Según declaraciones recientes, el ministro de Economía, Martín Guzmán, dio muestras de preferir que la negociación por la reestructuración de las deudas provinciales se realice en coordinación con el gobierno nacional, y que las propuestas de los gobiernos provinciales involucrados resulten similares o se encuentren en línea con el arreglo alcanzado por el gobierno nacional meses atrás.
No obstante, algunas provincias decidieron no reestructurar sus deudas o avanzaron individualmente con sus negociaciones, e inclusive cerraron trato o están en vías de hacerlo, en ocasiones con quitas a valor presente mucho más bajas que lo ocurrido en el plano nacional. Esta discusión no es nueva en la literatura de las finanzas públicas, respecto a cuál es la mejor forma de coordinar el endeudamiento entre un gobierno nacional y los gobiernos subnacionales.
Por un lado, se plantea la necesidad de un control estricto del endeudamiento de los gobiernos locales, por parte del poder central, dado que, si alguna provincia no puede cumplir con sus obligaciones, afecta negativamente el crédito del resto de las jurisdicciones, e inclusive el crédito para el gobierno nacional.
En la otra visión, se plantea que se debe dar libertad a los gobiernos locales para que decidan sus políticas de endeudamiento, aunque sin garantías ni salvatajes de ningún tipo desde el gobierno nacional. De modo que si una jurisdicción local no puede cumplir con sus obligaciones caerá en default, y a futuro será “castigada” por el mercado financiero, pues le resultará más caro obtener financiamiento, o directamente no lo conseguirá.
Esto es, cada jurisdicción tendrá crédito en función de sus antecedentes en materia fiscal y financiera, y en función de las expectativas que genere hacia el futuro. Según este segundo enfoque, sería injusto e ineficiente que todas las provincias planteen pautas de negociación similares a sus acreedores, pues diferentes han sido sus evoluciones financieras en el pasado, y sus perspectivas a futuro.
En especial, debe tenerse en cuenta el stock de deuda y la capacidad para afrontarla. En el corto plazo, la capacidad para afrontarla está dada, en gran medida, por el ahorro corriente que presenta una jurisdicción, que resulta de la diferencia entre sus ingresos y erogaciones corrientes (operativas).
Así, una provincia que presenta resultado corriente positivo, con este ahorro puede realizar inversiones y/o pagar sus servicios de deuda. Si su resultado corriente es negativo, no sólo que no tendrá recursos genuinos para invertir o pagar deudas, sino que deberá endeudarse para pagar gastos corrientes, una situación que se volverá rápidamente insostenible.
Si bien una provincia con resultado corriente negativo podría cambiar esa situación a futuro, se trata de un proceso complejo, dadas ciertas inercias e inflexibilidades que existen a nivel fiscal.
La propuesta de reestructuración que realiza una provincia a sus acreedores, debe estar ligada a su capacidad de pago, que como se dijo está muy relacionada al stock de deuda inicial y a su capacidad de generar ahorro corriente. En este sentido, existen jurisdicciones cuyo stock de deuda en títulos no supera al ahorro corriente de un año (promedio 2016 – 2019), como es el caso de CABA y Santa Fe, que por ende decidieron no reestructurar sus obligaciones.
Córdoba, con una relación de 2,2 entre deuda y ahorro corriente anual, ha llevado a cabo una negociación en la cual llegó a un acuerdo con los acreedores con una quita a valor presente relativamente baja, de cerca del 15%.
Mendoza, con una relación entre deuda y ahorro corriente de 7,2, ya había llegado a un acuerdo con sus acreedores unos meses atrás, en otro contexto. Por supuesto, la negociación para la provincia de Buenos Aires resulta más complicada, pues su deuda resulta casi 50 veces el ahorro corriente que exhibió en promedio en los últimos 4 años. Claro que en 2020 la distribución de los recursos fiscales nacionales giró claramente en su favor, y eso podría ayudarla a mejorar sus cuentas fiscales a futuro.
De la misma manera, se debe reconocer la dificultad que tuvo esta provincia para exhibir mejores números fiscales en años anteriores, cuando estuvo vigente el techo al Fondo del Conurbano, en que el mínimo de coparticipación a esa jurisdicción se verificó entre 2014 y 2016. En el caso de las provincias que han mostrado déficit corriente en los últimos años (como el sector público nacional, con desequilibrio corriente desde 2014), o superávit muy exiguo, está claro que cualquier reestructuración viable requerirá mejorar sus números fiscales, generando superávit corriente, además de lograr una quita más importante sobre sus obligaciones.
Cuando se trata de las provincias patagónicas, tienen la ventaja de poder ofrecer los recursos que obtienen por su producción hidrocarburífera como garantía para los nuevos bonos, y por ende obtener mejores condiciones que lo que amerita la actual situación fiscal.
