Todas las crisis de deuda de los países de turno (no siempre de los que están en vías de desarrollo) hicieron temblar los mercados financieros. Pero una de las cuatro economías líderes, Japón –la primera es Estados Unidos, la esgunda es la Unión Europea, luego Japón seguido de Alemania- vive desde 1990/1 el peor desastre de la posguerra y apenas provoca leves cimbronazos cambiarios o bursátiles. Hasta ahora.
Durante 2001, la producción industrial cayó 15%, el desempleo llegó a 5,6% (el máximo histórico local), el subempleo orilló 3% y el consumo familiar aflojó 10% acumulando 25% en un trienio. Ni tasas virtualmente nulas –de 0,05 a 0,75% anual- ni una explosión del endeudamiento interno (a fines de diciembre, 140% del producto bruto interno) han logrado reactivar la economía física ni inducir a que los consumidores gasten un poco más. Se añade a todo eso un sistema previsional y financiero –cajas de ahorro y entidades minoristas- en bancarrota, el primero porque la población va envejeciendo cada vez más (por lo cual, de paso, la gente ahorra lo más que puede para cubrir las incertidumbres que trae la vejez).
Los pasivos del estado quintuplican los ingresos. Si el país del Sol Naciente fuese una empresa privada, sus papeles de deuda serían menos que bonos basura. De hecho, las calificadoras los ubican al nivel de Polonia, Botswana o Argentina. El banco central expande la oferta monetaria a razón de 16% anual, induce la depreciación del yen y, para el año fiscal que comienza en abril, prevé inyectar US$ 33.000 millones al sistema financiero. Pero quizá sea tan inútil como el de 1998 (72.000 millones) para estimular la actividad real.
Técnicamente, Japón está en una “trampa de liquidez” keynesiana. Sólo que, al revés de las economías periféricas, la suya no está en el estancamiento inflacionario sino en el deflacionario. Como la de Estados Unidos después del crac de 1929/32 pero, en el caso japonés, ni siquiera un New Deal (Tennessee Valley Authority inclusive) surtiría efecto. Las compañías bajan precios –arriesgando drenaje de utilidades- y los valores –mobiliarios e inmobiliarios- se han contraído 70% en once años.
Dado que las aseguradoras ya tienen dificultades para cubrir pólizas, pues éstas exigen 4% de rendimiento anual medio y las firmas no pasan de 2%, el público podría encontrarse sin cobertura. En tales condiciones, los expertos no descartan una crisis de confianza en el sistema financiero, cuyo seguro sobre depósitos se limitará a US$ 70.000 por cuenta, con inevitables corridas masivas hacia los grandes bancos o al exterior.
Ahora bien ¿por qué el resto del mundo no pierde el sueño? Porque se cree protegido del contagio: Japón no es deudor, sino acreedor neto externo. Pero todo es ilusorio, pues los activos internacionales en manos niponas orillan US$ 1,12 billón, mayormente en títulos de la Tesorería norteamericana. Si el sistema financiero japonés (bancos, público) se lanzase a vender esos bonos para afrontar necesidades de liquidez, EE.UU. y todo el mercado global (especialmente la masa de derivados especulativos apoyados en esos papeles, estimado en torno de US$ 12 billones) perderían el delicado equilibrio que vienen manteniendo.
Todas las crisis de deuda de los países de turno (no siempre de los que están en vías de desarrollo) hicieron temblar los mercados financieros. Pero una de las cuatro economías líderes, Japón –la primera es Estados Unidos, la esgunda es la Unión Europea, luego Japón seguido de Alemania- vive desde 1990/1 el peor desastre de la posguerra y apenas provoca leves cimbronazos cambiarios o bursátiles. Hasta ahora.
Durante 2001, la producción industrial cayó 15%, el desempleo llegó a 5,6% (el máximo histórico local), el subempleo orilló 3% y el consumo familiar aflojó 10% acumulando 25% en un trienio. Ni tasas virtualmente nulas –de 0,05 a 0,75% anual- ni una explosión del endeudamiento interno (a fines de diciembre, 140% del producto bruto interno) han logrado reactivar la economía física ni inducir a que los consumidores gasten un poco más. Se añade a todo eso un sistema previsional y financiero –cajas de ahorro y entidades minoristas- en bancarrota, el primero porque la población va envejeciendo cada vez más (por lo cual, de paso, la gente ahorra lo más que puede para cubrir las incertidumbres que trae la vejez).
Los pasivos del estado quintuplican los ingresos. Si el país del Sol Naciente fuese una empresa privada, sus papeles de deuda serían menos que bonos basura. De hecho, las calificadoras los ubican al nivel de Polonia, Botswana o Argentina. El banco central expande la oferta monetaria a razón de 16% anual, induce la depreciación del yen y, para el año fiscal que comienza en abril, prevé inyectar US$ 33.000 millones al sistema financiero. Pero quizá sea tan inútil como el de 1998 (72.000 millones) para estimular la actividad real.
Técnicamente, Japón está en una “trampa de liquidez” keynesiana. Sólo que, al revés de las economías periféricas, la suya no está en el estancamiento inflacionario sino en el deflacionario. Como la de Estados Unidos después del crac de 1929/32 pero, en el caso japonés, ni siquiera un New Deal (Tennessee Valley Authority inclusive) surtiría efecto. Las compañías bajan precios –arriesgando drenaje de utilidades- y los valores –mobiliarios e inmobiliarios- se han contraído 70% en once años.
Dado que las aseguradoras ya tienen dificultades para cubrir pólizas, pues éstas exigen 4% de rendimiento anual medio y las firmas no pasan de 2%, el público podría encontrarse sin cobertura. En tales condiciones, los expertos no descartan una crisis de confianza en el sistema financiero, cuyo seguro sobre depósitos se limitará a US$ 70.000 por cuenta, con inevitables corridas masivas hacia los grandes bancos o al exterior.
Ahora bien ¿por qué el resto del mundo no pierde el sueño? Porque se cree protegido del contagio: Japón no es deudor, sino acreedor neto externo. Pero todo es ilusorio, pues los activos internacionales en manos niponas orillan US$ 1,12 billón, mayormente en títulos de la Tesorería norteamericana. Si el sistema financiero japonés (bancos, público) se lanzase a vender esos bonos para afrontar necesidades de liquidez, EE.UU. y todo el mercado global (especialmente la masa de derivados especulativos apoyados en esos papeles, estimado en torno de US$ 12 billones) perderían el delicado equilibrio que vienen manteniendo.
