Aunque explícitamente contempla recortar subsidios económicos y obra pública, los desequilibrios son tan grandes que, de manera solapada, también propone ajustes sobre prestaciones sociales y salarios públicos, al contemplar aumentos nominales en estos ítems inferiores a la inflación real, sostiene el informe Número 620 del Instituto de Desarrollo Económico y Social Argentino (Idesa), bajo la orientación de su economista jefe, Jorge Colina.
El proyecto de Presupuesto Nacional elevado por el Poder Ejecutivo al Congreso pronto será aprobado.
Como sucede desde hace una década, a pesar de estar formulado sobre premisas falsas de crecimiento económico e inflación, obtendrá su aprobación de manera automática y acrítica por parte de diputados y senadores oficialistas.
Se persevera en la degradación de una de las instituciones más importantes de la República. En sociedades modernas, el Presupuesto es el instrumento central de rendición de cuentas a los ciudadanos por el uso de los recursos públicos y la planificación de las acciones futuras.
Sus inconsistencias no impiden que las autoridades económicas reconozcan que la situación fiscal es insostenible.
Prueba de ello es que para 2015 proyectan un déficit fiscal de $138 mil millones que se postula reducir en2016 a $94 mil millones.
Para lograr la reducción, el oficialismo propone aplicar los siguientes ajustes:
- La recaudación impositiva y de cargas sociales se estima subirá un 25%.
- El gasto en jubilaciones subirá 25%, las asignaciones familiares el 20%, los salarios públicos el 19% yla obra pública sólo un 11%.
- Los subsidios económicos a la energía, transporte y empresas públicas disminuirán en términos nominales un -2%.
Estos datos muestran que el oficialismo está proponiendo que el próximo gobierno aplique el ajuste fiscal cuya necesidad negó sistemáticamente en los últimos años.
Salvo las jubilaciones, que legalmente están protegidas por la ley de movilidad, en el resto de los gastos sociales se prevén aumentos por debajo del incremento de la recaudación.
Particularmente visible es el reducido aumento nominal en el presupuesto asignado a obra pública y la reducción en valores nominales de los subsidios económicos.
A esto se suma el ajuste fiscal que se proyecta aplicar vía licuación de gastos a través de aumentos en los precios.
El propio Presupuesto señala que para el año 2016, además de un déficit fiscal de $94 mil millones, se proyecta transferir desde el Banco Central hacía el Tesoro nacional otros $68 mil millones.
Por lo tanto, el desequilibrio fiscal llegaría a los $162 mil millones equivalente al 2,5% del PBI. Como la cantidad de monedas y billetes en poder del público asciende a aproximadamente 9,3% del PBI, el nivel de déficit fiscal proyectado representa un 27% del dinero circulante. Esto implica que, si todo este déficit se financia con emisión monetaria, el piso de inflación para 2016 será del 27%.
En otras palabras, el Presupuesto contemplaimplícitamente que la inflación licue gasto público.
Es cierto que, como se menciona recurrentemente en la campaña electoral, parte de este déficit se puede financiar con endeudamiento, es decir, con emisión de títulos públicos. Pero esta fuente de financiamiento tiene limitaciones.
Además de restablecer el acceso a los mercados internacionales, para lo cual se requiere regularizar la situación con los fondos buitres, hace falta un plan económico consistente.
Por lo tanto, resultará difícil eludir un fuerte ajuste que contemplará una dosis importante de licuación de gastos por la vía de la aceleración inflacionaria y la devaluación.
El próximo gobierno tendrá que asumir las consecuencias de la irresponsabilidad de las autoridades económicas de llevar el desequilibrio fiscal hasta este extremo y el de los legisladores que condescendieron aprobando durante años Presupuestos mal hechos. Se perdió la oportunidad que dio la bonanza internacional.
Ahora se avecinan escenarios convulsionados.
Seguramente se apelará a los conocidos argumentos evasivos de “golpes” de mercado y conspiraciones, pero el propio Presupuesto demuestra que la devaluación y la licuación de jubilaciones, salarios y gasto social forman parte esencial de la herencia que el actual gobierno le deja al próximo.
