tanto los fallos germanos -hace pocos meses- como el italiano pesarán en la larga polémica entre bancas y comités de inversores. Salvo en Argentina, donde los grupos que afirman representar ahorristas no han movido un dedo (salvo meter barullo en el microcentro) contra bancos y firmas de valores.
Por otra parte, las tres sentencias han tenido escaso eco en los medios rioplatenses, a pesar de opiniones coincidentes formuladas por Joseph Stiglitz (Nobel compartido en 2001), Jeffrey Sachs –fundador del Foro Económico Mundial Davos-, George Sörös o Paul Krugman. Además, el fallo de Mantua pone en la picota a unos 500 bancos, vía 450.000 ahorristas perjudicados por la desidia de intermediarios financieros que, por supuesto, cobraron comisiones e hicieron diferencias en el lapso 1990-2001.
La historia es archiconocida. Al terminar 2001,el efímero Adolfo Rodríguez Saá anuncia, entre bombos y platillos, el cese unilateral de pagos de comisiones e intereses sobre deuda titulizada, con apoyo de un Congreso poco responsable. En aquel momento, la deuda externa orillaba US$ 150.000 millones. En Italia, había alrededor de € 12.000 millones en papeles afectados por el incumplimiento.
Pero, durante el IV trimestre de 2001 y gracias a un auxilio del Fondo Monetario a Buenos Aires –luego criticado por Washington, Londres y analistas ortodoxos-, los agentes financieros redujeron hasta 80% la exposición en bonos. En el caso de los italiano, sus colocaciones por ese canal pasaron de 0,14 a 0,03% de sus carteras, lo cual implicaba un desagio de casi € 500 millones. Esto, claro, no llegó a los ahorristas. Por cierto, ése es uno de argumentos que explican la quita de 75% planteada por Argentina: en realidad, la banca no ha perdido casi nada tras el cese de pagos.
Al respecto, la sentencia destaca un hecho soslayado por el comité de bonistas italianos, manejado por intermediarios de valores: esos 450.000 perjudicados incluyen víctimas de bancarrotas como las de Parmalat, Cirio, Finmatica o, ahora, Italcase-Bagaglino. De hecho, la ex BAM y su actual controlante están involucradas en todas ellas.
La sentencia mantovana se apoya en el artículo 29 del reglamento de la Commissione de Società e Borse (Consob). Esta norma prohíbe endilgar a ahorristas e inversores pérdidas emergentes de operaciones financieras, si previamente no se ha informado a los clientes los verdaderos riesgos.
Según un fallo de primera instancia, el banco sucesor de BAM “debe reembolsar € 250.000 más 10% anual por lucro cesante a un matrimonio, por una inversión en papeles argentinos hecha en septiembre de 2001. En ese momento “ya se conocía la verdadera situación financiera de ese gobierno, pero el banco no la aclaró a quienes seguían comprando bonos que luego entraron en cese de pagos”.
La sentencia es de ejecución inmediata y remite a dos precedentes, ambos en Alemania. Tanto los fallos germanos -hace pocos meses- como el italiano pesarán en la larga polémica entre bancas y comités de inversores. Salvo en Argentina, donde los grupos que afirman representar ahorristas no han movido un dedo (salvo meter barullo en el microcentro) contra bancos y firmas de valores.
Por otra parte, las tres sentencias han tenido escaso eco en los medios rioplatenses, a pesar de opiniones coincidentes formuladas por Joseph Stiglitz (Nobel compartido en 2001), Jeffrey Sachs –fundador del Foro Económico Mundial Davos-, George Sörös o Paul Krugman. Además, el fallo de Mantua pone en la picota a unos 500 bancos, vía 450.000 ahorristas perjudicados por la desidia de intermediarios financieros que, por supuesto, cobraron comisiones e hicieron diferencias en el lapso 1990-2001.
La historia es archiconocida. Al terminar 2001,el efímero Adolfo Rodríguez Saá anuncia, entre bombos y platillos, el cese unilateral de pagos de comisiones e intereses sobre deuda titulizada, con apoyo de un Congreso poco responsable. En aquel momento, la deuda externa orillaba US$ 150.000 millones. En Italia, había alrededor de € 12.000 millones en papeles afectados por el incumplimiento.
Pero, durante el IV trimestre de 2001 y gracias a un auxilio del Fondo Monetario a Buenos Aires –luego criticado por Washington, Londres y analistas ortodoxos-, los agentes financieros redujeron hasta 80% la exposición en bonos. En el caso de los italiano, sus colocaciones por ese canal pasaron de 0,14 a 0,03% de sus carteras, lo cual implicaba un desagio de casi € 500 millones. Esto, claro, no llegó a los ahorristas. Por cierto, ése es uno de argumentos que explican la quita de 75% planteada por Argentina: en realidad, la banca no ha perdido casi nada tras el cese de pagos.
Al respecto, la sentencia destaca un hecho soslayado por el comité de bonistas italianos, manejado por intermediarios de valores: esos 450.000 perjudicados incluyen víctimas de bancarrotas como las de Parmalat, Cirio, Finmatica o, ahora, Italcase-Bagaglino. De hecho, la ex BAM y su actual controlante están involucradas en todas ellas.
La sentencia mantovana se apoya en el artículo 29 del reglamento de la Commissione de Società e Borse (Consob). Esta norma prohíbe endilgar a ahorristas e inversores pérdidas emergentes de operaciones financieras, si previamente no se ha informado a los clientes los verdaderos riesgos.
