jueves, 26 de diciembre de 2024

SEC: normas pensadas para trabar la denuncia de fraudes

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La Securities & Exchange Commission amplió hasta mediados de febrero la recepción de opiniones sobre nuevas normas. Afectan a abogados, hacen a fraudes en las empresas que asesoran y han sido muy criticadas.

Originalmente, el texto aprobado el 23 de enero ya no era muy sólido y
reflejaba la virtual acefalía de la SEC. Además, creó más
desconfianza respecto del candidato propuesto por George W.Bush en lugar de Harvey
Pitt, William Donaldson. Su confirmación sigue "cajoneada" en
el Congreso, pero el ex operador de Wall Street se reúne día por
medio con Pitt (a cargo hasta que alguien asuma).

Debido a gestiones de un fuerte "lobby", las normas ni siquiera les
exigen a los abogados manifestar sus inquietudes directamente a la SEC. Sólo
los facultan para hacerlo. Pero ni eso está claro, pues el texto complica
lo que en jerga local se llama "noisy withdrawal" (algo así
como "renuncia pública"). En lenguaje llano, un abogado puede
renunciar y apelar a la autoridad si sus advertencias sobre irregularidades
en la firma que atiende no son tenidas en cuenta.

En general, los estudios jurídicos atacaron ferozmente los requerimientos
al respecto al ser propuestos por la SEC. También a fines de enero, la
entidad aprobó pautas que exigen a los fondos mutuales divulgar cómo
votan, en calidad de accionistas, sobre temas de la empresa donde han colocado
dinero de sus aportantes. Las administradoras de fondos cuestionan las normas,
pero los defensores de accionistas y aportantes las aplauden.

La SEC se ha puesto a la defensiva ante ataques en tantos frentes. Insiste
en que su objeto es cumplir con la ley Sarbanes-Oxley asegurando la independencia
de auditores, peritos y letrados. El jueves 30, Carl Levin -senador demócrata
por Michigan- sostuvo: "Al principio, la SEC mostraba cierto coraje en
su propuestas, Después, tiró la pelota afuera porque intereses
creados la presionaban, sobre todo estudios contables expertos en eludir impuestos
vía plazas extraterritoriales".

En verdad, inicialmente la SEC propuso un procedimiento más simple para
abogados que detectasen evidencias materiales de fraudes o evasión tributaria.
Debían comunicarlas a los ejecutivos de la firma cliente, luego a la
junta directiva. Si esas instancias no hacían nada concreto, debían
renunciar y notificar a la SEC. Su acción sería, pues, ruidosa
("noisy"). Más tarde, se hizo optativa la notificación
directa a la SEC. Ahora, la propia entidad propone obligar a la propia empresa
o banco a transmitirle observaciones de los abogados porque, a criterio de estudios
jurídicos y contables muy influyentes en Washington, si un letrado se
comunica directamente con las autoridades estará violando la confidencialidad
debida al cliente. Aunque éste haya violado las leyes.

"Las normas anunciadas el 23 y el 30 son tan alambicadas que resultará
mucho más difícil informar a las autoridades sobre fraudes y otros
delitos. A su vez, tampoco le será fácil a la SEC determinar si
el abogado ha cumplido o no con sus obligaciones legales". Así sostiene
Roger Cramton -cátedra de derecho civil y comercial, universidad Cornell-,
quien, junto con otros juristas, ha recomendado pautas más simples y
directas.

Originalmente, el texto aprobado el 23 de enero ya no era muy sólido y
reflejaba la virtual acefalía de la SEC. Además, creó más
desconfianza respecto del candidato propuesto por George W.Bush en lugar de Harvey
Pitt, William Donaldson. Su confirmación sigue "cajoneada" en
el Congreso, pero el ex operador de Wall Street se reúne día por
medio con Pitt (a cargo hasta que alguien asuma).

Debido a gestiones de un fuerte "lobby", las normas ni siquiera les
exigen a los abogados manifestar sus inquietudes directamente a la SEC. Sólo
los facultan para hacerlo. Pero ni eso está claro, pues el texto complica
lo que en jerga local se llama "noisy withdrawal" (algo así
como "renuncia pública"). En lenguaje llano, un abogado puede
renunciar y apelar a la autoridad si sus advertencias sobre irregularidades
en la firma que atiende no son tenidas en cuenta.

En general, los estudios jurídicos atacaron ferozmente los requerimientos
al respecto al ser propuestos por la SEC. También a fines de enero, la
entidad aprobó pautas que exigen a los fondos mutuales divulgar cómo
votan, en calidad de accionistas, sobre temas de la empresa donde han colocado
dinero de sus aportantes. Las administradoras de fondos cuestionan las normas,
pero los defensores de accionistas y aportantes las aplauden.

La SEC se ha puesto a la defensiva ante ataques en tantos frentes. Insiste
en que su objeto es cumplir con la ley Sarbanes-Oxley asegurando la independencia
de auditores, peritos y letrados. El jueves 30, Carl Levin -senador demócrata
por Michigan- sostuvo: "Al principio, la SEC mostraba cierto coraje en
su propuestas, Después, tiró la pelota afuera porque intereses
creados la presionaban, sobre todo estudios contables expertos en eludir impuestos
vía plazas extraterritoriales".

En verdad, inicialmente la SEC propuso un procedimiento más simple para
abogados que detectasen evidencias materiales de fraudes o evasión tributaria.
Debían comunicarlas a los ejecutivos de la firma cliente, luego a la
junta directiva. Si esas instancias no hacían nada concreto, debían
renunciar y notificar a la SEC. Su acción sería, pues, ruidosa
("noisy"). Más tarde, se hizo optativa la notificación
directa a la SEC. Ahora, la propia entidad propone obligar a la propia empresa
o banco a transmitirle observaciones de los abogados porque, a criterio de estudios
jurídicos y contables muy influyentes en Washington, si un letrado se
comunica directamente con las autoridades estará violando la confidencialidad
debida al cliente. Aunque éste haya violado las leyes.

"Las normas anunciadas el 23 y el 30 son tan alambicadas que resultará
mucho más difícil informar a las autoridades sobre fraudes y otros
delitos. A su vez, tampoco le será fácil a la SEC determinar si
el abogado ha cumplido o no con sus obligaciones legales". Así sostiene
Roger Cramton -cátedra de derecho civil y comercial, universidad Cornell-,
quien, junto con otros juristas, ha recomendado pautas más simples y
directas.

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