En materia de deuda, el proyecto político oficial tuvo su debut en Dubai 2004 amparado por una interpretación del art. 65 de la Ley de Administración Financiera (LAF). Este cerrojo legal fue el principal obstáculo que enfrentó Martín Guzmán en las negociaciones.
Ya en 2018, durante el debate de la Ley de Presupuesto, el Poder Ejecutivo Nacional reclamó sin éxito su modificación. En esos términos cada refinanciación de vencimiento de deuda llevara la misma suerte. Esos cambios legales trasladados a los prospectos de los nuevos bonos constituyen una de las condiciones que la República aceptó negociar, pero que aún se desconoce el alcance.
La crisis del Covid sirvió una oportunidad que cambió el curso de decisión política a último momento en la negociación con los acreedores privados y dejó en evidencia las consecuencias desastrosas de repetir la experiencia de 2005.
Ahora es aconsejable abordar una visión más técnica del problema del crédito público.
Sólo pasaron unos pocos meses desde la presentación del Martín Guzmán en el Congreso, en la que se les prometía a las Provincias apoyo para poder participar de la experiencia del 2005.
El mercado anuló esas expectativas. La primera en tener que ceder luego de la Nación fue la Provincia de Mendoza.
Sin duda, la mejor decisión ejecutiva aun cuando el núcleo duro oficialista y algunos mandatarios provinciales quedaron con sabor a poco.
Por regla general, toda reestructuración voluntaria es considerada exitosa, pero ¿se puede dar finalizado el problema con los acreedores privados? Quedan juicios abiertos en Nueva York por el default 2001, demandas por intereses impagos de bonos del 2005, otras por incumplimiento del pago del Cupón PBI 2013 y aún falta definir el porcentaje de holdouts 2020. Después de esta experiencia aleccionadora que vivió el país resta definir el nuevo perfil legal y financiero, tomando distancias de los errores pasados.
(*) Abogado, es miembro del equipo legal de Díaz Reus que representa a los acreedores de deuda argentina en reclamos.
