De acuerdo con el cronograma publicado por el Ministerio de Economía, marzo es el mes clave en lo que respecta a definiciones sobre el tema de la deuda. Se estableció que durante la primera semana del tercer mes del año se determinará la estructura final de la oferta, durante la segunda será el lanzamiento de ésta, y entre la tercera y cuarta expirará el período de aceptación de la oferta y serán comunicados los resultados. Así lo recuerda el último informe económico mensual de PwC, con la firma de su economista jefe José María Segura.
Hasta el momento se desconocen los detalles de la oferta y cuál será el tamaño de la quita (sea ésta en términos de extensión de plazo, menor tasa de interés o quita de capital propiamente dicha). Por el momento, las partes parecerían tratar de no mostrar las cartas y fortalecer al máximo sus respectivas posiciones.
En este sentido debería entenderse la presentación del Ministro de Economía ante el Congreso de la Nación. En ella se manifestó que una meta fiscal factible y realista sería aquella de alcanzar el equilibrio fiscal hacia 2023, con lo cual estaría indicando que hasta ese momento no habría excedente para pagar deuda (más allá del roll over que se pudiera conseguir de retornar la confianza).
Sin duda, una posición de inicio que podría representar una quita agresiva. En la misma línea, el comunicado del FMI sobre lo insostenible de la deuda argentina con los acreedores privados sería un giño para la presentación por parte del gobierno argentino de una oferta dura.
Sin embargo, consideramos que los acreedores saben – y el gobierno es consciente que – el escenario más adverso, aún evitable, es el no arribo a un acuerdo y caer nuevamente en default. Ello profundizaría la recesión, aceleraría eventualmente la inflación (si se financiase el déficit con emisión) y podría desembocar en una crisis económica, política y/o social de difícil gestión.
Posible flexibilización
Por lo tanto, es posible que a lo largo del proceso comience a observarse una cierta flexibilización de las posiciones (desde esta firme postura inicial) que permita arribar a un acuerdo entre las partes.
Si bien marzo parece una meta demasiado ambiciosa, la resolución no podría extenderse demasiado en el tiempo ya que, si se dilata en demasía, surge el interrogante si será social y económicamente sostenible la situación actual. Hasta el momento no se ha conocido ningún plan explícito por parte de la actual administración más allá de aquellas restricciones y atribuciones que adjudicó la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva al poder ejecutivo, que ha puesto en un compás de espera a todas las variables macroeconómicas supeditadas a la resolución de la deuda.
El riesgo de prolongar el statu quo es que se acumulen nuevos desequilibrios macro que dificulten aún más el restablecimiento de la economía en sendero de crecimiento.
En resumen, tal vez el objetivo de resolver la cuestión de la deuda en marzo sea demasiado ambicioso, pero aun así, el horizonte no es muy lejano; no podría ir mucho más allá de los 180 días que se impuso el propio gobierno para comenzar a corregir las principales variables de la economía.
