jueves, 26 de diciembre de 2024

Derechos civiles para las calificadoras de riesgo

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Floyd Abrams era el mayor experto en la primera enmienda constitucional, o sea el derecho de expresión. Ahora sale a defender a una firma ligada a la crisis de malas hipotecas y su secuela, los activos tóxicos: la calificadora Standard & Poor’s.

<p>As&iacute;, este letrado de 73 a&ntilde;os trabajar&aacute; para la mayor firma mundial de su tipo. La misma que, junto con <em>Moody&rsquo;s Investors Service </em>y <em>Fitch Ratings</em>, otorgaba altos puntajes a miles de millones en endeudamiento inmobiliario que acab&oacute; en el colapso de malas hipotecas.</p>
<p>El tr&iacute;o lleva un a&ntilde;o explicando esas calificaciones y otros misterios que terminaron con firmas como Bear Stearns o Lehman Brothers y obligaron a rescates como el de American International Group (US$ 170.000 millones).</p>
<p>Docenas de particulares han radicado demandas contra las tres agencias, reclamando por su responsabilidad en arruinar inversores. En otras palabras, la crisis financiera norteamericana sed judicializa. El viejo Abrams y sus socios (el estudio Cahill, Gordon &amp; Reindel) asumen la defensa en m&aacute;s de treinta demandas contra Standard &amp; Poor&rsquo;s.</p>
<p>El imaginativo abogado se basar&aacute; en un argumento tirado de los pelos: las calificaciones de S&amp;P gozan de los derechos civiles incluidos en la primera enmienda constitucional. &iquest;Por qu&eacute;? Porque sus opiniones sobre bonos y su grado son de buena fe y equivalen a las de medios o periodistas en sus respectivos temas. No es culpa de las agencias no haber previsto el descalabro hipotecario y financiero… aunque varios observadores s&iacute; lo hubieran hecho.</p>
<p>En cuanto a los expertos legales, su actitud ante las originalidades de Abrams es ambivalente. Algunos admiten que pueden ser plausibles, pero la mayor&iacute;a lo toma a risa. Especialmente, porque las acciones de S&amp;P desbordas los derechos civiles y rozan lo pena, o sea al fraude liso y llano.</p>
<p>Abrams no innova, aunque lo suponga. Si le va bien, su iniciativa podr&iacute;a poner las calificadoras justo donde estaban las tabacaleras a mediados de los a&ntilde;os 90: impopulares pero virtualmente intocables para los jueces. Pero, ya en esta d&eacute;cada, su suerte cambi&oacute; substancialmente, pues la gente concluy&oacute; que esas empresas enga&ntilde;aban sobre sus productos. S&amp;P y sus colegas corren un albur parecido.</p>
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