A tres semanas de difundirse –bien que parcialmente- las pruebas de resistencia (<em>stress tests</em>) estadounidense, el <em>Chancellor of the Exchequer</em> (Hacienda) y el Banco de Inglaterra les crean otro problema al primer ministro Gordon Brown y su acosado gabinete. Arguyen que publicar ahora esos resultados “generará inestabilidad y obligará a adoptar nuevas medidas para apuntalar el sistema financiero”. <br />
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Así replicaba tesorería a una demanda de la agencia especializada Bloomberg, que había invocado la ley para libertad de información. La firma privada quería saber qué criterios y parámetros se habían empleado en la evaluación de Royal Bank of Scotland y otros bancos. Ellos y los resultados permanecen en secreto, actitud opuesta a la del gobierno norteamericano. <br />
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“Esconder datos sólo creará mayores incertidumbres a mediano y largo plazo. Máxime con un gabinete que tambalea e ignora cómo aguantará hasta las elecciones”. Así afirma Vincent Cable, vocero de los demoliberales (opositores) en temas financieros. “Precisamos un sistema tan transparente como el de Estados Unidos –añade-, no un amiguismo cómplice que llega a algunos medios”. <br />
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La autoridad de servicios financieros (FSA, especie de comisión de valores agrandada) había realizado las pruebas ácidas tiempo atrás. Hasta ahora, sólo Barclay’s ha difundido resultados parciales. Pero el punto crítico reside en un RBS mudo y reguladores que colocan la banca privada sobre el interés público. <br />
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La respuesta de la FSA a Bloomberg, Cable y varios miembros del parlamento pone en evidencia lo mismo que se busca ocultar. Tratando de disimular la colusión entre la City y reguladores, la FSA apeló a un pretexto sin sustancia: “sería costoso extraer y publicar tantos documentos confidenciales”. <br />
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La clave yace en otra parte. Gran Bretaña, antes adalid de la no intervención en finanzas privadas, ha gastado US$ 2,2 billones para calafatear vía apoyo directo una red bancaria mal manejada. <br />
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Se ocultan problemas de Royal Bank of Scotland
La tesorería y el emisor se niegan a revelar los resultados de la prueba ácida efectuada sobre varias entidades, empezando por el RBS. Esto parece otra muestra de colusión entre gobierno y banqueros en un momento político delicado para el primero.
