Así lo indicó José Luis Morea, subsecretario de Participación Público Privada del Ministerio de Finanzas, quien aclaró que en la Argentina todavía “nos enfrentamos a tres o quizá cuatro años de déficit, que vamos a ir reduciendo”. Lo hizo durante la III Jornada del Centro de Estudio de la Regulación Económica de los Servicios Públicos (CERES), realizada en el marco del VIII Congreso Internacional de Ciencias Económicas organizado por la Universidad de Belgrano. Estas declaraciones se realizaron a días de la apertura, el próximo martes 24 de abril, de los sobres que develarán el interés de los inversores nacionales e internacionales por la construcción de una red de seis autopistas y rutas seguras en nuestro país, licitadas bajo la órbita del Ministerio de Transporte y la Dirección Nacional de Vialidad. Se trata del primer contrato de participación público-privada lanzado por el Gobierno, por un monto cercano a US$ 6.000 millones.
Dichos contratos de participación público-privada o PPP, en ese sentido, son celebrados entre el sector público y sujetos privados para el diseño, construcción, ampliación, mejora, mantenimiento, suministro de equipamientos y bienes, explotación u operación y financiamiento de obras de infraestructura. Representan una modalidad alternativa a las obras y concesiones públicas, distribuyendo los riesgos entre la autoridad contratante y el contratista, mientras este último asume la responsabilidad de obtener la parte sustancial del financiamiento del proyecto.
Al respecto, Morea confirmó que “el plan de PPP incluye 60 proyectos, bajo desarrollo de los ministerios de Finanzas, Transporte, Interior, Salud y Justicia, en 17 procesos licitatorios que esperamos concretar en un plazo de 12 a 18 meses, por una inversión de US$ 30.000 millones”. Y remarcó que, “desde la sanción de la Ley 27.328 (de noviembre de 2016), estamos haciendo en nueve meses lo que a países expertos en participación público-privada, como España, les lleva dos años”.
Otros proyectos
Las próximas licitaciones, según anunció el funcionario, incluyen nueve proyectos de transmisión eléctrica en alta tensión; el RER (red de expresos regionales, que prevé conectar las líneas ferroviarias metropolitanas mediante un sistema de 16 kilómetros de túneles debajo del Centro porteño); el tren de carga desde Bahía Blanca hasta Vaca Muerta; seis hospitales en la provincia de Buenos Aires y otro en Neuquén; tres cárceles en Buenos Aires; proyectos de viviendas, aguas y cloacas, junto con el recambio del alumbrado público a LED en diez municipios bonaerenses y de la provincia de Mendoza.
Morea calificó al plan de “revolucionario”. Justificó tal apreciación, señalando que resulta “atractivo para inversores nacionales e internacionales”. De hecho, destacó que en la primera licitación, que se conocerá este martes, participan “más de 40 empresas y 21 bancos interesados en financiarlas”.
Del debate organizado en la Universidad de Belgrano también participó Ricardo Carciofi, jefe de auditores de la Auditoría General de la Nación. El funcionario indicó que, “si bien el mecanismo de PPP permite aumentar el gasto en infraestructura sin seguir comprometiendo el déficit fiscal”, también subrayó que “la clave de los PPP es la calidad de los servicios para el desarrollo eficiente de la infraestructura”, y que su objetivo “no puede ser el de hacer un bypass de las cuentas públicas”.
Por lo tanto, destacó el rol clave que cumple la selección de proyectos prioritarios. También señaló que la experiencia de implementación en otros países revela que suelen haber muchas renegociaciones en este tipo de contratos. Por lo tanto, agregó que es necesario “cuidarse de estas estrategias de las empresas privadas”. En síntesis, calificó positivamente “la construcción de un diseño institucional y normativo ad-hoc para este tipo de contratos”, aunque advirtió que “el desafío está en su implementación”.
El cierre de la jornada estuvo a cargo de Fernando Navajas. El economista jefe de FIEL puntualizó que la literatura económica muestra la necesidad de un gasto anual en infraestructura de 4% del PBI para sostener el crecimiento, y advirtió que en América latina apenas llega al 2,5% y que la Argentina se ubica incluso por debajo de ese promedio. En consecuencia, también señaló que ve con buenos ojos a los PPP como “complemento de la inversión pública”. Aunque advirtió acerca de la necesidad de cuidar los sobrecostos, siempre existentes en este tipo de proyectos.
Para que funcionen, remarcó, los PPP “deben reducir los costos de construcción, operación y mantenimiento”, además de “lograr que el costo de financiamiento sea bajo”, y que “la mayor participación en el pago sea de la demanda”, con el propósito de “liberar de los cargos a los contribuyentes”. En ese sentido, observó que las experiencias en nuestra región muestran que el primer requisito es posible de cumplir; el segundo depende del proyecto, y el tercero suele obedecer a la oportunidad y la voluntad política, “como se está viendo ahora con las tarifas”.
