Ésta es otra reacción a la crisis Enron.
Mientras tanto, un fiscal pone en aprietos a poderosas firmas de Wall Street apelando a legislación antigua.
Según la iniciativa, el fraude podría acarrear hasta 10 años de prisión. Hasta ahora, se adaptaban figuras y procedimientos penales no pensados para el negocio con títulos privados ni tampoco maniobras con sociedades ficticias en el país o fuera. Por lo demás, diez paneles legislativos siguen investigando a Enron y similares. Hay ya más de treinta anteproyectos sobre irregularidades contables y maniobras corporativas.
Entretanto, el fiscal general de Nueva York, Eliot Spitzer, ya forzó a Merrill Lynch a divulgar conflictos de intereses y ha ampliado su campo de acción –hacia CSFB, Goldman Sachs, etc.- recurriendo al acta Martin (1922), que lo faculta a investigar y procesar firmas bursátiles, colocadores de emisiones, promotores de timos organizados y otras fuentes de fraudes con bonos y acciones.
Esa acta es más estricta que casi todas las leyes locales y federales posteriores, pues prevé consecuencias civiles y penales que ni siquiera la Securities & Exchange Commission podría aplicar. Por otra parte, no exige que los acusados hayan actuado con premeditación y los casos pueden armarse sin demostrar qué valores han sido vendidos. Nueva Jersey tiene normas parecidas y, hoy, la SEC anunciará un proyecto propio.
Ésta es otra reacción a la crisis Enron.
Mientras tanto, un fiscal pone en aprietos a poderosas firmas de Wall Street apelando a legislación antigua.
Según la iniciativa, el fraude podría acarrear hasta 10 años de prisión. Hasta ahora, se adaptaban figuras y procedimientos penales no pensados para el negocio con títulos privados ni tampoco maniobras con sociedades ficticias en el país o fuera. Por lo demás, diez paneles legislativos siguen investigando a Enron y similares. Hay ya más de treinta anteproyectos sobre irregularidades contables y maniobras corporativas.
Entretanto, el fiscal general de Nueva York, Eliot Spitzer, ya forzó a Merrill Lynch a divulgar conflictos de intereses y ha ampliado su campo de acción –hacia CSFB, Goldman Sachs, etc.- recurriendo al acta Martin (1922), que lo faculta a investigar y procesar firmas bursátiles, colocadores de emisiones, promotores de timos organizados y otras fuentes de fraudes con bonos y acciones.
Esa acta es más estricta que casi todas las leyes locales y federales posteriores, pues prevé consecuencias civiles y penales que ni siquiera la Securities & Exchange Commission podría aplicar. Por otra parte, no exige que los acusados hayan actuado con premeditación y los casos pueden armarse sin demostrar qué valores han sido vendidos. Nueva Jersey tiene normas parecidas y, hoy, la SEC anunciará un proyecto propio.
