Más allá de que se adopten paliativos, como oficializar el desdoblamiento cambiario, la cuestión más importante y compleja es ordenar las cuentas fiscales, cuyo déficit es un potente generador de inflación que provoca inevitables presiones sobre el dólar. Ya el gobierno acaba de explicitar el acelerado crecimiento del gasto público mediante un instrumento de excepción, un decreto de necesidad y urgencia, señala el Instituto de Desarrollo Económico (Idesa) en su informe Nro. 521.
Recuerda en ese aspecto Idesa que en el mercado cambiario se pone de manifiesto la incertidumbre sobre la marcha de la economía, y que el testimonio más ilustrativo es el dólar en el mercado informal, que se mantiene en el orden de los $10, muy por encima de los $6 que cotiza en el mercado oficial.
Las inconsistencias se reflejan en la exacerbación de viajes y compras en el exterior, creciente pérdida de competitividad y vertiginosa caída en las reservas del Banco Central.
Frente a este panorama aparece la alternativa de oficializar el desdoblamiento cambiario.
El crecimiento del déficit fiscal total, es decir el desequilibro sin considerar como ingresos las transferencias desde otros organismos públicos (ANSES, Banco Central y otros), responde a varios factores. Pero uno de importancia superlativa son los subsidios a empresas públicas y privadas.
En este sentido, los datos del Ministerio de Economía muestran que:
- En 2009, el déficit fiscal total ascendió a $29 mil millones y los subsidios a empresas públicas y privadas a $33 mil millones.
- En 2012, el déficit fiscal fue de $90 mil millones y los subsidios $99 mil millones.
- Hasta agosto del 2013, último disponible, el déficit fiscal total llega a $58 mil millones y los subsidios a empresas ya suman $79 mil millones.
Estos datos oficiales señalan con claridad que el sector público nacional no presentaría déficit si no tuviera que hacerse cargo de los problemas financieros de las empresas públicas (como Aerolíneas Argentinas, AySA, operadores ferroviarios, Yacimiento Rio Turbio, etc.) y de los operadores privados que administran servicios públicos con tarifas retrasadas (electricidad, gas, transporte público).
Dicho de otra manera, la presión tributaria récord es suficiente para financiar el Estado, pero no alcanza si se pretende sostener con subsidios a las empresas públicas y privadas deficitarias.
De modo que el desafío más importante y complejo no sería modificar la política cambiaria sino ordenar las cuentas fiscales.
Frente al vertiginoso crecimiento del gasto público ya no alcanza con seguir aumentando la presión tributaria y por eso se apela a una masiva emisión monetaria.
La abundancia de pesos se vuelca a la demanda de divisas lo que genera los aumentos del dólar paralelo. Por eso si no se corrige el desequilibrio fiscal no hay posibilidades de recuperar la estabilidad del tipo de cambio.
El déficit fiscal obliga a una emisión de moneda desmesurada, que provoca inflación y ésta, a su vez, deriva en presión sobre el dólar.
Por un lado, porque suben los costos internos desalentando exportaciones y exacerbando las importaciones (las más visibles son los viajes y los consumos en el exterior a tipo de cambio oficial por medio de agencias de viajes y tarjetas de créditos).
Por otro, porque sube la demanda de dólares para proteger los ahorros ante el aumento de los precios. Bajo estas condiciones está garantizado el fracaso de las estrategias que vienen aplicando el gobierno, como los controles de precios, tratar de inducir moderación en los aumentos de salarios, el “cepo” cambiario, los obstáculos a la entrada de importaciones o los impuestos a los viajes al exterior.
Reducir los subsidios económicos es de importancia estratégica, ya que implican una enorme masa de recursos públicos derrochados.
En algunos casos, su eliminación depende de la decisión política de dejar de impulsar proyectos inviables, como es el caso de Aerolíneas Argentinas.
En otros, la eliminación de los subsidios es más compleja de instrumentar porque requiere actualizar las tarifas de los servicios públicos (luz, gas, agua, transporte, etc.). Esto precisa, como paso previo, montar un esquema transparente y bien controlado de tarifas sociales para no perjudicar a las familias más pobres.
Es inevitable que el gobierno introduzca cambios en las regulaciones cambiarias. Lo más probable es que se legalice el desdoblamiento cambiario para que todos los gastos de turismo (por medio de agencias de viaje y con tarjeta), algunas importaciones “superfluas” y el ingreso de capitales se realicen a un dólar más alto.
Pero se trata de una medida transitoria. Lo más importante no es la política cambiaria sino mejorar la gestión del sector público.
El paso más urgente y prioritario es revisar con profesionalismo y responsabilidad la arcaica y regresiva política de subsidiar a empresas públicas y privadas.
