En la última semana de enero la administración Trump aplicó sanciones a PDVSA, la petrolera estatal venezolana y prohibió a ciudadanos norteamericanos comprar bonos emitidos por la compañía. Cuatro días más tarde, el Departamento del Tesoro amplió esa prohibición a los bonos soberanos de Venezuela. Como ocurre con los bonos de PDVSA, los inversores norteamericanos pueden tener deuda venezolana y venderla a extranjeros.
Para los tenedores de bonos venezolanos, casi todos en Estados Unidos, la situación es un quebradero de cabeza. Para cumplir con las sanciones los bancos aconsejan interrumpir toda compra y toda venta de bonos de ese país. Las nuevas reglas matan el mercado secundario para los bonos soberanos y debilitan la capacidad de los administradores de fondos para librarse de sus posiciones. Entre los más afectados figuran Fidelity, Pimco, T. Rowe Price y Goldman Sachs Asset Management.
Los inversores y abogados no entienden por qué el gobierno de Estados Unidos está quitando liquidez a esos bonos e imponiendo una monumental pérdida a los tenedores de esos instrumentos. Algunos dicen que es para quitarle oxígeno al país. Venezuela está acostumbrada a emitir bonos y luego colocarlos en instituciones financieras domésticas para venderlos más tarde cuando el gobierno necesita dinero. Otros dicen que Estados Unidos quiere reducir mucho el valor de los bonos venezolanos de corto plazo pero no a cero para que los tenedores norteamericanos que realmente necesiten salirse sigan teniendo una pequeña ventana para escapar.
Mientras tanto, siguen tratando de encontrar alguna claridad en su propio gobierno. Pero de cualquier modo que se vea, la prohibición tendrá grandes consecuencias para la eventual renegociación de la monumental deuda incumplida venezolana una vez que se levanten las sanciones.
