La deuda externa pública en cese selectivo de pagos se ha achicado a un tercio del valor inicial, que era US$19.400 millones. Así explicó el viernes el Ministerio de Economía al Congreso.
Por supuesto, el FMI y Washington se congratularon de la exitosa restructuración, donde entró 76,2% de acreedores privados. Pero tornan a presionar –influidos por cierta banca, fondos buitres y algunos sectores políticos locales- para que se le dé una solución al restante 23,8%, excluido por propia decisión o la de intermediarios y abogados hoy objetos de demandas judiciales en varios países.
En otras palabras, la “solución” que piden John Snow –secretario estadounidense de Hacienda- y Rodrigo Rato (FMI) les saldrá un poco cara a los on hold (eufemismo de moda por “autoexcluidos”) . Sea cual fuere el eventual arreglo, no podrán cobrar más de US$6.470 millones.
En lo tocante a la deuda actual, queda en US$126.567 millones. Ello implica 30.929 millones de quita respecto de los US$144.453 millones al momento de la insensata declaración del cese unilateral (fin de 2001). La primera cifra expresa el “pasivo normalizado” al 31 de marzo último. La diferencia con el cálculo anterior refleja capitalización de intereses sobre algunos bonos nuevos, durante el primer trimestre. Estrictamente, el canje redujo el pasivo en US$67.300 millones.
Entretanto, comiezan a difundirse entretelones de una hsitoria que empezó a mediados de 2002. Según revela a La Nación (lunes 13) Sebastián Pallas, uno de los negociadores principales, Nicola Stock fue una de las trabas iniciales –papel que este sitio detectó a principios de 2003-. Su sedicente “comité global de bonistas” sostenía: “¿Para qué negociar con ustedes (el gobierno de Eduardo Duhalde), si es mejor esperar que Ménem gane los comicios”. Además, Palla señala que, hasta el presente, “nadie nos pidió que reabriéramos el canje”.
La deuda externa pública en cese selectivo de pagos se ha achicado a un tercio del valor inicial, que era US$19.400 millones. Así explicó el viernes el Ministerio de Economía al Congreso.
Por supuesto, el FMI y Washington se congratularon de la exitosa restructuración, donde entró 76,2% de acreedores privados. Pero tornan a presionar –influidos por cierta banca, fondos buitres y algunos sectores políticos locales- para que se le dé una solución al restante 23,8%, excluido por propia decisión o la de intermediarios y abogados hoy objetos de demandas judiciales en varios países.
En otras palabras, la “solución” que piden John Snow –secretario estadounidense de Hacienda- y Rodrigo Rato (FMI) les saldrá un poco cara a los on hold (eufemismo de moda por “autoexcluidos”) . Sea cual fuere el eventual arreglo, no podrán cobrar más de US$6.470 millones.
En lo tocante a la deuda actual, queda en US$126.567 millones. Ello implica 30.929 millones de quita respecto de los US$144.453 millones al momento de la insensata declaración del cese unilateral (fin de 2001). La primera cifra expresa el “pasivo normalizado” al 31 de marzo último. La diferencia con el cálculo anterior refleja capitalización de intereses sobre algunos bonos nuevos, durante el primer trimestre. Estrictamente, el canje redujo el pasivo en US$67.300 millones.
Entretanto, comiezan a difundirse entretelones de una hsitoria que empezó a mediados de 2002. Según revela a La Nación (lunes 13) Sebastián Pallas, uno de los negociadores principales, Nicola Stock fue una de las trabas iniciales –papel que este sitio detectó a principios de 2003-. Su sedicente “comité global de bonistas” sostenía: “¿Para qué negociar con ustedes (el gobierno de Eduardo Duhalde), si es mejor esperar que Ménem gane los comicios”. Además, Palla señala que, hasta el presente, “nadie nos pidió que reabriéramos el canje”.
