De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta anual de impuestos titulada “Impacto impositivo, seguridad jurídica y formalidad económica en 2018”, el 81% de los consultados prevé para 2019 una mayor presión tributaria que el año pasado. La encuesta realizada por KPMG fue respondida en diciembre por los CFO y especialistas impositivos de empresas medianas y grandes de todo el país con responsabilidad en el manejo de los temas impositivos de su organización. Otros datos destacados de la muestra son:
*53 % dijo que el impuesto sobre los Ingresos Brutos es el que más incide en los precios de productos y servicios.
*87,5 % se mostró escéptico de que baje la presión tributaria como consecuencia del Consenso Fiscal con las provincias firmado en 2017
*34% (opción más votada) sostuvo que la carga impositiva provincial es la que más influye en los costos de las empresas.
*Se indicó que las provincias con mayor presión impositiva son: 1) Buenos Aires, 2) CABA, 3) Tucumán, 4) Córdoba y 5) Misiones.
*60,5 % afirmó que el marco fiscal postergó o canceló nuevas inversiones durante 2018.
*47% (opinión mayoritaria) consideró que la Reforma Fiscal aumentó la carga fiscal de las empresas.
*87,5% dijo que el actual sistema tributario no ayuda a bajar la informalidad económica.
*59 % reconoce que es un objetivo importante del Gobierno Nacional tener un marco legal estable en materia impositiva.
Las opiniones de los empresarios tuvieron como marco un año marcado por un escenario crítico en cuanto a la sustentabilidad de las cuentas fiscales y por un debate creciente acerca de las fuentes de su financiamiento a través de impuestos, todo en un contexto de reformas fiscales en el que la inflación volvió a acelerar sus efectos. Por tal razón, cobra especial valor la visión de los especialistas de las empresas en cuanto al impacto fiscal actual y al proyectado sobre inversiones, financiamiento y actividad económica.
Como cada año, y a efectos de ponderar el marco de seguridad jurídica donde actúan, esta encuesta profundizó también la percepción que las empresas tienen sobre el desempeño de las autoridades fiscales y de la justicia tributaria, tanto a escala nacional como provincial. “El Impuesto sobre los Ingresos Brutos sigue siendo el señalado en primer lugar como el que más incide en los precios de los productos y servicios que las empresas comercializan. El Estado Nacional conocedor de esta problemática firmó en el año 2017 un Consenso Fiscal con las provincias para disminuirlo gradualmente pero la opinión mayoritaria de los encuestados (87,50%) tiene una visión escéptica acerca de que los compromisos de rebaja sean finalmente aplicados”,afirmó Fernando Quiroga Lafargue, Socio a cargo de Servicios Financieros de Impuestos en KPMG Argentina y responsable de la encuesta.
Y agregó: “Las iniciativas de más alto impacto en materia fiscal desde el 2017 han sido la Reforma Fiscal y el Consenso Fiscal. Si bien el marco en el que ambas normas fueron creadas apuntaba en general a una disminución de la carga fiscal, la visión mayoritaria de las empresas en relación al año 2018 pareciera ser contraria a aquel espíritu. Sólo un 24 % de los encuestados consideró que la reforma fiscal disminuyó su carga fiscal y un 8 % percibió un decrecimiento de la misma como consecuencia del Consenso Fiscal”,agregó Quiroga Lafargue.
Con relación a la problemática de mayor gravedad que afectaba los costos de las empresas, para los encuestados la carga impositiva provincial fue la opción más votada con 34%, incluso por delante de la falta de aplicación de ajuste por inflación en el impuesto a las Ganancias (31,50%). Se preguntó como hipótesis en qué provincias se deberían aplicar, supuestamente, precios más caros como consecuencia de una mayor carga fiscal, las respuestas determinaron el siguiente ranking: 1) Buenos Aires, 2) CABA, 3) Tucumán 4) Misiones y 5) Córdoba.
En cuanto a los efectos de la Reforma Fiscal (Ley 27.430) y el Consenso Fiscal con las provincias, la visión mayoritaria de las empresas es que ninguno de estos marcos regulatorios produjo una disminución de su carga fiscal.Por el contrario, casi la mitad de los encuestados sostuvo que aumentó la presión. Y solo un porcentaje menor (24 %) consideró que la reforma disminuyó el impacto fiscal que mantenían previamente. Asimismo, Quiroga Lafargue explicó que”el 60,5% sostuvo que el marco fiscal postergó o canceló en sus empresas nuevas inversiones durante 2018. Es, sin dudas, una señal a tener en cuenta en un contexto en el que la Argentina necesita atraer inversiones. Otro dato interesante es que en relación al financiamiento externo hacia el sector privado, un 63 % dijo que la retención del impuesto a las Ganancias que se aplica sobre los intereses pagados al exterior, repercute en el costo de financiamiento del deudor. En resumen, un impuesto que recauda el Estado Argentino termina encareciendo el financiamiento de las empresas argentinas.”
A partir de la escalada inflacionaria y su impacto en la determinación del impuesto a las Ganancias, se preguntó: ¿qué régimen paliativo se podría aplicar? La mayoría (66%) consideró que sería el ajuste por inflación, alternativa que está siendo analizada por las empresas como opción de conseguirla, eventualmente, por vía judicial.
Autoridades fiscales y Justicia Tributaria
Otro tema de interés fue la percepción que se tiene acerca del funcionamiento de las autoridades fiscales tanto en el plano nacional como provincial. El Fisco Nacional obtiene una calificación intermedia donde los encuestados ponderan más su gestión recaudadora (aspecto que registró una calificación promedio más alta que el año pasado) que su objetividad.
Así, tomando de 1 a 10, a nivel nacional la objetividad fue ponderada con un promedio de 4,13 (5,47 en 2017) y a nivel provincial fue de: 2,75 (3,84 en 2017). En cuanto a la gestión recaudadora la visión sobre la AFIP promedió 6,72 (6,24 en 2017) y la de los fiscos provinciales 5,75 (5,8 en 2017). Finalmente, con relación a su conocimiento técnico, la AFIP tuvo un promedio de 5,47 (6 en 2017) y los fiscos provinciales 3,56 (4,33 en 2017).
La misma consulta se hizo con relación al funcionamiento de la justicia en el ámbito tributario nacional y provincial. Se observaron opiniones de la objetividad de la Justicia en la misma sintonía que la de las autoridades fiscales con una calificación intermedia de la objetividad de la Justicia nacional y una más baja apreciación de la Justicia provincial. Así, el promedio nacional en cuanto a la objetividad fue 5 (5,64 en 2017) mientras que el de las provincias fue 3 (4,15 en 2017). Más allá de la presión fiscal, este es un aspecto central para analizar el grado de seguridad jurídica que se cuenta en el ámbito fiscal.
Por último, una amplia mayoría de los encuestados (87,50 %), superando el 65% de 2017, consideró que el sistema tributario no es funcional para bajar la informalidad económica. El aspecto a tener en cuenta es que el aumento de casi 20 puntos en este ítem se dio a un año de haber aprobado el Congreso Nacional una ambiciosa reforma fiscal.
Además, el 78% sostuvo que de advertir o recibir planteos que involucren algún acto de corrupción por parte de funcionarios de la autoridad fiscal nacional estaría dispuesto a denunciarlo. No obstante ello, todos los consultados coincidieron en no haberlos recibidos en los últimos 5 años.
Y si bien el 81 % de los encuestados prevé un 2019 con un escenario de mayor presión tributaria para su empresa que en 2018, el 59 % reconoció que es un objetivo importante del Gobierno Nacional tener un marco legal estable en materia impositiva.
